El PSOE-Madrid considera necesaria una Consejería de Justicia exclusiva, tal como plantean los jueces
Natalia Velilla Antolín (AJFV), María Jesús López Chacón (APM), Ivana Redondo Fuentes (JD), Angel Gabilondo (portavoz grupo parlamentario socialista), Ana Revuelta Iglesias (FJI) y Pilar Llop Cuenca (grupo parlamentario socialista).

El PSOE-Madrid considera necesaria una Consejería de Justicia exclusiva, tal como plantean los jueces

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31/1/2017 05:57
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Actualizado: 31/1/2017 00:54
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“Es necesaria una Consejería de Justicia y una Dirección General exclusivas en el Gobierno de Madrid porque el actual organigrama no es operativo y no visibiliza a la justicia”, según el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, coincidiendo así con las 4 asociaciones de jueces, que se reunieron con él la tarde de ayer.

Los representantes de la Comisión Interasociativa Judicial de Madrid (CIM), compuesta por María Jesús López Chacón, por la Asociación Profesional de la Magistratura, Natalia Velilla Antolín, por la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Ivana Redondo Fuentes, por Jueces para la Democracia  y Ana Revuelta Iglesias, por Foro Judicial Independiente, mantuvieron una reunión de dos horas de duración con Gabilondo, al que acompañaron, José Manuel Franco Pardo, portavoz adjunto y Pilar Llop Cuenca, portavoz de Justicia y magistrada en servicios especiales.

“El tiempo ha demostrado que una sola persona al frente de la Dirección General de Justicia es claramente insuficiente para Madrid”, añadió Gabilondo.

El líder socialista estimó en 4 millones de euros el 30 por ciento de incremento de las inversiones destinadas a las sedes judiciales, prometido a los sindicatos por el consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía, Ángel Garrido.

Ambas partes coincidieron en que era una cantidad insuficiente para la realidad del gasto.

Sólo la partida de seguridad supone 10 millones de euros. Una cantidad también importante se destina a limpieza de los edificios.

“Pero no rebelo nada si digo que ambos servicios, tanto seguridad como limpieza, presentan graves deficiencias. En seguridad los sueldos son bajos, hay retrasos en el pago y la limpieza presenta problemas con el estado de los inmuebles”, agregó.

Gabilondo, sin embargo, no quiso hacer sangre con la situación que viven jueces y funcionarios judiciales, con sedes judiciales inadecuadas y, en muchos casos, inhabitables y faltas de seguridad.

“Hay que encontrar soluciones y no culpables políticos y que su oposición se basa en afrontar y resolver problemas no en atacar al gobierno, la situación actual es fruto de la dejación y desatención de muchos años atrás”, contó Gabilondo.

“Es necesario un plan de emergencia/urgencia para las cuestiones más acuciantes y un plan a largo plazo que apueste por un modelo de justicia concreto. Para ello es necesario conocer la materia desde dentro y la CIM es un instrumento muy útil para ello”, señaló.

CIM: Interlocutores preferentes

El líder socialista invitó a los componentes de la CIM, a los que considera “interlocutores preferentes”, a comparecer ante la Comisión de Justicia para exponer el informe que elaboraron el 24 de enero.

Sobre el plan integral sobre justicia, propuesto por Ciudadanos a través de una proposición no de ley, Gabilondo afirmó que el PSOE colaboraría, pero lamenta que esta iniciativa sea fruto de la presión mediática y social de las últimas semanas.

“Nuestro grupo propuso la creación de una Comisión Parlamentaria para estudiar el estado de las sedes judiciales con el fin de elaborar una auditoría al respecto. Ni el PP, ni Ciudadanos ni Podemos nos apoyaron”, contó Gabilondo.

“La fórmula del estudio y debate en una Comisión es preferible a la propuesta presentada por ciudadanos, que consiste  en la creación de una Mesa, que carece de la estructura y posibilidades de la Comisión Parlamentaria. El mayor problema que encontramos para que esta iniciativa sea fructífera es el tiempo que resta de legislatura. La relativa proximidad de las elecciones lo único que generará son promesas pero no compromisos”, prosiguió.

Por ello, insistió Gabilondo, lo prioritario es un plan de urgencia/emergencia que evite que el legislativo autonómico se pierda en debates sobre el modelo de justicia.

 

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