El Colegio de Abogados de Granada secundará la convocatoria de manifestación en Madrid para protestar contra la aplicación del impuesto sobre el valor añadido (IVA) al servicio público de asistencia jurídica gratuita. Consideran que dicha medida es incoherente, desacertada y un «disparate social».
Los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Granada y su decano, Eduardo Torres, han adelantado en un comunicado que participarán en la concentración convocada por el Consejo General de la Abogacía ante el Ministerio de Hacienda para el próximo día 13 de marzo.
Las protestas reivindicarán la suspensión de la aplicación del IVA al servicio público de asistencia jurídica gratuita con «carácter inmediato», un impuesto adoptado en enero por la Dirección General de Tributos en una consulta vinculante que modifica la exención recogida desde 1986.
Con esa misma pretensión, la Abogacía Española estudia además convocar huelgas del Turno de Oficio en todo el país al defender que imponer el IVA a este servicio significa tratarlo como «un bien de mercado», lo que pondría en peligro un sistema que garantiza el acceso universal a la Justicia en España.
Torres ha calificado de incoherente y «totalmente desacertado» ese nuevo criterio del Ministerio de Hacienda que exige a los abogados de turno de oficio que facturen a sus beneficiarios con el 21 % de IVA, aún cuando la indemnización por la prestación la continuará atendiendo, en Andalucía, la Junta.
El decano de los abogados granadinos ha sostenido que exigir el pago del IVA a un usuario de la justicia gratuita, que por definición son personas con insuficientes recursos económicos, representa una vulneración del derecho fundamental de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva.
Supone, además, una «absurda interpretación» de una reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que, según Torres, en ningún caso resultaría aplicable al sistema legal de justicia gratuita vigente en España.
Y concluye que afirmando que «sería un disparate social, jurídico y fiscal que los abogados perciban una indemnización de la Administración por la Justicia Gratuita, pero deban facturar al ciudadano el 21% de IVA por un servicio público obligatorio que es resarcido a precios muy inferiores a los que rigen el mercado libre de la abogacía». Por ello, entiende que «no puede considerarse actividad económica a efectos del impuesto en ningún caso».
