PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Catalá anuncia un próximo decreto para echar a andar la segunda instancia penal

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el centro, flanqueado, a su derecha, por Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de los Procuradores, y a su izquierda por el decano del Colegio de Procuradores de Madrid, Gabriel de Diego Quevedo, a quien acompañan, en la foto, la Junta de Gobierno del Colegio. Frutos GP.
|

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció ayer que esperaba aprobar un próximo decreto con medidas para echar a andar la segunda instancia penal, contemplada en las reformas llevadas a cabo el año pasado a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que suponen habilitar a las Salas de lo Civil y Penal de los 17 Tribunales Superiores de Justicia como instancias de apelación así como la creación de una sala de apelación en la Audiencia Nacional.

“Queremos que la justicia sea ágil, rápida que responda a las necesidades los ciudadanas”, sentenció durante su intervención en las Primeras Jornadas del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid que han tenido lugar bajo el lema “Al servicio de los ciudadanos” entre el jueves y el viernes.

Sobre Lexnet y la digitalización de la Justicia, Catalá afirmó que “ya se han registrado más de 65 millones de comunicaciones electrónicas en España; que el acortamiento de los plazos ha descendido de 60 a 19 días para un juicio ordinario en buena parte de España; que se han celebrado más de 15.000 subastas electrónicas, e inscrito más de 100.00 nacimientos desde hospitales, con el consiguiente ahorro de tiempo y papeleo”.

Sobre la lucha contra la violencia de género, el ministro, que tenía muy presente que era el Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, manifestó su convencimiento de que esta legislatura será de “consenso, de acuerdos y de diálogo” y que se lograrán grandes pactos entre partidos que favorezcan la protección de las víctimas directas e indirectas.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Resarcimiento a la víctima 

Moderado por el Decano del Colegio de Procuradores de Madrid Gabriel María de Diego Quevedo, el primer debate del día versó sobre “El resarcimiento de la víctima en los procedimientos penales”.

En él mismo José Ramón Navarro Miranda, presidente Audiencia Nacional, reconoció  que las víctimas han sido las grandes olvidadas del proceso legal, hasta el punto de que “asumen un rol de cosificación”, y recordó que “existe un oficina de información de asistencia a víctimas de terrorismo de la Audiencia Nacional”.

A este respecto, Jesús Caballero Klink, fiscal superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, enfatizó la necesidad de “aumentar la sensibilización de los operadores jurídicos hacia las víctimas”, y anunció que se está trabajando en la “creación de un consejo asesor nacional para coordinar las estrategias en materia de protección a las víctimas”.

PUBLICIDAD

La visión de la víctima estuvo representada por Enrique Molina, socio del despacho Ramón y Cajal, y exfiscal de la Audiencia Nacional, para quien es fundamental reforzar los recursos del turno de oficio.

“En los últimos 10 años el Colegio de Abogados ha atendido a más de 80.000 mujeres víctimas de violencia de género”, argumentó.

Por último, el vicepresidente del Consejo General de Procuradores de España, Javier Carlos Sánchez García, destacó la labor de los procuradores en lograr que las subastas de bienes incautados al narcotráfico se hayan reducido a tiempos récord: de 10 años, en algunos casos, a 2 meses y medio, y que el dinero logrado se haya destinado, además, a las víctimas y a la lucha contra el narcotráfico”.

PUBLICIDAD

Reactivación económica

La sesión de debates se cerró analizando en qué medida la Justicia incide en la “Reactivación del ciclo económico”.

PUBLICIDAD

Ana Samboal moderó la intervención de representantes de la empresa, banca y justicia.

Todos coincidieron en que, si bien hay tendencia hacia la recuperación, las consecuencias de la crisis están ralentizando el crecimiento.

“No se puede entrar en el nuevo mundo con viejas ideas; si una ley no funciona hay que cambiarla, para solucionar graves problemas como el colapso de los juzgados”, denunció Cristina Jiménez Savurido, presidenta de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE).

Esta idea fue compartida por el Tesorero del ICPM, Ignacio Argos Linares, quien se refirió al proceso de ejecución, calificándolo como “encorsetado, ineficaz y lento.

PUBLICIDAD

“Prueba de ello son las 170.000 ejecuciones pendientes en 2015”, dijo.

Antonio Cortina, director adjunto del Servicio de Estudios de Banco Santander, aportó la perspectiva de la banca. Basándose en informes recientes de determinados sectores, concluyó que “el problema de la financiación de la empresa es la demanda”.

Por parte de la empresa intervinieron el director de Promociones de Pryconsa José Román Blanco Álvarez, y Manuel Morales Zapata, director de Asesoría Jurídica de CAPSA FOOD, para quien “es fundamental resolver la inseguridad jurídica que padecen las empresas”.

Al finalizar las sesiones de debate, los procuradores asistentes pudieron disfrutar de una serie de talleres simultáneos sobre aspectos de interés para el ejercicio de su profesión, como son las subastas, el expediente digital y las cuotas telemáticas.

El evento finalizó con las conclusiones expuestas por el secretario del Colegio de Procuradores de Madrid, Manuel F. Ortiz de Apodaca García, para quien “es necesario que a los procuradores se les atribuyan más competencias en materia de ejecución, para mejorar la Administración de Justicia y del justiciable, así como del flujo económico del país”.

Clausuraron oficialmente las Jornadas Francisco Javier Vieira Morante, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Tomás Sanz Hoyos, secretario de Gobierno del Tribunal Supremo, y Gabriel María de Diego Quevedo, decano del Colegio de Procuradores de Madrid y organizador del evento.