De izquierda a derecha: Carlos Andreucci, José Ramón Antón, Carmen Pérez Andújar, Amy Armstrong, Eric Chang y Carlos Escaño.
La abogacía internacional reclama una mayor protección de los derechos humanos y las libertades
|
30/4/2017 04:58
|
Actualizado: 29/4/2017 17:11
|
300 abogados de 42 países de todo el mundo presentes en la IX Edición de Encuentros en Madrid organizada desde el Colegio de Abogados, la que más presencia internacional ha tenido en todas las celebradas. El análisis de la pena de muerte y su vigencia en el mundo fue la última mesa de trabajo. En la clausura se leyó el tradicional Manifiesto que en esta ocasión reclama un blindaje a los Derechos Humanos conquistados por el ser humano a lo largo de la historia.
La sensación que muchos de estos juristas se llevan a sus países de origen es que hay que trabajar mucho por los derechos y libertadas y de forma unida, desde el apoyo que pueden dar las asociaciones y Colegios de Abogados.
Durante tres días se han abordaron cuestiones relacionadas a los delitos en Internet, el Brexit y sus consecuencias jurídicas, los límites de la libertad de expresión del abogado y el momento actual que vive la pena de muerte en el mundo. Asuntos donde se puso, una vez más de manifiesto, la necesidad que la abogacía trabaje unida a nivel internacional para luchar contra las injusticias y defender el derecho a la tutela judicial efectiva. También se indicó la necesidad de implicar a los medios de comunicación de cara a que puedan ayudar al trabajo de los abogados y a generar opinión pública sobre determinados asuntos.
En el acto de clausura, ausente la decana Sonia Gumpert, por las circunstancias familiares ya conocidas, fue la Diputada y Secretaría de la Junta de Gobierno, Carmen Pérez Andujar quien hizo lectura del tradicional Manifiesto que cierra esta reunión internacional de abogados. Como dato más destacado señalo la necesidad de contar con una Ley Orgánica que proteja el Derecho a la Defensa, una de las reivindicaciones históricas de nuestra abogacía patria, así como la necesidad de buscar la fórmula de blindar los derechos humanos y libertades conseguidos “ ante el avance de la ciencia e innovación que no debe tratar de modificarlos o reducirlos” señala dicho texto.
También se pide en el conflicto abierto por el Brexit que esa salida genere un reparto de cargas y beneficios de forma equitativa ante la salida de Reino Unido de Europa”, cuestión que se abordó este viernes de forma brillante por asistentes como Sara Chandler, vicepresidenta de la FBE y Carlos J Moreiro, profesor de derecho internacional público de la Universidad Carlos III. Al mismo tiempo en el citado Manifiesto se señala el rechazo más radical por la abogacía internacional de la pena de muerte a la que se califica de “práctica de dominación política extraña a la conformación de las leyes”.
La pena de muerte, incompatible con una sociedad moderna
Fue precisamente la pena de muerte y su debate jurídico el colofón a estos IX Encuentros en Madrid. Esta mesa redonda que fue moderada por la propia Carmen Pérez Andújar sobre “La Abogacía y la pena de muerte” contó con la presencia Amy Armstrong, directora de Arizona Capital Representation Project; el presidente de la Sección de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Madrid, José Ramón Antón Boix; Carlos Andreucci, expresidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados; y Carlos Escaño, responsable de Pena de Muerte de Amnistía Internacional España participaron en el panel.
Fue Escaño quien abrió el turno de palabra señalando que el pasado año fueron ejecutadas en todo el mundo un millar de personas sin contar los datos de China, estadísticas que recordó que no eran muy fiables por su falta de transparencia. “En el actual ranking de países que más usan la pena capital se encuentra ahora liderado por Irán, Arabia Saudí, Pakistán e Irak. En esta clasificación EEUU por vez primera ha bajado puestos y el pasado año solo registró 20 ejecuciones”.
Para este experto en Derechos Humanos poco a poco se va ganando estaba batalla a que los estados reconsideren usar la pena de muerte “No obstante aún hay 18.000 personas en el corredor de la muerte, esto es, encarcelados esperando ser ejecutados”.
Para José Ramón Antón, “estamos ante un problema global que requiere una solución a esa escala. El ICAM desde diciembre del pasado año forma parte de la llamada Coalición Mundial contra la Pena de muerte. Madrid, junto con el Colegio de París, son las dos únicas entidades jurídicas de abogados representadas por el momento”. Para este experto el concepto de legítima defensa que se esgrime para estar a favor de la pena de muerte no se sostiene en una sociedad civilizada. Antón como el resto de intervinientes recordaron que el fin de la pena debe ser en la medida de lo posible reinsertar al delincuente en la sociedad.
Sobre la llegada al poder en EEUU de Donald Trump, Amy Armstrong jurista que trabaja en una entidad que da servicios y ayuda a condenados a muerte en el estado de EEUU de Arizona señalo que “no estoy del todo convencida que sea una buena noticia para la abolición de la pena de muerte. Hasta ahora el sistema judicial americano ha sido bastante racista y casi siempre que hay un agresor negro y una víctima blanca el desenlace puede ser fatal”. En la actualidad hay 31 estados de EEUU que mantienen la pena de muerte y otros 19 que ya la derogaron. Desde 1976 cerca de 1500 personas fueron ejecutadas en este país norteamericano. Con los últimos cambios legislativos el Tribunal Supremo americano ha reducido la pena de muerte a cierto tipo de asesinatos que se cometan y crean alarma social.
En su intervención, Carlos Andreucci se adentró en la historia de su Argentina natal para señalar que la pena de muerte había sido protagonista en diferentes momentos de la historia de aquel país “sin ser la solución efectiva para los problemas que allí se generaron”. Y apuntó a que según estudios de la Organización Nacional de las Naciones Unidas (ONU) realizados entre los años 2003 y 2011 se había detectado la proliferación de la pena de muerte en países con sistemas jurídicos muy débiles donde el derecho a la defensa estaba prácticamente desaparecido. “Al mismo tiempo hay que darse cuenta que no hay datos fiables que señalen que la implantación de la pena de muerte es un elemento disuasorio de los delitos más graves. “La pena de muerte no puede ser la satisfacción de la venganza. Es inadmisible”, recordó.
En el marco de los Encuentros también ha tenido lugar la entrega de las Medallas de Honor del Colegio. El decano Luis Martí Mingarro y el abogado Óscar Melchor Rodríguez Valverde (a título póstumo, abogado fallecido en los juzgados de Plaza de Castilla en el ejercicio de su profesión) recibieron la distinción de Colegiado de Honor. Este año, la Medalla de Honor del Colegio de Abogados de Madrid ha sido concedida a Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española; a Dominique Attias, vicedecana del Colegio de Abogados de París; a Laurence Bory, presidenta de la Unión Internacional de Abogados; y a Reynaldo Peters, abogado y ex Ministro de Trabajo de Bolivia.
Noticias Relacionadas:
