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José Manuel Maza: «En el marco de la ‘operación Lezo’ se produjo una tormenta perfecta»

El fiscal general del Estado en el patio interior de la sede de la Fiscalía. Carlos Berbell/Confilegal.
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José Manuel Maza, de 65 años, es, desde el pasado 25 de noviembre de 2016, fiscal general del Estado. En este lapso de tiempo de apenas 6 meses, este magistrado del Tribunal Supremo -en servicios especiales-, ha vivido lo que ha denominado como «una tormenta perfecta», en recuerdo de aquella famosa película de 2000, dirigida por Wolgang Petersen y protagonizada por  George Clooney, Mark Wahlberg William Fichtner.

«Estos primeros seis meses están siendo duros. Tremendos, sí», afirma en referencia a los acontecimientos acaecidos a raíz de la llamada ‘operación Lezo’.

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La entrevista tiene lugar en su despacho oficial, en la sede la Fiscalía, en la madrileña calle Fortuny, al filo del mediodía. Como siempre Maza, se mantiene tranquilo.

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«Se han juntado muchas cosas, muchos factores: la situación de algunos medios, la situación política, la propia situación de la Fiscalía, con las dificultades que hubo para hacer todos los nombramientos que hubo que hacer. Ha sido una ‘tormenta perfecta’, en toda regla», añade. «Así lo definió un amigo mío recientemente, y creo que no se equivoca».

Decía Joseph Goebbels, el ministro nazi de Propaganda, que una mentira que se repite mil veces se convierte en verdad. ¿Lo suscribe?

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No, porque no es verdad. Las mentiras nunca serán verdad por mucho que se repitan. Aquí ha habido algunas cosas que son falsas, pero la mayoría de las cosas que se han publicado sobre la Fiscalía no es que sean falsas, sino que son interpretaciones incorrectas sobre datos e informaciones.

No se trata tanto de mentiras, sino de repetir y repetir una interpretación con la que no estoy de acuerdo en absoluto.

Además, creo que los hechos demuestran claramente que no son así.

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Maza reconoce que en estos momentos no dispone de herramientas para impedir que se produzcan filtraciones. Yolanda Rodríguez/Confilegal.

En la comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aseguró que quería herramientas para evitar las filtraciones. ¿Las filtraciones son inevitables?

Son muy difíciles de evitar. Normalmente llegas tarde. Cuando quieres saber quién ha realizado una filtración, ésta ya se ha producido. Lo cual no quita que se hayan conocido y juzgado algunos casos de filtraciones.

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Yo, acudiría al derecho comparado. No sé como esto no ocurre tanto en otros países.

Ha negado que se plantee un sistema como el modelo alemán…

Yo nunca dije lo de Alemania, eso lo dijo Manuel Moix en una entrevista.

Y al hablar de herramientas para combatir las filtraciones, ¿en qué herramientas se piensa desde la Fiscalía?

No lo sé. Tenemos que estudiarlo. Lo que no se puede hacer es poner vigilancia a todos los que tienen conocimiento de un sumario declarado secreto. Eso no se puede hacer porque sería algo prospectivo.

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A lo mejor sería efectivo utilizar la observación posterior. No entras en las comunicaciones, pero sí puedes ver quién se ha comunicado con el informador a través de los listados telefónicos.

Esta podría ser una opción, aunque el filtrador lo evitaría no hablando por teléfono y reuniéndose con la fuente en un parque.

A mí la reprobación del Congreso de los Diputados no me afecta, me produce tristeza porque no han atentido a mis razones 

En la Facultad de Derecho te enseñan que cuando un sumario está declarado secreto los únicos que tienen acceso a él son el juez y el fiscal.

Y la policía y los funcionarios del juzgado. Por eso digo que es difícil acabar con las filtraciones con el actual estado de cosas.

¿La reprobación en el Congreso de los Diputados le afecta?

No, en absoluto. Pero me produce tristeza. No han atendido a mis razones. Yo les expliqué muchas cosas que ni han tratado ni abordado.

Todo lo que se ha construido contra mí, para llegar a esa reprobación, se ha hecho con materiales filtrados con toda intención. No han escuchado nada de lo que yo les expliqué y eso me produce cierto dolor.

La reprobación no me afecta porque no me pueden cesar. Tampoco voy a coger el camino de la dimisión y el de la huida porque sería dejar en debilidad esta institución, especialmente para quien me sustituya. Vendría ya con el precedente de que se le pudiera echar porque a alguien no le guste.

Por otra parte, me disgusta que el Congreso de los Diputados no adopte las medidas que sí podría en materia legislativa como la mejora del procedimiento penal para combatir la corrupción.  Y, sin embargo, sí que atiendan a filtraciones que perjudican las investigaciones.

