José Ignacio Prendes: “O estás con los que combaten la corrupción o estás con los corruptos”

Justo a la entrada del despacho oficial de José Ignacio Prendes (Gijón, 22 de febrero de 1965), vicepresidente primero de la Mesa del Congreso de los Diputados, hay un enorme cuadro de Emilio Castelar, presidente de la Primera República y presidente del Congreso de los Diputados en el siglo XIX. Castelar es el referente histórico español por antonomasia de la elocuencia política.

Prendes, ciertamente, no es Castelar. Pero tiene su estilo, al que debe mucho a su oficio, la abogacía. Sus preguntas, como portavoz de Ciudadanos, en la Comisión de Justicia son auténticos misiles dirigidos a las entrañas más sensibles de los comparecientes.

El diputado de Ciudadanos es como el protagonista de la película de John Ford, “El hombre tranquilo”. No arma titulares con mordiente, salen de lo que él denomina su “discurso río”. La conversación con él, es fácil. Va de justicia. No podía ser de otra manera.

Uno de los temas que más preocupa a Ciudadanos es el tema de la corrupción. En este sentido, en su acuerdo con el PP figuran una serie de medidas al respecto. ¿Cómo van?

Van con dificultad. Acabamos de arrancar el voto en la Región de Murcia para suprimir los aforamientos. Es un paso previo para tener un gobierno allí. Somos conscientes de que muchas de las reformas que han firmado tenemos que arrancárselas.

Van a acometer muchas de las reformas no por convicción, sino por necesidad.

También estamos con la ley de protección de los denunciantes, la Ley Ómnibus anticorrupción. Tenemos un compromiso de impulsar la mayoría de las medidas contendidas en esa ley, que forman parte de la 150 medidas que suscribimos con el PP. Por ello, exigiremos el apoyo para que esa Ley salga adelante. Y que sea pronto.

Que alguien pretenda domesticar, influir, poner obstáculos a los jueces y fiscales, es especialmente grave

¿Hablamos también de la protección de los denominados “whistleblowers”?

Sí, es la ley de los “whistleblowers” españoles, de los denunciantes o informantes. La Fundación FIBGAR, que dirige el juez Baltasar Garzón, nos ha pedido una reunión porque estamos en una línea parecida.

Nosotros lo que hacemos es trasladar al ordenamiento jurídico español muchas de las cosas que ya se han puesto en marcha en Europa.

Queremos impulsarlo porque nos parece fundamental. Los grandes escándalos de corrupción salen a la luz porque hay alguien que, en un momento determinado, decide levantar la liebre. Y denunciar.

Otra pata de nuestra agenda regeneracionista es todo lo que afecta a la independencia del poder judicial. Todo lo que está pasando con el Ministerio Fiscal nos parece extremadamente preocupante.

La pérdida de credibilidad del fiscal general con su política de nombramientos, especialmente en el área de Anticorrupción, es alarmante. No hay término medio. O estás con los que combaten la corrupción o estás con los corruptos.

No puede ser que el seno de la Fiscalía Anticorrupción, el nuevo jefe de esa área, sea el que se dedique a poner palos en esa rueda, a poner problemas.

Parece más preocupado por defender o blanquear esa corrupción, que nos inunda, que por facilitar los medios y el trabajo.

Bueno, ha ratificado al fiscal Carlos Yáñez un año más…

Han coincidido en escasos días los datos de las dificultades en los registros al Canal de Isabel II. El cese de los dos fiscales que están llevando el caso del 3 por ciento en Cataluña, que amenaza con suponer un freno a las investigaciones, lo que supondrá un retraso muy importante. Porque los que se tengan que hacer cargo van a tener que invertir un tiempo para estudiar todo eso.

No están suficientemente explicadas las razones de esa decisión. Y no nos convencen, para nada.

Luego, declaraciones absolutamente inadmisibles para alguien que ocupa un puesto tan clave y tan importante y que maneja datos tan sensibles como el señor Moix. Diciendo que hasta se había colocado un micrófono en un despacho, en un caso que está bajo secreto de sumario.

Hemos ido conociendo datos sobre ese caso, en los últimos días, que no han sido desmentidos que confirman todos los prejuicios que había y todas las sospechas que había cuando se produce su nombramiento. De que era una persona especialmente afín al Partido Popular, que lleva muchos años gobernando en Madrid.

