El magistrado Arturo Zamarriego Martín, titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza nº 9, ha citado a Íñigo Errejón Galván y a la actriz Elisa Mouliaá para declarar el próximo viernes en el marco de la querella por presunto delito de calumnias con publicidad interpuesta por el exportavoz de Sumar en el Congreso contra la actriz.
La resolución judicial considera que los hechos descritos en la querella “presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito”, motivo por el cual la ha admitido a trámite y ha ordenado la práctica de diligencias.
Origen del conflicto
El enfrentamiento judicial entre ambos nace a raíz de la denuncia por agresión sexual que Mouliaá presentó el 24 de octubre de 2024 ante la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional (UFAM).
En ella imputaba al entonces diputado un supuesto delito contra la libertad sexual ocurrido en septiembre de 2021.
Las diligencias previas, registradas con el número 2838/2024, fueron dirigidas en un primer momento por el juez Adolfo Carretero, quien imputó a Errejón antes de que la Audiencia Provincial de Madrid revisara parcialmente la causa.
El conflicto se reavivó el 20 de junio de 2025, cuando declararon como testigos Borja V. y Soraya G., una pareja residente en Australia que organizó la fiesta en la que, según la denuncia de Mouliaá, se produjeron los hechos.
Tras sus testificales —grabadas por videoconferencia—, la actriz publicó en la red social X (antes Twitter) varios mensajes en los que acusaba a Errejón de haber extorsionado a ambos testigos, extremo que el político niega tajantemente.
El contenido de la querella
El escrito, suscrito por la abogada Eva Gimbernat, sostiene que Mouliaá actuó “a sabiendas de la falsedad” de sus afirmaciones, requisito indispensable para la comisión del delito de calumnias con publicidad tipificado en los artículos 205 y 206 del Código Penal.
Entre las publicaciones recogidas en el acta notarial aportada al juzgado destaca el mensaje: «Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos. No inventéis la realidad».
La querella incorpora además un informe de la Policía Judicial con las conversaciones de WhatsApp mantenidas entre Mouliaá y la testigo Soraya, en las que esta última afirmaba que declararía “la verdad” y negaba haber recibido presiones por parte del político o de su defensa.
También se recoge que los dos testigos negaron ante el juez cualquier intento de manipulación o influencia por parte del exdiputado.
Sin acuerdo extrajudicial
Antes de acudir a los tribunales, la defensa de Errejón intentó el preceptivo acto de conciliación, en el que reclamó a la actriz una indemnización de 10.000 euros a cambio de no interponer la querella, siempre que esta se retractara públicamente.
Mouliaá rechazó la propuesta, dejando abierta la vía penal.
El texto también precisa que Errejón no se negó a entregar su teléfono personal para ocultar pruebas, sino que la Audiencia Provincial estimó el recurso de su defensa y dejó sin efecto el auto que autorizaba el análisis de su dispositivo.
Próximas diligencias
El magistrado Zamarriego ha acordado citar a las partes y requerir al magistrado Adolfo Carretero —donde se tramitaron las diligencias por la supuesta agresión sexual— el testimonio de las declaraciones de los testigos, el acta notarial de cotejo y el informe policial.
Con ello, el magistrado busca determinar si las manifestaciones de Mouliaá en redes sociales pueden constituir un ilícito penal y, en ese caso, si concurren elementos que acrediten la falsedad dolosa exigida por el tipo penal de las calumnias.
