El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha asegurado que el Gobierno aprobará este mismo viernes el real decreto que establecerá un mecanismo «extrajudicial» para la devolución del dinero de las cláusulas suelo a los afectados en un periodo máximo de tres meses.
El procedimiento será gratuito y buscará encontrar el entendimiento entre las partes.
Así lo ha avanzado Guindos en declaraciones a los medios antes de participar en el foro Spain Investors Day, y tras asegurar que también se pondrá en marcha un proyecto de ley hipotecaria que deriva de la trasposición de una directiva y con el que se pretende mejorar la transparencia de este tipo de productos y evitar que se vuelvan a producir estas situaciones parecidas en el futuro.
Guindos ha explicado que el decreto ley fijará un procedimiento extrajudicial para que de una forma «rápida», y en el plazo máximo de tres meses los usuarios puedan reclamar las cantidades indebidamente cobradas y alcanzar un acuerdo con las entidades respecto a las cláusulas suelo declaradas inválidas por parte del Tribunal Supremo, por la falta de transparencia.
Según ha explicado el ministro De Guindos, será un procedimiento «rápido» en el que, una vez el consumidor reclame al banco, se tendrá que determinar la cantidad cobrada indebidamente y se deberá alcanzar un acuerdo entre las partes implicadas«.
El sistema extrajudicial para la devolución de las cláusulas suelo se aprobará vía real decreto este mismo viernes y permitirá a los afectados reclamar a las entidades las cantidades que fueron declaradas ilegales por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia del pasado 21 de diciembre.
OBLIGATORIO PARA LOS BANCOS, VOLUNTARIO PARA LOS CONSUMIDORES
Fuentes del Ministerio de Economía han precisado que el sistema será obligatorio para los bancos y voluntario para los consumidores. Este matiz es importante porque la primera opción del Gobierno fue la creación de un protocolo de adhesión voluntaria, que FUE retirado porque el PSOE lo consideró demasiado complaciente con las entidades bancarias.
«El Gobierno tiene que establecer un cauce, un camino alternativo al judicial para que los consumidores puedan cobrar lo antes posible lo que en su caso puede haber sido un cobro indebido por parte de las entidades como consecuencia de una cláusula suelo declarada inválida», ha apostillado el ministro. (CONFILEGAL/EP)
