El catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, recientemente condenado a 9 años de inhabilitación -8 por el delito de prevaricación administrativa y 1 por el de desobediencia-, Octavio Uña Juárez, ha anunciado que recurrirá la sentencia, según ha hecho saber su abogado, Jorge González, a Confilegal.
Uña Juárez fue condenado por el magistrado Juzgado de lo Penal 3 de Móstoles (Madrid) Marcos Ramón Porcar Laynez, por no cursar, e impedir la solicitud de ser nombrado catedrático emérito de Alfonso de Esteban Alonso, catedrático de Ciencias de la Comunicación, con el que, al parecer, mantenía muy malas relaciones.
De acuerdo con el letrado, «la sentencia prescinde de dos cosas: en primer lugar, este hombre cumple estrictamente la ley –y lo acreditaremos- porque el 29 de abril, el 30 de abril y el 8 de mayo se mueve para iniciar los trámites de elaboración de un informe sobre el nombramiento, que le corresponde al lector. Y lo segundo y más importante es que las cartitas de 7 de mayo y de 10 de junio el juez las cataloga como informes».
«La jurisprudencia del Supremo -doctrina elemental- excluye expresamente los informes del delitos de prevaricacion, por ser meros actos de trámite», añade González.
Sobre su supuesta negativa a convocar el Consejo del Departamento, tal como solicitaron el 20 de junio de 2013 siete profesores de su Departamento de una manera formal, para elaborar el informe sobre De Esteban Alonso, que había requerido el rector, el letrado González afirma que no hubo tal negativa abierta.
«Y el Código Penal y el Supremo dicen que tiene que expresarse negativamente a obedecer esa orden», señala.
«Además -prosigue- entre el 26 de julio de 2013, que es cuando le llega a mi cliente el requerimiento del rector, y el 31 de julio de 2013, que es el último día hábil, no hay ningún Consejo de Gobierno de Universidad que se vaya a convocar, porque Octavio es miembro nato del Consejo de Gobierno y él lo sabe».
De acuerdo con la sentencia del magistrado Porcar Laynez, el catedrático condenado no sólo no cumplió la orden del rector sino que el 2 de septiembre de 2013 solicitó un año sabático, quitándose de en medio.
«Mi cliente se fue de año sabático en esa fecha porque había sido aprobado el 11 de julio en una reunión del Consejo del Departamento, del que formó parte Alfonso de Estéban», aclara González, que reconoce que aunque no existía animadversión, «bien, bien, no se tenían que llevar».
Al magistrado Porcar Laynez no le convencieron los argumentos de la defensa legal de Uña Juárez y lo condenó a las penas citadas, una correspondiente al artículo 404 del Código Penal, en lo que a la prevaricación administrativa corresponde, y al 410 del mismo Código, por la desobediencia, además de imponerle el pago de las costas.
Ahora la última palabra la tendrá la Audiencia Provincial de Madrid, que es a la que le corresponderá decidir en apelación.
Eva Gimbernat, la abogada de Ollé Sesé Abogados, del que es clliente Alfonso de Esteban Alonso, rechazó entrar en polémica con su colega Jorge González.
«Nos remitimos a los términos de la sentencia, que están muy claros. Y si recurren pues nos veremos en apelación, como no puede ser de otra manera», sentenció.