Los políticos no hemos entendido ese concepto de la responsabilidad política

¿Se entiende en España lo que significa la responsabilidad política?

Desde mi punto de vista, los políticos no hemos entendido ese concepto de la responsabilidad política. Y hemos dejado la tarea de limpieza de los establos de esta democracia exclusivamente a los jueces y a los fiscales.

En esa situación, cuando jueces y fiscales son los que están sosteniendo la credibilidad del sistema democrático, que alguien los pretenda domesticar, influir, ponerles obstáculos, es especialmente grave.

Nosotros hemos pedido la comparecencia de Catalá y del fiscal general del Estado [será el próximo 10 de mayo]. Queremos explicaciones. Un ministro de Justicia no puede comportarse como un afiliado de un partido político, más preocupado por blanquear a sus compañeros de partido que por dotar de medios.

Cuando lees la entrevista con el juez Velasco, en El Mundo, diciendo que se va porque, entre otras cosas, no le dan los medios…

En la justicia ahora mismo hay dos cosas prioritarias: medios suficientes para combatir la corrupción y refuerzo de la independencia. Para que no haya intromisiones de partidos políticos ni del poder de ningún tipo.

En estos momentos tenemos muchísimas dudas de que el ministro Catalá pueda garantizarlas, ni el fiscal general del Estado.

Esto nos lleva al futuro cercano, a la gestación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. ¿Pasa por quitar la potestad al Gobierno de nombrar al fiscal y que lo haga el Parlamento?

Esa es nuestra propuesta. Está en el programa. Es un modelo fiscal totalmente autónomo e independiente del poder político, donde la elección del fiscal general depende del Congreso de los Diputados, y con una autonomía orgánica funcional y presupuestaria. Y que rinda cuentas ante la Cámara y no ante el gobierno.

¿Qué dice el PP?

No nos han dicho ni que sí ni que no. En este contexto actual y con este modelo de elección del fiscal general del Estado, nosotros nos opondremos frontalmente al cambio del modelo de instrucción.

Lo cual no quiere decir que no seamos conscientes de la obsolescencia del código procesal penal vigente, que data del siglo XIX, cuya reforma integral es vital.

No aceptaremos el cambio de la instrucción exclusiva por el Ministerio Fiscal si persiste este modelo de Fiscalía.

¿Qué opina de la “regulación” de la acusación popular?

Está reconocida constitucionalmente. Debe mantenerse. Los jueces y magistrados tienen mecanismos para asegurarse de que se hace un uso correcto de ello y para expulsar a aquellos que quieren aprovecharse de esa figura, con mala fe o de forma torticera.

No puede ser que, porque haya habido gente que ha utilizado incorrectamente ese derecho, contamine a todas las personas que actúan con buena fe y criterio altruista en defensa de los intereses generales.

En ningún caso creo que tengamos que ser los políticos, para protegernos a nosotros mismos, recortemos derechos a los ciudadanos.

Nosotros como partido no somos partidarios de contaminar la acción de la justicia utilizando la justicia como arma política para cargarnos al rival. La política tiene su espacio y la justicia el suyo.

En la justicia ahora mismo hay dos cosas prioritarias: medios suficientes para combatir la corrupción y refuerzo de la independencia

Desde su punto de vista, ¿es difícil solventar el problema de la Justicia cuando en España tenemos 13 “Ministerios de Justicia”?

Es un problema y hay que ver cómo lo solventamos. Desde el Ministerio aseguran que se va a trabajar en un sistema que haga compatible los distintos sistemas de gestión procesal que existen en las distintas comunidades autónomas.

El propio director general del Justicia, Antonio Dorado, explicaba recientemente en esta Cámara, Melilla es territorio Ministerio, pero depende de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y las comunicaciones entre la primera instancia y los tribunales superiores se manejan con entornos digitales diferentes.

No se comunican entre sí.

Tenemos una unidad formal, una unidad jurisdiccional, a nivel de norma, pero tenemos un fraccionamiento absoluto del servicio público Justicia.

Esto crea una justicia de varias velocidades.

Claro, esto depende de la capacidad económica de cada Autonomía. Y es un problema muy serio.

El futuro sistema de gestión informático único para todo el territorio, ¿es posible?