¿Qué conclusión saca de que casi todos los medios de comunicación hayan ido en el mismo sentido?

Aquí ha habido varios factores. El primero es que yo no haya salido a explicarme hasta comparecer en el Congreso. Yo pedí que fuera cuanto antes, pero se estaban abordando los presupuestos y no se pudo hacer antes.

Se produjo un vacío de información y ahí se dio otra explicación alternativa, algo que yo entiendo.

Y aquí volvemos a hablar de la “tormenta perfecta”, de lo que les hablaba antes. Ahora estoy advirtiendo que, conforme voy dando explicaciones, la cosa empieza a reconducirse. Quien tiene espíritu crítico empieza a plantearse que a lo mejor es verdad lo que digo.

En la calle circula la idea de que todo se ha producido al introducir un ‘elemento extraño’ en la Fiscalía Anticorrupción…

A eso no puedo responder. Sí puedo afirmar que el nombramiento de Manuel Moix se produce porque es una persona que siempre me ha demostrado que es eficaz y, por tanto, era la persona más indicada para este puesto en la lucha contra la corrupción.

Creo que un cambio de procedimiento penal sería estupendo, donde la policía investiga, el fiscal controla esa investigación y un juez de garantías controla al fiscal y a la policía

La ciudadanía tiene la percepción de que todos los días se abren muchos asuntos que luego se quedan en nada, es como un “parto de los montes continuo”, lo que genera mucha frustración.

Sí. Además, genera también una gran desconfianza en las instituciones. Tenemos que ir a temas concretos y bien hechos. En Anticorrupción se llevan asuntos muy complejos.

Otra cosa que preocupa en el mundo jurídico es la idea de que tanto la UDEF como la UCO incluyen en sus informes dictámenes jurídicos. Y que algunos jueces y fiscales los asumen como tal…

Como se ha visto en las filtraciones, en algunos casos ha existido esa sensación. Desde el punto de vista jurídico, para mí es incorrecto. Yo me imagino que está hecho con la buena fe e intención de ayudar y facilitar la investigación.

Lo repito: técnicamente es incorrecto. Y pueden derivar en cosas que no pueden ser.

Por eso, creo que un cambio de procedimiento penal sería estupendo, donde la policía investiga, el fiscal controla esa investigación y un juez de garantías controla al fiscal y a la policía.

Separar las funciones de todos y asegurarlas debidamente, desde mi punto de vista, es lo correcto.

En el sistema actual están algo confusas. Porque está el juez, que es el protagonista, el fiscal, que no se sabe muy bien el papel…

El fiscal general del Estado en su despacho, en el que destada la foto oficial de Rey Felipe VI, ataviado con la toga clásica. Carlos Berbell/Confilegal.

La preinstrucción que llevan a cabo…

Efectivamente. Para que no se produzcan estas disfunciones tendría que introducirse el sistema acusatorio puro.

Algunos “opinólogos” han afirmado que después de lo ocurrido con la “operación Lezo”, el proyecto de pasarles la instrucción a los fiscales ha quedado tocado de muerte. ¿Piensa lo mismo?

Ahora quieren que toque a muerto, pero esto resucitará una y otra vez hasta que al final se acabe imponiendo. Por una razón, porque es el sistema de investigación que se aplica en todo el mundo.

Es el racionalmente lógico y el que mejor cubre las garantías.

Lo que hoy tenemos en España es un sistema inquisitivo. En el resto del mundo rige el sistema acusatorio puro en la instrucción y en el enjuiciamiento. Y eso no se va a poder evitar. Ese es el curso de la historia.

Transparencia Internacional apuesta por ello. Y hoy leía yo un trabajo excelente de una profesora de Canarias preguntándose qué es lo que va a pasar ahora que el fiscal europeo va a estar también en España. Como se sabe, el fiscal, en todos los países del Viejo Continente, es el que investiga.

¿Qué va a hacer aquí el fiscal europeo si siguen existiendo los jueces de instrucción? Va a plantear muchas disfunciones. Porque son una pieza arqueológica.

Dicho eso, no se niega en absoluto la extraordinaria tarea que han cumplido los jueces de instrucción en España hasta hoy, y que gracias a ello tenemos una justicia de un muy alto nivel, desde hace 130 años.

Pero todas las cosas son mejorables. Hay que acomodarse a los tiempos. La instrucción por los jueces era una herramienta extraordinaria cuando no existía la delincuencia organizada que hay ahora, que da lugar a las macrocausas que todos conocemos.

