La Iglesia ha condenado en un procedimiento eclesial al anterior vicario general de Gipuzkoa, el sacerdote Juan Kruz Mendizabal, por dos casos de abusos sexuales a dos menores sucedidos en los años 2001 y 2005, según ha confirmado el Obispado de San Sebastián en un comunicado.
Las denuncias por estos casos llegaron al obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, en marzo de 2016, cuando Mendizabal, conocido como «Kakux», desempeñaba el cargo de vicario general, del que fue destituido un mes después.
El Obispado sostiene que las denuncias se refieren a «tocamientos deshonestos realizados a dos menores» cuando Mendizabal ejercía de sacerdote en una parroquia donostiarra, y explica que, «tras haber sido probada la veracidad de las acusaciones», el procedimiento «concluyó con una la declaración de culpabilidad del reo y la imposición a este de diversas penas expiatorias» establecidas por el derecho canónico.
El Obispado ha decidido hace públicos los hechos tras constatar que los afectados por los abusos ya habían metido un escrito sobre el caso.
Los afectados explican que los abusos sucedieron cuando Mendizabal ejercía como sacerdote de la parroquia donostiarra de San Vicente de la Parte Vieja de San Sebastián y era responsable del grupo juvenil de tiempo libre Xirimiri Gazte Taldea.
También han animado a posibles nuevas víctimas que pudieran permanecer ocultas a que lo denuncien.
Ante el conocimiento de estos hechos, la Fiscalía de Gipuzkoa va a incoar unas diligencias de investigación sobre los abusos sexuales del exvicario. La Fiscalía actuará de oficio para comprobar estos hechos y determinar si procede o no interponer una querella o iniciar algún tipo de acción penal por este asunto.
PROCEDIMIENTO «EN EL MARCO ECLESIAL»
Los representantes de las víctimas precisan en su nota que las autoridades eclesiásticas les recomendaron «desde el principio» acudir a la justicia ordinaria para denunciar al sacerdote, aunque también les explicaron que existía la posibilidad de seguir un procedimiento «en el marco eclesial», a lo que los afectados accedieron «por voluntad propia» al pensar que «era un caso aislado y por llevar las cosas con el mayor sigilo posible».
La Prelatura ha explicado que tras conocer las denuncias siguió «ritualmente el protocolo canónico establecido para tratar estos casos» y «creó todas las condiciones jurídicas materiales y procesales para que, con imparcialidad y equidad, se pudiera comprobar la veracidad de los hechos», en colaboración con la Congregación Romana para la Doctrina de la Fe.
La diócesis indica en su comunicado que «se informó a los dos denunciantes de su legítimo derecho de entablar en todo momento las oportunas acciones civiles» correspondientes.
Según ha manifestado el Obispado, Mendizabal ha expresado «su profundo arrepentimiento por los hechos cometidos», ha acogido «con espíritu sacerdotal» la pena impuesta y en este momento «sigue un proceso terapéutico psicológico y espiritual, colaborando en la reparación de lo ocurrido».
«La comunidad diocesana, desde el dolor y la vergüenza por unos hechos que han lesionado la santidad del sacerdocio y han herido profundamente la comunión, pide a todos perdón, expresa su compromiso para que en la medida de lo posible estos actos no se repitan y, sobre todo, expresa su solidaridad con todos aquellos que están sufriendo por los hechos que han motivado el mencionado proceso penal: principalmente con las víctimas, pero también con Juan Cruz Mendizabal», sostiene el Obispado.
