Rafael Catalá, ministro de Justicia junto a la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, en la ponencia final del II Congreso de la Abogacía Madrileña.
Catalá anuncia una futura Ley de tasas judiciales, en línea con el criterio del Constitucional
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27/4/2017 04:59
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Actualizado: 26/4/2017 22:48
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El Ministerio de Justicia ultima un proyecto de ley sobre tasas judiciales, siguiendo el espíritu del fallo del Tribunal Constitucional del verano del 2016, que señala que las tasas judiciales nunca pueden ser un obstáculo al acceso a la justicia, así lo expresó el ministro Rafael Catalá poco antes de la clausura de este II Congreso de la Abogacía Madrileña.
El inesperado fallecimiento del padre de Sonia Gumpert, decana del Colegio de Abogados de Madrid, provocó que la ponencia conjunta sobre justicia entre la jurista madrileña y Rafael Catalá, ministro de Justicia se modificara a última ahora. Fue Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) quien asumió ese papel de interlocutora del Ministro.
A lo largo de este diálogo se observaron los puntos de encuentro entre Justicia y la abogacía institucional “Las reformas no pueden tener un cariz político y debemos contar con la abogacía”, indicaba Catalá. Por su parte Ortega destacaba el papel de la abogacía como el colectivo que mejor conoce el terreno al estar cerca del justiciable. “Es necesaria una Ley Orgánica de Derecho a la Defensa y mayor protagonismo de la Abogacía en el futuro Pacto de Estado de la Justicia”.
Rafael Catalá volvió a sorprender a la concurrencia con varias medidas que quiere poner en marcha en el medio plazo. Anuncio que se está ultimando un proyecto de ley sobre tasas judiciales que seguirá el espíritu del fallo último del Tribunal Constitucional que anulaba parcialmente la Ley de Tasas 10/2012 del anterior Ministro Alberto Ruiz-Gallardon. Hoy en día las personas jurídicas y ONGS están abocadas al pago de ciertas tasas. Habrá que ver realmente cómo reaccionan en los próximos días los operadores jurídicos ante esta medida y si existe algun apoyo en el Parlamento para sacar esta medida adelante.
Sobre la Ley de Justicia Gratuita, el ministro Catalá coincidió con la presidenta del CGAE en que hay que buscar un modelo de gestión diferente. El sistema funciona pero «se paga mal y tarde» comentaron ambos juristas. A su juicio, no creía que hiciera falta una ley nueva, “sino sobre todo mejorar los sistemas de gestión para que podamos pagar antes. Creo que la cera que me dan en redes sociales es merecida. Tenemos que intentar pagar antes y tener un sistema más ágil pagos”, indicó.
Catalá indicó a la abogacía institucional en su conversación con Victoria Ortega que “igual que hemos tenido buen entendimiento en cuestiones como el IVA del Turno de Oficio, puede ser también el momento de crear un grupo de trabajo de cara a ver qué modelo de Justicia Gratuita queremos en este país de forma conjunta y consensuada. Ministerio y Abogacía institucional se pusieron de acuerdo en señalar la necesidad de consensuar las reformas procesales que se pongan en marcha en nuestro país “La justicia es uno de los servicios públicos que menos ha evolucionado en España”, indicó.
En cuanto a la Ley de Acceso a la Abogacía, la idea del propio Ministerio de Justicia es la de cambiar la prueba de examen a esta profesión que ahora es un mero test, no muy de acorde con todos los estudios y pruebas que pasa el joven abogado. “ Tenemos que pensar en algún cambio para el año que viene. Quizás sea el momento que los Colegios de Abogados se encarguen de este asunto y gestionen esta prueba de acceso, la misma, con idéntica dificultad en cualquier punto del país”, indicó.
Un Congreso que cumplió las expectativas
Respecto al II Congreso de la Abogacía madrileña, volver a indicar que la afluencia ha sido notable, tal y como señalaba ayer CONFILEGAL y que según los organizadores se han cumplido las expectativas y objetivos previstos antes de su puesta en marcha.
Fue Javier Iscar, vocal de la Junta de Gobierno del ICAM quien leyó el discurso de la decana Gumpert, ausente por circunstancias familiares como antes señalamos. En ese discurso se indicó que “la abogacía de Madrid y su Colegio constituyen una profesión refugio, con una capacidad de respuesta para la defensa jurídica similar a cualquiera de las mejores abogacías del mundo”.
El Colegio de Abogados de Madrid, manifestó Íscar, ha logrado adaptarse a los nuevos tiempos en las mejores condiciones para mantener “en su cota más alta la confianza social que necesitamos en nuestra función y en nuestra responsabilidad”. Los abogados, proclamó el diputado, “mantenemos la firmeza de nuestra función en la defensa de los derechos de los ciudadanos” y “nos mantenemos independientes y en la decencia”.
Convocados bajo el lema “Tienes que estar”, más de 1.500 congresistas han asistido a alguna de las 55 sesiones de trabajo celebradas a lo largo de dos días en el Palacio Municipal de Congresos de la capital. Antonio Garrigues, Eloy Velasco, José Antonio Marina, Pedro Duque o Javier Tebas son algunos de los casi 200 ponentes que han contribuido con sus intervenciones sobre más de 20 materias distintas a afianzar este encuentro como una referencia en la generación de conocimiento en el ámbito jurídico.
Los más de 100 periodistas acreditados y las once horas seguidas que el hashtag #ConstruimosAbogacía se mantuvo como trending topic en España dan cuenta del gran interés suscitado por el Congreso no solo en el ámbito de la abogacía sino en la ciudadanía en general.
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