El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido esta mañana con las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia CNLAJ, UPSJ, SISEJ y AINSEJU, antiguos «secretarios judiciales», ante los que se ha comprometido a poner en marcha la desjudicialización del Registro Civil, tal y como establece la ley aprobada en 2011 y encargarles su dirección.
El titular de Justicia ha trasladado a los sindicatos su intención de que sean los letrados de la Administración de Justicia quienes se encarguen de su dirección para lo que será necesario reformar la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil y analizar las cargas de trabajo de cada registro para lograr una organización más eficiente.
Todo ello para impulsar un modelo de servicio público, gratuito, electrónico y cercano al ciudadano, informa Justicia en un comunicado.
Desde el SISEJ, han emitido un comunicado en el que muestran su «decepción en términos globales con la regulación del Registro Civil anunciada hoy por el Ministerio».
Y aseguran que la «desjudicialización» prevista será «sólo parcial, cambiando únicamente la figura del Encargado, hasta ahora jueces y magistrados, por los Letrados de la Administración de Justicia, pero manteniendo intacta la adscripción de todo el sistema a juzgados e incluso a juzgados de paz», lo que entienden que no es más que «un puro maquillaje».
Fue en abril de 2015 cuando el Ministerio de Justicia aparcó la reforma del Registro Civil que entregaba su gestión a los registradores, para abrir un período de negociación con sindicatos, operadores jurídicos y partidos políticos en busca de un consenso, ya que aquella propuesta era rechazada por la mayoría del sector.
Entonces, el PP derogó todas las leyes vinculadas al traspaso de su gestión a los registradores de propiedad y mercantiles y amplió hasta junio de 2017 el plazo de entrada en vigor de la ley aprobada en 2011, que obliga a la desjudicialización de los registros.
PRINCIPALES PROYECTOS NORMATIVOS
Durante el encuentro, el ministro ha enumerado también los principales proyectos normativos que se llevarán a cabo en esta legislatura y que serán objeto de análisis en la Subcomisión para el estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia creada recientemente en el Congreso de los Diputados y que contará con la participación de los letrados de la Administración de Justicia.
Y ha incidido en que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en cuyo texto ya se está trabajando, será sin duda, ha dicho el ministro, una de las herramientas que contribuirá a la agilización de la Justicia y donde se creará la figura del Juez de Garantías y la del Fiscal instructor.
En este sentido el SISEJ reconocen que la reforma es muy necesaria, aunque entienden que «el Gobierno no está pensando en la inaplazable reforma a fondo del proceso penal que una sociedad democrática y moderna necesita«, puesto que el ministro les ha adelantado que la citada reforma se hará «siguiendo el principio de no introducir cambios significativos a nivel corporativo de los colectivos afectados, más allá de los 800 jueces de instrucción que deberán redefinir su papel».
También ha destacado la progresiva extensión del uso de medios electrónicos en la Administración de Justicia y ha agradecido a las asociaciones de letrados su labor de dinamización y compromiso con la implantación de los sistemas LexNET y Justicia Digital. El reto ahora, ha asegurado, es evolucionar hacia un sistema de gestión procesal común para toda la Administración de Justicia.