En reuniones internacionales de fiscales ha habido problemas –desde hace años- con la presencia de jueces de instrucción españoles. Porque había fiscales británicos que decían que qué pintaban los jueces allí

Este lunes conocíamos a través del diario El País el texto el de la denominada ‘Ley de ruptura‘ que prepara la Generalitat de Cataluña si el Gobierno de Mariano Rajoy impide la celebración de un referéndum de independencia.  Un texto que desde la Fiscalía ya están estudiando, ¿verdad?

Nos hemos reunido y hemos decidido que lo primero es confirmar lo publicado por el diario El País. No es que desconfiemos de lo publicado, ni de la profesionalidad del medio, ni mucho menos. Sin embargo, nosotros, no podemos guiarnos solo por una publicación de prensa.

De momento no tenemos ninguna decisión tomada, pero hemos empezado a reunirnos e intentamos recabar información. Lo primero es confirmar que lo publicado responde a la realidad.

Ayer publicamos en Confilegal una noticia sobre “el olvido” del Ministerio de Justicia en hacer una transposición de una Directiva Europea. ¿Cómo se les habrá podido pasar?

Esto viene de antes de llegar yo aquí. A mí Rosana [Morán, fiscal de Sala de Cooperación Internacional, autora del Dictamen 1/17] me dice que ya lo ha estado intentado impulsar. Lo ha estado hablando. En los últimos tiempos yo también llevé al Ministerio algún mensaje, como por ejemplo éste. Que estas órdenes se cumplan por la Fiscalía.

Porque había muchísimas quejas de otros países europeos que mandaban la orden a la Fiscalía. Porque en todos esos países las fiscalías se encargan de investigarlo y de gestionarlo todo.

Aquí había que mandarlo al juez del último pueblo. Claro, se volvían locos y se tardaba mucho.

Siempre hay que mandarlo al juez, cuando la diligencia supone una entrada y registro, unas intervenciones. Pero para tomar declaración a un señor y mandárselo al colega europeo, que es un fiscal, qué mejor que lo hagan los propios fiscales.

Este es otro ejemplo más de que nuestro sistema de jueces de instrucción no se sostiene.

En reuniones internacionales de fiscales ha habido problemas –desde hace años- con la presencia de jueces de instrucción españoles. Porque había fiscales británicos que decían que qué pintaban los jueces allí.

Quizá yo no lo vea, pero yo estoy seguro de que se va a producir. Salvo que todo el mundo descubra de repente que lo mejor son los jueces de instrucción y que todos los países, incluyendo los Estados Unidos, creen la figura del juez de instrucción [bromea].

«Ahora quieren que toque a muerto, pero esto resucitará una y otra vez hasta que al final se acabe imponiendo», afirma Maza en referencia a la instrucción por los fiscales. Yolanda Rodríguez/Confilegal.

Una de las cosas de las que hablaba Transparencia Internacional para garantizar la eficacia de la Fiscalía General del Estado es su independencia económica. ¿Qué opina usted?

Eso contribuiría, qué duda cabe, a que la Fiscalía tuviera mucha más autonomía organizativa. Que esta organización tuviera presupuestos propios, que sea la que decida sus necesidades de plantilla, que sea la que haga los concursos y los firme, que sea la que firme las sanciones más graves, que sea la que diga si es compatible o no que un fiscal de clase en la universidad…, son cosas que ahora hace el Ministerio de Justicia. Si esas competencias se le entregaran a la Fiscalía para que tuviera más robustez y autonomía organizativa, yo encantado.

Señor Maza, usted siempre habla de autonomía, evita la palabra independencia…

Es que es muy importante distinguir independencia de autonomía. Independiente es el que quien no puede recibir ni órdenes ni instrucción de nadie en absoluto. Ese es el juez. El poder judicial.

Autónomo es el fiscal. Son todos los fiscales, que pueden recibir instrucciones y órdenes, pero tienen mecanismos para defender su autonomía. Esa es la gran diferencia.

La autonomía del Ministerio Fiscal está plenamente garantizada en la ley. Otra cosa es que el fiscal general de turno quiera o no quiera ser autónomo, pero la ley te da los elementos para ello, entre otros que no te pueden cesar –desde el año 2007- hasta que no cese el Gobierno.

Luego, ¿qué mayor grado de autonomía funcional? Internamente tienes todos los mecanismos, como el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal famoso.

El cumplimiento normativo nace para impedir que las empresas anden por ahí intentando comprar a funcionarios y a responsables políticos en terceros países

¿Cuál es su gran reto inmediato?

Reforzar la Fiscalía, desde el punto de vista organizativo, y conseguir el cambio procesal penal. Ya sé que es muy difícil, pero voy a luchar por ello. Soy muy testarudo [se ríe].

¿De haber sabido que se iba a meter en este berenjenal habría aceptado?

