El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha revelado hoy que prevé presentar próximamente al Consejo de Ministros un proyecto de Real Decreto que contempla la creación de nuevos Juzgados en toda España, ampliando así la Planta Judicial.
Aunque Catalá se guardó de enumerar cifra alguna, el número podría elevarse casi hasta los 100.
Estos nuevos órganos estaban contemplados en los Presupuestos Generales que se aprobaron en 2015 para 2016.
La anómala situación electoral por la que ha pasado España en 2016 impidió que el Gobierno en funciones aprobara el consabido Decreto de Creaciones.
El titular de Justicia hizo estas declaraciones en el curso de la inauguración de la jornada ‘Justicia y fomento de la actividad económica’ que ha tenido lugar en la sede de la organización patronal Fomento del Trabajo, en Barcelona.
En ese marco, Catalá avanzó que Barcelona y, en concreto, Cataluña, tendrían «sin duda» nuevos juzgados, prestando especial atención a la jurisdicción social, que es una de las más afectadas por la crisis económica.
Sobre ello habló con el conseller de Justicia, Carles Mundo, la noche anterior, durante la reunión que ambos mantuvieron.
La creación de los nuevos órganos judiciales, cuyo costo es -de media- de 300.000 euros por unidad, requiere el acuerdo y el compromiso de las 12 Comunidades con competencias transferidas.
Porque son estas las que tienen que pagar los medios materiales -sedes, luz, servicios informáticos, comunicaciones, etc- y de funcionarios mientras que el Ministerio paga los salarios de jueces y magistrados, letrados de la Administración de Justicia y fiscales.
Para llegar a la aprobación de este próximo Real Decreto, Catala y su equipo han estado negociando con todas las Comunidades Autónomas un borrador.
Para que esta decisión sea viable, sin embargo, tiene que aprobarse la Ley de Presupuestos. Esto es preceptivo.
Una vez cumplido este requisito, el Ministerio de Justicia tiene que enviar el proyecto al Consejo General del Poder Judicial, que tiene que emitir informe.
Con ese informe positivo se aprobaría el Real Decreto que daría pie a la orden ministerial de puesta en marcha de los nuevos órganos judiciales.
En esta ampliación están comprendidas las ampliaciones de las salas de apelación -al menos dos- de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia, Comunidades Autónomas que presentan porcentajes de recursos ingreados que superan a los 13 TSJ restantes, y la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, que estará formada por tres magistrados, un letrado de la Administración de Justicia y un número de funcionarios.
El resto de las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ tendrán un refuerzo de, al menos, un magistrado.
Si todo va bien -y no hay ningún contratiempo- podrían estar operativos entre mayo y julio de este año.
El CGPJ tiene un plan
En este sentido -y en conexión directa con el anuncio- los vocales territoriales por Madrid del Consejo General del Poder Judicial, Mar Cabrejas y Gerardo Martínez Tristán, anunciaron a la Comisión Interasociativa de la capital de España que el CGPJ estaba trabajando en un plan que contemplaba «la transformación, comarcalización y supresión de órganos judiciales». CONFILEGAL/EP.