Nosotros esperamos que el proyecto impulsado por Ministerio salga adelante. O hacemos que, a nivel de gestión, los sistemas sean interoperables o esto no funciona. Vamos hacia un mundo cada vez más interconectado, cada vez más global, con mayor movilidad de las personas. Hacer compartimentos estancos en el ámbito de la justicia es un auténtico disparate.

La Nueva Oficina Judicial (NOJ), a la que yo llamo, “BOJ”, como el árbol mítico de Asturias, es ya la vieja oficina judicial.

Han sido incapaces de implementar esa nueva oficina judicial en los últimos 17 años. Esto pone de manifiesto que tenemos a un Gobierno, y a un Estado, muy atado de pies y manos para desarrollar políticas públicas de ámbito y alcance nacional.

La justicia es la columna vertebral del Estado, sí, pero el concepto en sí mismo es más formal que otra cosa.

¿Está la Nueva Oficina Judicial ya obsoleta?

Si para hacer interoperables los medios informáticos tenemos un problema, con los medios humanos tenemos un problema aún mayor. Sobre el personal que trabaja en la misma oficina actúan tres administraciones.

Es el resultado de una sentencia del Tribunal Constitucional que aseguraba que la Administración de la Administración de Justicia sí era transferible…

Sin duda. Al final, hay un problema de gestión muy serio porque existen una pluralidad de competencias y nadie quiere renunciar a ellas.

¿Cree en los objetivos finales de la subcomisión de Justicia?

Sí, yo me los creo. Nosotros no estamos dispuestos a convertirla en un cascarón vacío.  Por ello queremos que la subcomisión actúe con rapidez y con eficacia. Queremos explorar las posibilidades de que exista de verdad ese Pacto Nacional por la Justicia porque sería bueno para todos. Aunque no queremos dilaciones, nos hemos dado seis meses y el tiempo está corriendo.

Queremos un contenido tangible, con un cronograma de implantación claro y con un compromiso de que todas las medidas que se adopten en ese marco se van a poder llevar a la práctica y que haya un respaldo presupuestario detrás.

Si algo necesita un plan de medios, con una inversión sostenible, más allá de un ejercicio presupuestario, es la justicia.

Lo que no estamos dispuestos es a más vinos blancos, a actuaciones dedicadas a la galería y de propaganda.

No aceptaremos el cambio de la instrucción exclusiva por el Ministerio Fiscal si persiste este modelo de Fiscalía

Estamos hablando de resultados en septiembre u octubre…

Sí, en septiembre u octubre tenemos un principio de acuerdo, o no.

Lo mejor es no marear la perdiz. Para nosotros, en ese Pacto hay una cosa muy importante, y que con los últimos acontecimientos cobra mayor importancia, como es el refuerzo a la independencia judicial. Y ello, implica una modificación en el modelo de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial.

¿Que los doce vocales jueces sean elegidos por sus iguales, sus compañeros de carrera?

Sí, volver al origen. Al sistema original. Más allá de discutir sobre si la reforma que se llevó a cabo en el año 1985 tenía razón de ser o no, lo que ha quedado claro es que el modelo actual no funciona.

Nos ha avocado a una falta total de credibilidad del órgano de gobierno de los jueces y a una pérdida de credibilidad de la independencia judicial. Los ciudadanos no ven al poder judicial como un poder independiente.

Nosotros creemos que es fundamental crear una verdadera carrera judicial, presidida por mérito y capacidad, limitando al máximo la discrecionalidad

¿Y esto se va a poder cambiar?

El PP lo tiene firmado con nosotros. Y seremos exigentes en el cumplimiento de ese acuerdo. Todos los grupos hablan de garantizar la independencia judicial. Ahora tenemos una magnífica oportunidad para ponerlo en marcha.

Eso sí, respetando la pluralidad de la carrera judicial. Esto no implica dejar el órgano de gobierno de los jueces en manos de las asociaciones judiciales y que se produzca un reparto de cuotas.

Hay sistemas para garantizar la absoluta pluralidad y participación de todo el colectivo judicial de más de 5500 jueces y magistrados.

Se trata de evitar el control político del órgano de gobierno de los jueces, ganar credibilidad y reforzar la independencia judicial.

Es decir, conseguir que los propios jueces y magistrados se sientan seguros e independientes, algo que ahora no ocurre, sin caer en el control corporativo de las asociaciones.

¿También están por la labor de modificar el carácter presidencialista del CGPJ?

