La Fiscalía de Granada ha solicitado una condena de ocho años y cinco meses de cárcel y 17 de inhabilitación para el exvicepresidente de la Diputación de Granada Julio Bernardo Castro por el denominado caso Mercamed sobre presuntas irregularidades en contratos para una feria en Tetuán (Marruecos).
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal en la causa hay otras once personas investigadas, entre técnicos de la institución provincial y empresarios que participaron, para los que se pide cárcel de ocho años y cinco meses.
Los hechos investigados se remontan al 2011, cuando la Diputación publicitó la convocatoria de la celebración de la Feria de Cooperación Mercamed, que se iba a desarrollar en la localidad marroquí de Tetuán y para la que se debían destinar fondos europeos.
La organización del evento provocó unos gastos contabilizados en la institución provincial de 300.000 euros, quedando pendiente de una definitiva liquidación.
De este modo, los acusados, como gestores del organismo público y los particulares que concurrieron y contrataron la prestación de los servicios presuntamente «se concertaron entre sí» con la supuesta finalidad de adjudicar los contratos ofertados a empresas y personas determinadas.
Según el fiscal, con ello se benefició arbitrariamente a las sociedades, «prescindiendo» del procedimiento legalmente establecido y dotando de apariencia de legalidad la contratación efectuada».
En otras ocasiones se produjo el supuesto fraccionamiento de los contratos con la «finalidad de no superar el umbral permitido», pese a las advertencias y reparos expresadas por los servicios implicados en la contratación.
Los procesados, entre ellos el entonces vicepresidente de la Diputación, Julio Bernardo Castro, habrían confeccionado expedientes incompletos, simulados o artificiales para «otorgar una apariencia» de legalidad a la contratación y «ocultando intencionadamente» la existencia de relaciones entre empresas vinculadas.
Entre otros hechos, uno de los empresarios propietario de tres sociedades «ideó un entramado» encaminado a la realización de los servicios en la feria, simulando la participación de terceras empresas para prestarlos pese a que estaba incapacitado por las deudas que mantenía con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.
El Ministerio Fiscal solicita una condena de hasta ocho años y cinco meses de prisión y 17 de inhabilitación y multa de 251.620 para Julio Bernardo Castro, como presunto autor de los delitos de prevaricación administrativa, un delito continuado de malversación de caudales públicos y falsedad continuada en documento mercantil.
La causa también se dirige contra varias entidades mercantiles en calidad de responsables civiles directos.
El juicio por estos hechos se desarrollará entre 18 al 21 de abril en la sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.
