“No se puede cortar suministro energético a ninguna familia que deje de pagarlo por razones de insuficiencia económica. Es una premisa política, una cuestión de principios y vital para Alcaldes y Alcaldesas”. Así lo reiteró el Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, tras la reunión mantenida la tarde del viernes con el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal.
En este encuentro que ambas partes calificaron de cordial se debatió sobre este tema, ahora más de actualidad por la llegada del frio invierno y se pusieron de manifiesto las posturas coincidentes del representante local y del Ministro respecto a la pobreza energética.
Según la Asociación de Ciencias Ambientales la pobreza energética afecta a cinco millones de españoles en estos momentos.
Los expertos consultados por este diario señalan que la única estrategia que se ha seguido hasta ahora para abordar esta problemática ha sido la del llamado bono social.
Esta ayuda solo subvenciona el consumo eléctrico, y se olvida de otros relevantes para poder mantener la calefacción encendida como el gas natural, gas licuado o combustibles.
Curiosamente esta medida no llega a toda la gente que lo necesita. Se ha utilizado el criterio aislado de la renta per cápita de la unidad familiar para determinar quién puede solicitarlo cuando los estudios evidencian que este no define en sí mismo la pobreza energética. Es necesario, por tanto redefinir esta medida.
El presidente de la FEMP ha instado al Gobierno y a los Grupos Políticos a que “legislen, a que resuelvan el problema y busquen una salida, urgentemente”, y ha retirado que cuentan con la colaboración plena de los Ayuntamientos para la elaboración de un informe sobre la situación de necesidad de las familias afectadas.
A su juicio ese “informe tiene que ser preceptivo antes de cualquier corte de suministro. Ofrecemos nuestra cooperación, y la ofrecemos desde el conocimiento de muchos Ayuntamientos que estamos pagando las facturas de energía eléctrica y de gas de muchas familias que son incapaces de costearlas por sí mismos”
En cuanto a la financiación, la posición de la FEMP, según ha explicado Caballero, es que debería realizarse a través del modelo de bonos sociales, “a través de las compañías eléctricas, generadoras, distribuidoras y comercializadoras. Parece razonable que desde una posición de oligopolio y de un enorme poder de mercado, contribuyan para resolver estos problemas. No son cifras inabarcables por estas compañías, de las que por cierto ya no se entiende que hayan recurrido el actual sistema de bono social, sólo por recurrirlo muestran una fortísima insensibilidad”.
Caballero, por último, subrayó que la postura de la FEMP, “con la que el Gobierno coincide en tanto que sin informe previo y rápido de los servicios sociales no debe haber corte del suministro”, vendría a añadir “racionalidad al procedimiento. Nosotros somos los que podemos añadir la racionalidad de señalar a quiénes sí y quiénes no se les puede cortar el suministro energético”
Una veintena de organizaciones contra los cortes de luz
Esta reunión coincide en el tiempo con la campaña en contra de estos recortes en la luz que promueven desde hace unos días una veintena de organizaciones sociales -entre ellas asociaciones de consumidores, sindicatos y ONG- que presentaron en Madrid una iniciativa contra la pobreza energética
El manifiesto, que puede suscribirse en la web www.nomascortesdeluz.org, recoge seis reivindicaciones para acabar con los cortes de luz a familias sin recursos y las elevadas tarifas que sufren los usuarios domésticos en España. El documento ha sido remitido a los partidos políticos y cuenta ya con el apoyo de todas las formaciones del grupo parlamentario Unidos Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya y Coalición Canaria.
Las organizaciones impulsoras de la iniciativa fueron Alianza contra la Pobreza Energética, Amigos de la Tierra, Asgeco, Attac, CCOO, CGT, Confederación Intersindical, Democracia real YA!, Ecologistas en Acción, FACUA-Consumidores en Acción, Frente Cívico Somos Mayoría, Fundación Internacional de Derechos Humanos, Greenpeace, InspirAction, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Red de Solidaridad Popular, Somos, UGT, Unccue, USO y WWF.
La campaña #NoMásCortesDeLuz pretende denunciar el «drama» de la pobreza energética, que afecta a cinco millones de personas en España y que «sigue sumando muertes prematuras» como la de Rosa, la anciana que falleció la semana pasada en Reus (Tarragona) en un incendio provocado por una de las velas que usaba para iluminar su vivienda después de que Gas Natural le cortara el suministro hace dos meses por impago.
En declaraciones a diversos medios, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, explicaba que el pasado año se produjeron en España 650.000 cortes de suministro eléctrico, en muchos casos a personas o familias sin recursos, lo que pone de manifiesto la falta de un protocolo que establezca los motivos del impago de manera individual.
Sin cortes de luz en cualquier época del año
«En España se incumple sistemáticamente la normativa de la Unión Europea sobre la tregua invernal», ha denunciado Sánchez, aunque «nosotros vamos más allá y pedimos que los cortes de suministro no se produzcan en ningún mes del año a personas sin recursos».
Ha recordado que, según datos de la Asociación de Ciencias Ambientales, la pobreza energética causa alrededor de 7.200 muertes al año en España, una cifra «muy superior» a la de los fallecimientos por accidentes de tráfico, en torno a los 1.200.
Es, por tanto, un «drama conocido», pero, pese a su gravedad «las administraciones no han tomado ninguna medida eficaz hasta el momento», más bien el Gobierno «ha impedido» algunas iniciativas de las comunidades autónomas, ha denunciado Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción.
Seis medidas contra la pobreza energética
En el manifiesto, además de la prohibición por ley del corte de luz a las familias sin recursos, también exigen el fin de los abusos tarifarios con la aprobación de una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que puedan acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia.
La tercera medida es la creación de una auténtica tarifa social para familias con bajos niveles de renta, sufragada por las eléctricas. «El actual bono social no soluciona el problema de la pobreza energética, ya que sigue suponiendo -afirma el manifiesto- una tarifa muy elevada y ni siquiera se aplica por criterios de renta».
«Se trata (el bono social) de una medida meramente cosmética que ha dejado fuera a dos terceras partes de las personas afectados, a la que vez que subvenciona a hogares con rentas altas», sostiene el texto.
La cuarta medida es el «reconocimiento y devolución por parte de las grandes eléctricas de los 3.500 millones de euros que cobraron indebidamente en conceptos de Costes de Transición a la Competencia (CTCs).
La veintena de organizaciones sociales que han lanzado la campaña #NoMásCortesDeLuz piden en quinto lugar la realización de una auditoría del sistema eléctrico «con el objetivo de determinar el precio real de las tarifas eléctricas». Los promotores acusan a las compañías de subir la luz de forma indiscriminada -en los seis últimos meses el recibo se ha encarecido un 25 por ciento- valiéndose de la falta de transparencia.
La sexta y última medida que plantean es la aplicación de un tipo superreducido a la electricidad pasando del 21 al 4 por ciento al ser «un servicio esencial para la ciudadanía».
