El magistrado y secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), Jesús Villegas, afirma que el informe que le abrió en 2015 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al también magistrado Manuel Ruiz de Lara, portavoz de la PCIJ, «no tiene soporte procedimental alguno, carece de cobertura legal y, por ende, es una investigación inquisitorial».
«Por eso, desde la Plataforma, vamos a ejercer las acciones oportunas», declara.
Villegas responde, de esta forma, al comunicado que hizo público ayer por la tarde el órgano de gobierno de los jueces negando que la investigación abierta a Ruiz de Lara en 2015 hubiera sido secreta.
«El comunicado del Consejo no se ajusta a la realidad y, en este sentido expresamos nuestra consternación porque se emitan informaciones tan poco rigurosas», afirma el magistrado.
«Entrando en el fondo del asunto, y basándonos en los propios datos que el Consejo reconoce y que obran en el expediente, hay que decir dos cosas: la primera de ellas, que el 22 de mayo de 2015 se elaboró un informe sobre el magistrado Ruiz de Lara, lo vuelvo a repetir, sin soporte procedimental alguno«, explica Villegas.
«Semejante forma de proceder es inadmisible en un órgano como el Consejo, cuya misión es velar por la independencia judicial», añade.
De acuerdo con el juez decano de Guadalajara, «las diligencias informativas se han usado indebidamente porque de facto vienen a reemplazar a un expediente disciplinario. El expediente disciplinario tiene fecha de caducidad y las diligencias informativas no«.
Desde su punto de vista, «se está haciendo un uso torticero y viciado de un instrumento legal que no tiene esa finalidad. Las diligencias informativas tienen como único sentido ahorrar al investigado el trance de pasar por un expediente judicial. Cuando se utilizan para reemplazarlos se están violando gravemente los derechos del investigado».
El objetivo es la Plataforma
Y subraya que «en este caso, es el de un magistrado que se ha significado por su defensa por la despolitización de la justicia».
Según Villegas, la Plataforma está tremendamente preocupada, porque se han utilizado, en suma, unas diligencias informativas para investigar a nuestra organización.
«La conducta del Consejo es una evidencia clara de que el sistema actual está en un callejón sin salida. El gobierno de los jueces no puede tener su origen en las decisiones de los partidos políticos, ni de los grupos parlamentarios. La situación actual es una muestra de hasta que punto la sumisión de la justicia a la política genera actuaciones impropias de un Estado de Derecho», concluye el secretario general de la PCIJ.
