La fuga este domingo de 13 inmigrantes del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid) es el último de una serie de incidentes ocurridos en los últimos meses en varios de estos centros en España, con casi un centenar de internos fugados.
Los internos han saboteado la instalación eléctrica, provocando un apagón que ha dejado a oscuras el centro. Después han saltado la valla de seguridad.
La fuga de este domingo fue preparada con antelación. Los efectivos de vigilancia que estaban dentro del centro no se han dado cuenta del suceso, que se ha resuelto sin incidentes. La Policía ha organizado un dispositivo para localizar a los internos huidos. Según fuentes policiales, los escapados proceden de Argelia y Georgia, aunque probablemente puede haber alguno con origen en alguna otra nacionalidad africana.
Esta fuga se produce apenas un mes después del motín organizado en el mismo centro, cuando 39 inmigrantes permanecieron en la azotea del edificio en la madrugada del martes 18 de octubre, exigiendo el cierre del recinto y la cancelación de las órdenes de expulsión que recaen sobre ellos, y que terminó cuando se les convenció de que era imposible asumir sus condiciones.
Incidentes como estos han provocado en los últimos meses un acalorado debate sobre la falta de respeto a los derechos humanos en esos centros.
La defensora del Pueblo ha reclamado al Gobierno que mejore las instalaciones mientras que ONG como Amnistía Internacional, SOS Racismo o CEAR denuncian que los CIE son en la práctica «cárceles para extranjeros», incluso con peores condiciones que las prisiones.
Un informe elaborado hace un año desde las Clínicas Jurídicas de ICADE (Universidad Pontificia Comillas), revela que estos centros se han convertido en auténticas cárceles camufladas sin garantías penitenciarias.
En el se señala que “los Centros de Internamiento de Extranjeros (“CIE”) ocultan una realidad, desconocida para gran parte de la ciudadanía, que poco dista de la vida en una prisión. Cárceles camufladas sin garantías penitenciarias para personas que, en la mayor parte de los casos, no han cometido ningún delito”.
Por su parte, en su primera comparecencia en el Congreso el pasado miércoles, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró que su tasa de ocupación actual es del 42,2 por ciento y que en la actualidad hay en total 6.930 internos.
Además, defendió que los Centros de Internamiento de Extranjeros son un «instrumento imprescindible y eficaz para el control de la inmigración» y ha asegurado que los protocolos que allí se siguen son «respetuosos con los derechos humanos» y con la legislación europea. Aún así, ha indicado que se estudiarán sus protocolos de seguridad y que, una vez evaluados, «se tomarán decisiones» y la Cámara Baja será informada.
¿QUIENES ENTRAN EN LOS CIES?
Para que un inmigrante entre en un Centro de Internamiento de Extranjeros debe pesar sobre él una orden de expulsión pendiente de ejecutarse, ordenada por un juez o tribunal. Se trata por tanto de un paso previo mientras se realizan los trámites pertinentes de vuelta a su país.
Esta orden puede venir por varios motivos. Por un lado, que haya sido encontrado “sin papeles”, es decir en una situación irregular en España durante un plazo superior a tres meses, el máximo permitido. O que la persona haya cometido un delito y que la pena privativa de libertad se conmute por su expulsión.
El plazo máximo para estar en un CIE es de 60 días.
