A Santiago Vidal, exsenador por ERC y juez suspendido, se le calentó la boca ante un público que no era tan afin. EP.
El fiscal general del Estado ordena investigar las declaraciones del senador independentista
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27/1/2017 13:47
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Actualizado: 27/1/2017 13:47
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El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha ordenado este viernes al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, que abra una investigación en relación a las declaraciones hechas por el senador -y juez suspendido- de ERC Santiago Vidal en las que aseguró que el Govern tenía los datos fiscales de los catalanes de forma ilegal.
Según informa la Fiscalía en una nota, estas declaraciones «supondrían unan grave vulneración de los derechos de los ciudadanos» y por ello ordena abrir una investigación «en defensa de la legalidad, del respeto a las instituciones constitucionales y en tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos».
Vidal, suspendido como juez de la Audiencia de Barcelona por participar en la redacción de una constitución para una Catalana independiente, dijo en un foro en noviembre: «En este momento el Govern de la Generalitat de Catalana tiene todos vuestros datos fiscales. ¿Eso es legal? Pues no, porque eso está protegido por la Ley de Protección Bases de Datos del Gobierno español».
Se trata de un extracto de una conferencia que Vidal ofreció en el 24 de noviembre en el Museu de Granollers (Barcelona), y que formaba parte de una serie de participaciones del juez en diferentes localidades catalanas para hablar del proceso soberanista.
El juez defendió ante el mismo auditorio que el Gobierno español «utiliza todas las armas, legales e ilegales» y, en este sentido, aludió a las conversaciones salidas a la luz entre el que era ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el que exdirector de la Oficina Antifraude de Catalana (OAC) Daniel de Alfonso sobre buscar pruebas contra políticos independentistas.
Vidal se lamenta
En un comunicado de ERC, Vidal se ha referido a esas declaraciones: «Es evidente que, tomadas en su literalidad, no se ajustan a la realidad».
«Debería haber contrastado mejor las informaciones antes», ha alegado Vidal, ahora suspendido como juez por participar en el borrador de una constitución catalana.
«En ningún momento he querido poner en duda» que el actual Govern actúa con absoluto respeto a la legalidad vigente, asegura, y justifica su dimisión como senador para no ser un obstáculo al proceso soberanista.
También ha afirmado que hizo esas declaraciones en «un tono coloquial, intentando ser didáctico sobre el proceso».
Ha añadido que las decisiones que se tomen en cada momento tendrán «la cobertura legal del Parlament y de la ley Transitoriedad Jurídica» catalana.
Santiago Vidal ha suspendido su agenda pública, para no generar más polémica, pero ha afirmado que seguirá «trabajando discretamente» por la independencia de Catalunya.
«Lo último que haré es dar excusas al Gobierno del Estado» para impedir que los catalanes puedan votar su futuro político en un referéndum, lo que él considera lo más importante, por lo que no quiere comprometer ese objetivo.
Por otra parte, la Conselleria de Economía de la Generalitat ha negado lo que decía Vidal: que tenga todos los datos fiscales de los catalanes y está dispuesta a demostrarlo.
Por eso, ha afirmado en un comunicado que el Govern se pone a disposición de la Agència Catalana de Protecció de Dades para someterse «a petición propia» a una auditoría de la gestión y uso de los datos fiscales.
Y el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, se ofrece a comparecer en comisión del Parlament para aclarar «todas las dudas que se hayan podido generar».
La Fiscalía debe aclarar todo
Por otra parte, el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis De Guindos, ha mostrado este viernes su confianza en que la investigación de la Fiscalía sobre las declaraciones del senador de ERC Santi Vidal «clarifique todo», al mismo tiempo que ha afirmado que las palabras «muy graves» del juez han creado «una cierta sensación de indefensión».
«Hay informaciones contradictarias. La Fiscalía va a abrir una investigación y espero que se clarifique todo porque ha creado una creado una cierta sensación de indefensión», ha señalado en una rueda de prensa tras la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin).
El ministro también ha sido preguntado por esta cuestión a su llegada a la reunión, cuando ha apuntado que espera que «nadie» esté usando datos fiscales para una finalidad política.
El senador de*ERC Santi Vidal*ha presentado este viernes por la mañana su «renuncia voluntaria» al escaño, tras haber dicho que el*Govern tiene los datos fiscales de los catalanes ilegalmente.
A su vez, el fiscal general del Estado,*José Manuel Maza, ha ordenado al fiscal superior de Cataluña,*José María Romero de Tejada,*que abra una investigación en relación a sus declaraciones.
El PSC exige la comparecencia de varios consejeros en el Parlament
Por su parte, el portavoz adjunto del PSC en el Parlament, Ferran Pedret, ha pedido que el Govern comparezca en la cámara para explicar las polémicas declaraciones del dimitido senador de ERC, Santi Vidal, a través de los consellers Oriol Junqueras (Economía), Raül Romeva (Asuntos Exteriores), Meritxell Borràs (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Jordi Jané (Interior).
En declaraciones este viernes al registrar la petición, Pedret ha tachado las afirmaciones de Vidal de «muy graves» y ha asegurado que requieren aclaraciones del propio Vidal y del Govern en sede parlamentaria, por lo que el PSC ha presentado 27 preguntas en la Cámara.
«Nos preocupa tanto si es verdad como mentira. Es absolutamente deplorable que, para intentar animar a sus correlegionarios, se digan cosas de este calibre», y ha pedido al Govern que conteste las preguntas de los socialistas.
Entre la batería de preguntas se pide al Govern detallar qué datos fiscales tiene, si ha obtenido datos ilícitamente, si se ha encargado la crear un censo electoral, si se prevé comunicar a las empresas y a los ciudadanos que paguen sus impuestos a una autoridad tributaria catalana, y si han hecho una lista de jueces y funcionarios de la Generalitat y de sus preferencias políticas.
También preguntan si Romeva ha negociado y alcanzado compromisos con la OTAN; si tienen información para afirmar que 11 de los 28 Estados de la UE reconocerán a Catalunya tras el referéndum; si hay fondos de inversión internacionales dispuestos a abrir una línea de crédito de hasta 200.000 millones de euros para la Generalitat; si hay estudios sobre las lenguas oficiales en un Estado catalán, y si dentro de los Mossos d’Esquadra hay agentes del CNI, entre otras cuestiones. EP.
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