Agustín Azparren y Jesús Villegas, presidente y secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Confilegal.
La Plataforma Judicial insta al Parlamento a asumir los 1.200 nuevos jueces propuestos por Podemos y el decálogo de Ciudadanos
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17/5/2017 04:59
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Actualizado: 16/5/2017 19:00
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La Plataforma Cívicia por la Independencia Judicial (PCIJ) ha instado al Parlamento a asumir los 1.200 nuevos jueces propuestos por Podemos en sus enmiendas a los presupuestos generales del Estado y al decálogo por la despolotización de la Justicia, presentado por Ciudadanos en Madrid el pasado 8 de mayo.
A través de un comunicado, la PCIJ -asociación transversal formada por jueces, magistados, fiscales, abogados, juristas, profesores universitarios y ciudadanos preocupados por la Justicia-, ha dejado clara su posición: «Dado que se trata de reivindicaciones que la Plataforma viene defendiendo desde su creación, en el año 2010, instamos a que tales iniciativas sean asumidas por el resto de los grupos políticos en el entendimiento de que se trata de una materia donde ha de alcanzarse un consenso de Estado superador de los particularismos partidistas».
La previsión del Gobierno es crear 100 nuevas plazas -en principio de jueces y fiscales-. La propuesta de Podemos supondría multiplicar por 12 esa cantidad.
El decálogo de medidas para la despolitización de la Justicia, presentado públicamente por Albert Rivera en el Ayuntamiento de Madrid, fue apoyado, con su presencia y asistencia, por el presidente de la Plataforma, el abogado, exmagistrado y exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Agustín Azparren, quien relató a los presentes sus experiencias y por qué creía que eran tan valiosas las propuestas de Ciudadanos.
Entrevista con el director general de Justicia
La Plataforma, por otra parte, ha informado a la carrera judicial que una delegación suya será hoy recibida por el director general de la Administración de Justicia, Joaquín Delgado, al que le hablarán de su reivindicación por la «democratización del la carrera judicial mediante el principio de un «un juez/un voto» para la elección de las vocalías judiciales del Consejo y cargos gubernativos», «la necesidad de objetivar los nombramientos de altos cargos judiciales» y «la reforma de la investigación criminal para que, al margen de que investiguen jueces o fiscales, se haga de manera independiente, objetiva e imparcial».
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