Todo parecía atado y bien atado tras el pacto del PP y del PSOE para la elección de tres nuevos magistrados -y la renovación de un cuarto-, propuestos por el Senado. Ricardo Enríquez y Alfredo Montoya, por el partido conservador, y María Luisa Balaguer y Cándido Conde-Pumpido, por el partido socialista.
La entrada en la ecuación de este último, Conde-Pumpido -fiscal general del Estado bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero-, era el acuerdo quid pro quo para desbloquear la elección del sucesor de Francisco Pérez de los Cobos en la Presidencia del máximo tribunal de garantías.
Conde-Pumpido a cambio de que Andrés Ollero fuera el nuevo presidente.
Pero parece que va a ser que no, por ahora.
Y si la cosa sale, va a ser con fórceps.
Para decir verdad, la elección del futuro presidente ha entrado en la fase del «pito, pito, gorgorito».
Por dos razones, porque los magistrados del Constitucional se resisten a ser percibidos públicamente como la correa de transmisión del PP y del PSOE, por eso han rechazado el acuerdo cerrado extra muros del tribunal de garantías por ambas formaciones para que Ollero obtenga la Presidencia. Abundando así en la imagen de politización del tribunal.
Un factor, el de la politización, que ha provocado críticas de todo tipo desde los partidos de la oposición.
Ollero, junto a Juan José González Rivas, su compañero -elegido, como él, a instancias del PP- son los dos candidatos con más posibilidades ya que se encuentran en el último tramo de su mandato de nueve años.
El gran handicap de Ollero es que fue diputado del PP en el Congreso de los Diputados durante 17 años y es miembro del Opus Dei.
Su perfil, por lo tanto, tiene una gran carga política que podría ser poco adecuado para la proyección de la imagen de independencia del Tribunal Constitucional, en especial con la amenaza de los independentistas catalanes empeñados en seguir jugando con el Estado.
González Rivas, perfil no político
González Rivas, por su parte, ha sido magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y, aunque es igualmente conservador, adolece de ese perfil que está complicando a Ollero conseguir su gran objetivo final de su carrera profesional.
Otra posibilidad sería que el presidente fuera Pedro González-Trevijano, de tendencia igualmente conservadora y aupado también por el PP.
A los socialistas les gustaría aupar a su candidato, Fernando Valdés, pero es altamente improbable porque la Presidencia le corresponde al PP.
El Pleno del Constitucional, reunido ayer, dio el visto bueno a los cuatro nuevos magistrados elegidos por el Senado.
Ahora queda fijar la publicación de los nombramientos en el BOE, jurar o prometer ante el Rey Felipe VI y tomar posesión.
Hasta que eso ocurra, el melón de la Presidencia seguirá abierto.
Las negociaciones, a día de hoy, se asemejan a poco menos que un intento de cuadrar el círculo, sobre todo en lo que a la candidatura de Ollero se refiere.
Pero nada es imposible en la fase del «pito, pito, gorgorito» en la que han entrado.
Donde no hay ninguna duda es en la Vicepresidencia. La candidata, la que sustituirá a Adela Asúa, será Encarnación Roca.