Nosotros éramos partidarios de reducir absolutamente el Consejo. Hablábamos de la posibilidad, incluso, de reducirlo a tres miembros.

Los ciudadanos no ven al poder judicial como un poder independiente

Para eso habría que modificar la Constitución…

Sí, es algo más complicado. Nosotros creemos que es fundamental crear una verdadera carrera judicial, presidida por mérito y capacidad, limitando al máximo la discrecionalidad. Ahora mismo hay un subjetivismo muy alto, especialmente en la cúpula judicial y eso hay que limitarlo.

Creemos en unos baremos tasados, como existen en todos los sistemas europeos de nuestro entorno.

También es fundamental limitar las puertas giratorias entre el poder judicial y el mundo de la política. Eso contamina mucho la actividad profesional.

Además, el Ministerio nos dijo que estaba de acuerdo con nosotros en suprimir los magistrados de designación autonómica de los Tribunales Superiores de Justicia, pero ahora hay que llevarlo a la práctica.

Si hacemos todo esto la función del Consejo se va a ver muy limitada.

El otro día decía el magistrado Jesús Villegas, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, “que la transparencia del CGPJ ha hecho que se vea la falta de transparencia en los nombramientos del CGPJ”.

Creo que hay una sensación de hartazgo en el conjunto de toda la carrera y eso ha cuajado en foros como el que representa la citada Plataforma.

Existe un hartazgo respecto a la política de nombramientos, la falta de transparencia y, en cierta medida, el control de esa política de nombramientos por las propias asociaciones.

La gran mayoría de los jueces apuestan por ir hacia un modelo más objetivado de nombramientos, fundamentada exclusivamente en los criterios de mérito y capacidad.

Existe un pesimismo dentro de la propia carrera respecto a sus representantes. Hay que recuperar la ilusión de la carrera judicial.

Incluso, he detectado en las propias asociaciones judiciales una voluntad de cambio respecto al modelo de elección del órgano de gobierno.

En la comparecencia de Carlos Lesmes ante la Comisión de Justicia, usted hizo una pregunta sobre las diligencias abiertas por el CGPJ al magistrado Manuel Ruiz de Lara que no fue contestada…

A la mesa del Congreso nos llegó una petición de este magistrado para realizar la final de los Debates de los Universitarios en el Congreso y nos pareció un proyecto fantástico. Yo no sospeché que cuando estaba autorizando esos debates jurídicos estaba actuando como colaborador necesario de una falta disciplinaria, que era de lo que se acusaba a este hombre.

Me pareció un disparate la acusación. No era un expediente disciplinario con demasiada motivación, o que estaba más oculta de lo que pudiera parecer.

Por ello, le pedí información, pero Lesmes no dijo nada al respecto. Espero que ese expediente sea archivado.

Existe un pesimismo dentro de la propia carrera respecto a sus representantes; hay que recuperar la ilusión de la carrera judicial

Recientemente hicieron una pregunta al Gobierno sobre el conflicto de los aprobados sin plaza…

Sí, ahí hay un problema de planificación. Que es pésima. Es un disparate. No se puede jugar con las expectativas de tanta gente. Lo que tienen que hacer son convocatorias adecuadas a las necesidades de la plantilla. No se están cubriendo.

Las 3.000 plazas, de la oferta de empleo público, nos parecen insuficientes. Porque no hay creación de nuevas plazas. Son de mantenimiento. Y no creo que dé para cubrir las jubilaciones.

De la misma forma que las 100 plazas de jueces y fiscales, 65, 35, también nos parecen claramente insuficientes. No van a cubrir la tasa de jubilación. Probablemente, a corto plazo, el año que viene, vamos a tener un problema muy serio de dotación en la carrera judicial.

También hay un conflicto de intereses entre los que quieren conservar sus expectativas y presentarse a todo, manteniendo la plaza que han ganado pero sin cubrirla. Y los que quieren trabajar.

Sin embargo, esta reivindicación está cargada de razón. Si yo saco dos oposiciones, una superior y otra inferior, y ocupo la superior, la inferior pasa a ser ocupada ‘temporalmente’ por un interino. ¿No sería más lógico que el que ha aprobado la oposición inferior, pero que no ha conseguido plaza, y que es interino también, ocupe los primeros lugares de la bolsa de interinos y, en consecuencia, esas plazas que no han sido ocupadas por sus titulares? La Administración así se dotaría de calidad porque los que tendrían que estar estarían.

