El Congreso ha respaldado este martes la toma en consideración de la proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes presentada por Ciudadanos, aunque los grupos han reprochado a Albert Rivera y los suyos que la hayan impulsado en solitario para «colgarse una medalla» y «chupar cámara» en lugar de trabajar en una iniciativa conjunta.
Al defender en tribuna la proposición de ley, el presidente de Ciudadanos ha recordado que su iniciativa fue registrada el pasado 15 de septiembre para actuar ya contra la corrupción, pues considera que este problema afecta a todo el país.
A su juicio, tanto el PP como el PSOE «llevan un ritmo de imputaciones y condenas» que explica por qué la corrupción es uno de los asuntos que más preocupan a la ciudadanía.
LEY ÓMNIBUS
Rivera ha pedido apoyo para su ‘ley ómnibus’ para poder decir a los españoles que el Parlamento va a «proteger a los buenos y castigar a los malos», de forma que los primeros «tengan premio, no castigo», y que quede claro que «quien la hace la paga».
La iniciativa incluye asuntos como la prohibición de los indultos a condenados por corrupción, una modificación legal que la Cámara ya admitió a tramite la pasada semana a propuesta del PSOE. Según ha dicho, el objetivo es detener el «ciclo del agua» que siguen algunos corruptos que son «imputados, procesados, juzgados, condenados y finalmente indultados», y que el Gobierno tenga que motivar cada indulto.
También recoge medidas para proteger a los denunciantes de la corrupción, empleados públicos que son «héroes» para Cs y que en algunos casos han sufrido «el acoso y derribo de algunos partidos». Sobre este asunto se comprometió a legislar la Comisión de Calidad de la Democracia.
Según se recoge en la proposición de Ley, en el caso de que las denuncias sean presentadas por los empleados públicos y por el resto del personal al servicio de las Comunidades Autónomas o de su sector público, o de las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, las funciones de tutela de los derechos del denunciante serán desarrolladas directamente por la Autoridad Independiente de Integridad Pública.
Asimismo, la proposición de ley plantea tipificar el delito de enriquecimiento ilícito, una medida con la que, según ha dicho Rivera, el exvicepresidente Rodrigo Rato «no podría haber duplicado en un año su patrimonio sin dar explicaciones».
Otras medidas que ha resaltado Rivera son la eliminación de los plazos máximos en la instrucción penal, que ve como un «obstáculo» del PP para investigar la corrupción; mayores garantías de la independencia y la imparcialidad de los secretarios e interventores de la Administración local; y la responsabilidad civil subsidiaria de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales por los delitos que hayan cometido sus empleados o representantes.
La ley de Ciudadanos ha pasado este primer trámite parlamentario, pero el resto de grupos ha criticado su presentación unilateral. Todas las fuerzas políticas, salvo el PNV, se han mostrado favorables durante el debate parlamentario a la toma en consideración de esta proposición de ley.(EP)
