A Transparencia Internacional no le importa ir contra corriente en estos tiempos de tribulaciones en la Fiscalía, donde todo está en tela de juicio. Al contrario. el presidente de Transparencia Internacional en España, Jesús Lizcano, y el secretario general de la misma, José Ugaz, dieron ayer su apoyo decidido al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que el Ministerio Público sea quien dirija la investigación de los causas penales y no los jueces como ha venido ocurriendo hasta ahora en nuestra historia pre y constitucional.
Así se lo hicieorn saber a Maza en el marco de una reunión en la que analizaron las medidas necesarias para erradicar la corrupción y potenciar el papel del Ministerio Público, según informó la Fiscalía General del Estado en un comunicado.
En dicho encuentro, el fiscal general del Estado subrayó la necesidad de reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para incrementar la autonomía de los representantes del Ministerio Público. Asimismo, ha agradecido la entrega de la documentación por parte de Transparencia Internacional sobre las conclusiones que saca de la Fiscalía española.
En este documento, Transparencia Internacional propone 12 iniciativas para potenciar las funciones de la Fiscalía. Entre ellas, descarta la «inadmisible escasez de recursos humanos» y destaca la «lentitud de la Justicia en España» como uno de los mayores problemas.
«En España hay aproximadamente la mitad de jueces que la media de la Unión Europea por cada cien mil habitantes. Algo similar ocurre con los Fiscales, ya que en Europa hay 12 fiscales por cada cien mil habitantes frente a los cinco fiscales que hay en España. Ello contribuye a una excesiva e inadmisible lentitud de la Justicia en este país», argumentan desde Transparencia Internacional.
«LA JUSTICIA LENTA NO ES JUSTICIA»
Por ello, la organización reclama adoptar «urgentes» medidas legales e institucionales para duplicar como mínimo la plantilla de jueces y fiscales en un corto periodo de tiempo. «La justicia lenta no es justicia, y si se trata de la Justicia penal ello conlleva que el último resorte de intervención y de garantía del Estado no funciona», añade.
Además, también exige la creación de un código ético de la Fiscalía y «acabar con la dependencia financiera» respecto al Poder Ejecutivo, ya que, según explica, depender del Ministerio de Justicia tiene una «evidente limitación en su independencia».
Transparencia Internacional también considera que existe opacidad en los nombramientos en la Fiscalía Anticorrupción, por lo que propone que sean «reuniones públicas y grabadas» como en otros países, y señala las «claras insuficiencias tecnológicas» del Ministerio Fiscal como otro de los lastres para el desempeño eficaz de sus funciones.
La organización tampoco esquiva la polémica sobre las filtraciones a los medios y sugiere la creación de una oficina de prensa en la Fiscalía para «canalizar la información a los medios, de una manera rigurosa y objetiva, superando las filtraciones, y respetando escrupulosamente el secreto del sumario, de forma similar a lo que ya existe en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional». EP.