Estoy de acuerdo con ustedes, pero los aprobados no pueden ser interinos. Tienen derecho a una plaza en propiedad.

Pero los opositores que han aprobado también son interinos y están en la bolsa de interinos.

Sí, pero la bolsa de interinos se rige por unas normas donde rige la antigüedad. Y parece lógico que por tu experiencia tengas una plaza.

Repito que es un problema de planificación de la oferta de empleo público. No se ha hecho bien y a eso tiene dar respuesta la Administración de Justicia.

Hemos hecho dos preguntas por escrito para que nos contesten y nos digan que van a hacer con esta gente.

Todo el mundo tiene derecho a una plaza para la que se ha esforzado y se ha preparado. Con las necesidades de plantilla que hay ahora mismo en la Administración de Justicia no está justificado que haya gente que ha aprobado una oposición y no tenga plaza.

Hay que crearles las plazas.

Cambiando de tema, a usted le preocupa, de forma especial, la justicia gratuita, ¿no es así?

Es la gran olvidada. La justicia gratuita necesita un reconocimiento público y un refuerzo importante. Nosotros tenemos una proposición no de ley, que esperemos poder tramitar en breve, que va en la línea de refuerzo y unificación del turno de oficio, tanto de abogados como de procuradores.

Creemos firmemente que no se valora suficientemente su trabajo. Si uno cuando va al médico supiese que ese médico que le va a atender va a cobrar dos euros la hora y lo va a cobrar dentro de seis meses o un año…

Después de eso, cuando coges las encuestas del Observatorio de Justicia Gratuita y ves que los resultados de satisfacción son brillantes, porque el desempeño de los profesionales es buenísimo –ratificado por la opinión de los usuarios, de los ciudadanos-, te das cuenta de la injusticia con la que están siendo tratados.

Creemos firmemente que no se valora suficientemente el trabajo del turno de oficio 

El turno de oficio es una de las patas principales del servicio público de la justicia. Necesita un refuerzo muy importante.

Nosotros le decíamos al Ministerio, el pasado martes, que no era de recibo que los baremos no se hubieran tocado desde 2012.

Desde Ciudadanos vamos a trabajar para su reunificación y su reconocimiento, y para llevar una importante reforma del turno de oficio.

Ha pasado desapercibido pero la primera ley que hemos firmado tres grupos parlamentarios, va precisamente relativo a este asunto. Que era deshacer el fiasco del IVA. Ha sido un disparate del propio Gobierno. Parecen compartimientos estancos. El Ministerio de Hacienda disparando contra el Ministerio de Justicia. Con una interpretación muy discutible de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Al final nos hemos puesto de acuerdo tres grupos, el PSOE, el PP y nosotros y espero que esa ley pueda entrar en vigor cuanto antes y acabar con esa incertidumbre.

La sensación, dentro de la profesión, es de abandono. Además, hay diferencias en lo que al turno de oficio se refiere entre las Comunidades Autónomas. Son tremendas. Es un turno de oficio de varias velocidades.

Esa es otra línea de actuación.

Un servicio de justicia gratuita digno, a la altura del siglo XXI, es garantía de un derecho fundamental, como es el acceso a la justicia. Tenemos que diferenciarlo de la visión asistencial, de pura beneficiencia, que es la que ha venido existiendo hasta ahora. Es imprescindible dar un tratamiento digno a los profesionales que cubren eso.

¿Y qué hay de las tasas?

Hay un compromiso firmado, dentro de las 150 medidas, de sacar una ley de tasas, quedo desarmada, que elimina las tasas a las pymes, ongs y personas físicas.

Nosotros presentamos una proposición de ley… No somos partidarios de las tasas. No se puede regular el ejercicio de un derecho poniéndole barreras de entrada.

Si hay una gran demanda, tienes que dotarlo. No puedes hacer, como se hizo con el “tasazo”, poniendo barreras de entrada para que la gente no pueda ejercitar sus derechos.

A partir de ahí, queremos el cumplimiento de la sentencia del Constitucional. Incluso vetaron nuestra ley de tasas porque tenía incidencia presupuestaria.

Lo que esperamos es que a no tardar haya un acuerdo que permita suprimir definitivamente las tasas que no tienen justificación.

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