Negociar, pactar, llegar a acuerdos, tender puentes, hablar, hablar y hablar, fue la tónica que marcó la tarde de ayer, durante la celebración de las Primeras Jornadas del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, que, bajo el lema, «Al servicio de los ciudadanos», arrancaron en la nueva sede del Consejo General de Procuradores y que se prolongarán hasta la tarde de mañana. Unas Jornadas que nacen con la vocación de convertirse en un referente de los debates sociales y políticos, más candentes.
Para ello, el decano madrileño, Gabriel María de Diego Quevedo, y su junta directiva, han echado el resto, reuniendo a las personalidades más relevantes personalidades de la política, la jurisprudencia, la banca, la empresa y los medios de comunicación.
En formato de mesas redondas, y moderado por la periodista Ana Samboal, en esta primera jornada se ha debatido sobre vivienda, y delitos de odio y violencia de género.
El acto fue abierto por De Diego Quevedo, para quien la procura debe liberarse de “arquetipos y mostrar su valor añadido, como impulsor del cambio necesario”.
Opinión que compartió Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores, quien agradeció al ICPM la organización de las jornadas, que contribuyen a que “la sociedad sepa que estamos a su servicio”.
De igual forma, el Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido destacó la figura del procurador “como una figura imprescindible, garante del ciudadano, que vela por el cumplimiento de las normas”, un punto fundamental, según el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, quien destacó su posición como “nexo entre la Justicia y la sociedad”.
Antes de iniciar la sesión de debates, el ICPM hizo una mención de Honor a José Palazuelos, secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por su actuación clave en la transformación tecnológica que vive la Administración de Justicia.
Violencia de género y los delitos de odio
La primera mesa de debate llevó por título “La Violencia de género y los delitos de odio”, y estuvo moderada por Alberto García, vocal del ICPM.
La diputada del grupo socialista en la Asamblea de Madrid -y magistrada en servicios especiales-, Pilar Llop, destacó que un 80 por ciento de las víctimas no interponen denuncia, por lo que «es necesaria una dotación presupuestaria mayor para luchar contra la violencia de género, y un mayor control para garantizar la seguridad de las víctimas y sus hijos».
Javier Maroto Aranzábal, vicesecretario Nacional de Acción Sectorial del Partido Popular, por su parte, afirmó que para él la violencia de género es un delito de odio, y para su lucha es imprescindible que “la educación y los valores se den tanto en las aulas como en el seno familiar”. Subrayó, además, la relevancia y el avance que supondría para la sociedad que “un futbolista de primera división admitiese su homosexualidad”.
El director de Confilegal, Carlos Berbell, afirmó, por su parte, que los 104 Juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos «están infrautilizados. Algunos no llegan ni al 50 por ciento de su carga de trabajo. Sólo Sevilla y Málaga llegan al 100 por ciento. Hay que hacer algo. Quizá los planes de comarcalización sean la solución. Se doblarían de 104 a 208 y se daría mejor servicio. No como ahora, que unos están saturados, principalmente los mixtos, y otros les faltan trabajo».
Luis Sánchez, vocal y coordinador de la asesoría jurídica del Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM), recordó que el pasado año hubo 290 víctimas transexuales, e insistió en la necesidad de poner en marcha un observatorio LGTB que analice y recoja datos.
Algo en lo que coincidió la vicedecana del Colegio de Procuradores de Madrid María del Rocío Sampere , quien afirmó que hay menos denuncias que víctimas.
Derecho a la vivienda
La segunda mesa redonda llevó por título «El derecho a la vivienda y la propiedad privada. El desahucio desde la óptica del ‘okupador’ y del propietario», que moderó María del Carmen Giménez, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores de Madrid.
En ese marco Francisco López Barquero, consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid, denunció la escasez de vivienda en alquiler público, y avanzó medidas que el Ayuntamiento de Madrid está implementando, como la trasferencia a alquiler de aquellas viviendas públicas no vendidas, o la inminente promoción de más de 2.500 nuevas viviendas en suelo gratuito.
La banca tuvo como representante a Óscar Marrugat Ferrandiz, director jurídico de La Caixa, quien destacó que la labor de los bancos debe apostar por la prevención más que por la ejecución, e informó sobre las 32.000 viviendas que el fondo social de La Caixa tiene para personas en situaciones precarias.
En representación de las personas afectadas por la hipoteca intervino el letrado Luis Chamarro, quien insistió en “que los afectados deben tener el derecho de conocer los mecanismos que tienen para defenderse”.
Para Palazuelos, que también intervino en esta mesa, la problemática va en aumento, por lo que la solución, desde su punto de vista, pasa por que “las diferentes administraciones y los órganos judiciales se coordinen, buscando un código único”.
