«La Ley Integral debe abrirse a más tipos de maltrato», propone Pilar Llop, diputada socialista y magistrada
La diputada Llop es la segunda por la derecha; de derecha a izquierda, Clara Serra, Nadia Álvarez Padilla, Antonio Sánchez-Jáuregui, llop y Tomás Marcos Arias.

«La Ley Integral debe abrirse a más tipos de maltrato», propone Pilar Llop, diputada socialista y magistrada

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08/4/2017 04:57
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Actualizado: 01/4/2019 13:49
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La diputada por el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid -y magistrada especializada en violencia de género-, Pilar Llop propone reformar la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para que «no abarque sólo a parejas y ex parejas, sino también al resto de víctimas, lo que permitiría tener mayor información y, en consecuencia, poner en marcha los medios necesarios para atajar la violencia».

Llop realizó esta propuesta en el marco de la jornada de debates sobre violencia de género que llevó a cabo el pasado miércoles el Colegio de Procuradores de Madrid y, específicamente, de la mesa redonda “Medidas a adoptar para la erradicación y para reducir los efectos de la violencia de género.”

La diputada -que formó parte durante un largo periodo del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género- comenzó su intervención recordando el caso de Ángela González Carreño, madre de una niña asesinada por su padre en 2004, a quien la ley de violencia de género no acogió por no ser «violencia de pareja» (aunque ahora sí lo haría).

«Hay que abrir la ley a nuevas formas de violencia y evitar los estereotipos», propuso Llop, quien afirmó que la única clave para prevenir la violencia machista es implementar «un cambio en la mentalidad de la sociedad».

«La lucha contra la violencia de género no tiene fórmulas mágicas, es un problema milenario que exige esfuerzos», añadió la diputada, quien criticó que la Ley Integral no haya sufrido cambios «desde el año 2011».

La mesa estuvo moderada por Antonio Sánchez-Jaúregui, vocal 4º de la Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores de Madrid y presidente de la Comisión de Justicia Gratuita.

Abrió el fuego del debate Clara Serra Sánchez, diputada en la Asamblea de Madrid por Podemos y presidenta de la Comisión de Mujer en la Asamblea de Madrid, quien advirtió de que el presupuesto para la violencia machista «se ha recortado un 50 por ciento en diez años».

Al respecto de la formación, y basándose en su experiencia como docente de educación para la ciudadanía, pidió que la violencia machista sea asignatura obligatoria en todas las aulas.

María Nadia Álvarez Padilla, diputada de la Asamblea de Madrid por el PP y portavoz en la Comisión de la Mujer, informó de que «la Comunidad de Madrid invertirá 272 millones de euros entre 2016 y 2021 como parte de su Estrategia de Actuación Integral Contra la Violencia de Género.»

Finalizó la mesa redonda Tomás Marcos Arias, diputado de la Asamblea de Madrid, y senador del Grupo Parlamentario Ciudadanos quien exigió mayor visibilidad para el colectivo LGTB y los delitos de odio, para las víctimas mayores de 65 años y de entornos rurales, y para las discapacitadas víctimas de violencia.

Una inauguración oficial

La jornada fue inaugurada por Yolanda Ybarrola de la Fuente, directora general de Justicia de la Comunidad de Madrid, quien habló de justicia gratuita y recordó que «el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero modificó el ámbito personal que se extiende a las personas físicas, y ofrece asistencia con independencia de si la víctima tiene o no recursos.»

Tomó la palabra después Antonio Viejo, juez decano de los juzgados de 1a instancia e instrucción, que insistió en la necesidad de incrementar el número de jugados especializados. El Decano de los procuradores madrileños, Gabriel María de Diego Quevedo, afirmó sentir «vergüenza del hombre que mata o humilla a una mujer.»

María Dolores Moreno Molino, directora general de la Mujer, de la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid detalló que han puesto en marcha 160 medidas concretas que se dividen en tres ejes: prevención y sensibilización, atención integral  a víctimas y confirmación interinstitucional.

La vocal de la Junta del Colegio de Procuradores, Carmen Giménez-Cardona, y presidenta del Centro de Formación del Colegio de Procuradores de Madrid anunció que los procuradores de la región han puesto en marcha un servicio de representación procesal que permitirá designar un procurador en el momento en que se produce una víctima.

«Este nuevo servicio permitirá presentar medidas cautelares y escritos urgentes, así como la utilización de servicios por los cuales se realizan las funciones que son competencia exclusiva de los procuradores: subastas y actos de comunicación, depósitos que redundarán en una agilización tanto para el Juzgado, la administración como a las afectadas», explicó.

Giménez-Cardona añadió que se pondrá en marcha, además,  «formación para que los procuradores  sepan  gestionar las emociones en situaciones límite».

La periodista de tribunales de la COPE y presidenta de ACIJUR, Patrica Rosety, puso de relieve que, de las 44 mujeres asesinadas en España en 2016, sólo el 3 por ciento había denunciado.

También quiso desmentir que las víctimas sean extranjeras, de clase baja, desempleadas, o de familias con un nivel bajo de estudios.

Por último enfatizó el deber de los medios de «huir del morbo».

 

Cerró el acto la vicedecana de los procuradores madrileños, Rocío Sampere, quien resaltó que «los procuradores madrileños están en una carrera de fondo contra la violencia, porque es un objetivo social adaptado a la realidad, necesario para una procura asentada, reconocida, moderna y comprometida».

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