El Comité Ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura en una foto histórica: su primera reunión tras el Congreso de 2015. Confilegal.
La APM cree necesario un Pacto de Estado por la Transparencia para proteger a los consumidores
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28/1/2017 14:47
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Actualizado: 31/3/2022 14:53
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La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación mayoritaria de jueces, cree necesario que el Gobierno y los grupos parlamentarios suscriban un Pacto de Estado por la Transparencia, necesario para dar la máxima de protección jurídica para los consumidores y a los clientes en general.
La APM, «ante la situación planteada por las últimas sentencias en materia de consumo» por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las cláusulas suelo, los intereses de demora o el vencimiento anticipado, insta la urgente adopción de medidas legales y organizativas que puedan dar respuesta a esta situación, dice en un comunicado hecho público hoy por su Comité Ejecutivo.
Según esta asociación, la ley de protección de los consumidores en materia de cláusulas suelo es «una buena y iniciativa, pero no basta.
«Las recientes sentencias la ley han tenido como consecuencia inmediata «la depuración por vía judicial de miles de escrituras públicas de préstamos con garantía hipotecaria«.
Por eso, «es preciso abogar por una normativa de protección de los consumidores respetuosa con las exigencias de transparencia y por una dotación de medios suficiente para garantizar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva«, añaden.
Colapso de la Justicia
Si no se hace nada, podría tener un efecto muy negativo en los tribunales de justicia, que podrían rozar el colapso, una palabra que no citan expresamente pero que se deduce de forma clara de sus palabras.
«La sucesión de resoluciones judiciales tiene como efectos colaterales el incremento exponencial de los asuntos que llegan a los órganos judiciales, la paralización generalizada de las ejecuciones hipotecarias y, sobre todo, la eventual quiebra del principio de seguridad jurídica».
«El derecho del acreedor a cobrar la deuda garantizada a través de un expediente rápido y el derecho del deudor a invocar los derechos que el ordenamiento material le reconoce, «quedan pendientes de la interpretación que en cada caso hagan los tribunales, no siempre coincidentes», explica la APM.
Por ello, ha señalado la necesidad de adoptar medidas de carácter legislativo, «para dar respuesta legal a las lagunas y contradicciones normativas», y de carácter organizativo, con el fin de «prever y encauzar el aumento de casos que van a acceder a los juzgados».
En este sentido subrayan que hay que tener en cuenta que «anualmente ingresan en los juzgados casi 2.000.000 de asuntos civiles; hay aproximadamente 6.000.000 de préstamos con garantía hipotecaria, de los cuales 1.500.000/2.000.000 tienen cláusulas suelo y todos la cláusula de vencimiento anticipado o de gastos…».
Nuevos órganos judiciales necesarios
Para esta asociación de jueces, el Real Decreto Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de los consumidores en materia de cláusulas suelo, «ha sido una buena iniciativa. Pero no basta».
«Es necesario proceder a la inmediata creación y puesta en funcionamiento de todos los Juzgados de Primera Instancia previstos desde finales de 2015 y que, a día de hoy, no han sido creados. Pero también es necesario que desde el Gobierno y los Grupos Parlamentarios se asuma su respectiva responsabilidad y se proceda a adecuar la normativa de consumo a las nuevas demandas y necesidades».
Y concluye: «La APM considera que el replanteamiento legal de los elementos contractuales susceptibles de control -excluyendo en su caso los elementos principales del contrato-, el pleno reconocimiento normativo del control de transparencia, su extensión a la contratación entre pequeños empresarios y al sistema financiero, representa, junto con la potenciación de la tutela preventiva, un pilar básico en beneficio de la sociedad en su conjunto y de los intereses generales de la Nación. Aspiraciones que coinciden, además, con la convicción general de los españoles para quienes la plasmación de la transparencia, como ideal o valor de lo justo, ha arraigado ya como un propio principio general del Derecho».
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