Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres conocerán hoy si la Audiencia de Baleares acuerda alguna medida cautelar en su contra tras haberles condenado a 6 años y 3 meses de prisión y 8 años y 6 meses, respectivamente, por varios delitos de corrupción y fiscales en el juicio del caso Nóos.
Urdangarin y Torres sabrán si deben ingresar en prisión ya o pueden seguir gozando de libertad, así como las medidas restrictivas que se les aplicará antes de que su sentencia sea revisada por el Tribunal Supremo.
Dicha comparecencia, que no se celebrará en audiencia pública, está prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para decidir sobre la situación personal de dos de los condenados por el caso Nóos.
El fiscal Horrach, que pidió esa vistilla nada más conocerse la sentencia, no ha decidido todavía al respecto, a la espera de analizar en detalle las 741 páginas de la resolución judicial dictada el viernes pasado por la Audiencia de Baleares «y las circunstancias concretas de este caso», ha asegurado en declaraciones en Palma.
Si bien el criterio general del Ministerio Público es solicitar el ingreso inmediato en prisión para penas superiores a 5 años, Horrach ha insistido en que «no se excluye que haya que acomodar las medidas a las circunstancias concretas del caso y por tanto se están valorando todas».
De hecho, este lunes en un programa de televisión, el fiscal Pedro Horrach aseguraba que él se inclinaba por pedir prisión preventiva eludible con fianza para el ex duque de Palma y el que fuera su socio, Diego Torres, aunque esperará a escuchar las alegaciones de las partes.
Por su parte, los abogados de ambos condenados, Mario Pascual y Manuel González, han coincidido en rechazar que su defendidos deban ingresar en la cárcel.
También han sido citadas para exponer su postura las representaciones de otras dos acusaciones, la Abogacía del Estado, en nombre de Hacienda, la Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares y Manos Limpias, que ejerció la acusación popular.
Sin embargo, ésta última no asistirá, al haber renunciado a seguir representando al sindicato la abogada de Manos Limpias en el caso Nóos, Virginia López-Negrete.