Pues sí, porque me gustan la lucha y los retos. Esto es muy apasionante también. Estás metido en la lucha por el Estado de derecho en primera fila.

Tanto el ministro como usted han hecho hincapié varias veces en los últimos tiempos en la importancia del cumplimiento normativo para combatir la corrupción no sólo en las empresas sino también incluso en los partidos políticos y los sindicatos. El PP, incluso, ya está aplicando ese cumplimiento normativo a su funcionamiento interno. ¿Esta es una solución eficaz?

Es una de las medidas que todos los países del mundo más atención han prestado en la lucha contra la corrupción. Es más, la introducción del cumplimiento normativo en España como en el resto de los países europeos, se hace por presiones de la ONU y de la OCDE precisamente para combatir la corrupción internacional en las empresas.

Nace para impedir que las empresas anden por ahí intentando comprar a funcionarios y a responsables políticos en terceros países. Ese es el origen de la expansión mundial. No es el origen en Estados Unidos y en los países anglosajones que lleva desde mucho más tiempo.

A España se lo ha impuesto la OCDE. Y, por ejemplo, la exposición de motivos de la ley colombiana, que es de febrero de 2016, lo dice claramente: introducimos este sistema de responsabilidad de las personas jurídicas porque nos obliga la OCDE.

El primer objetivo fundamental era luchar contra la corrupción, luego se extendió a otros. Era la imposición de controles internos para impedir la compra de funcionarios.

El cumplimiento normativo es implementable en empresas pero también en partidos políticos y sindicatos, según Maza.

Sin embargo, no se implementa a las Administraciones Públicas, ya sean estatales, autonómicas o locales.

Hace poco me enteré de que el alcalde de un importante ayuntamiento catalán, no recuerdo el nombre, había propuesto aplicar el cumplimiento normativo al consistorio. Le habían dicho que nadie lo exigía, pero él quiso aplicarlo por transparencia.

Se puede hacer en todos los organismos públicos. Lo que pasa es que no tendría sanción penal, porque están excluidos.

Solamente se podría hacer para demostrar que quieres hacer las cosas bien, que quieres ser transparente y que quieres evitar los delitos. Pero si se cometen delitos porque no se haya hecho bien, no acarrea responsabilidad penal.

La responsabilidad penal por parte de las Administraciones Públicas prácticamente no existe en ningún lugar del mundo. Porque es el propio Estado el que se estaría castigando y estarían castigando a nosotros, los ciudadanos.

No tendría mucho sentido. El sistema está pensado originalmente para las empresas mercantiles de gran tamaño. Tanto para evitar delitos como para descubrir quién ha sido cuando se cometen.

La gran organización es la que plantea problemas.

El denunciante anónimo tiene un problema, que es como el testigo protegido, que luego, por exigencias del derecho de defensa, tiene que dar la cara e ir a juicio como testigo

La figura del «whistleblower», del denunciante anónimo, del informante, ¿cómo se articula?

En España es muy complicado. Ya la Agencia Española de Protección de Datos se pronunció en contra de la existencia de estas figuras. Yo tengo que confesar que, por mi formación jurídica, a mí lo del denunciante anónimo no me gusta nada.

En España, lo que se está discutiendo, por lo que yo sé, es si tiene que ser anónimo completamente o si puede ser, en cierta manera, discreto.

Lo que pasa es que el denunciante anónimo tiene un problema, que es como el testigo protegido, que luego, por exigencias del derecho de defensa, tiene que dar la cara e ir a juicio como testigo. Pues es también un poco de trampa decirle al empleado, ‘tú denuncia anónimamente’, y luego, al final, si se sabe quién eres, tienes que ir a juicio.

¡Hombre, si se han recabado pruebas por otro lado, valdrán, pero si no, tendrá que ir a declarar!

¿Es como cuadrar el círculo, entonces?

No, vuelvo al derecho comparado. En países, como Holanda, ha tenido mucho desarrollo la responsabilidad de las personas jurídicas. Muchísimo. Y además, tienen mucha fe en ello casi más que los estadounidenses. Sería muy interesante ver cómo lo han regulado allí ellos y ver si se podría adaptar a nuestro sistema, creo yo.

También es verdad que los españoles, y esto es cierto, somos hipergarantistas y en Holanda hacen más la vista gorda con ciertas cosas.

Pero es cuestión de estudiarlo.

El fiscal general del Estado está recabando toda la información sobre los cuatro casos señalados por el abogado -y fiscal de la Audiencia Nacional en excedencia-, Ignacio Peláez, en relación con el fiscal anticorrupción, José Grinda. Yolanda Rodríguez/Confilegal.

El otro día en 13TV saltó una noticia muy preocupante sobre el fiscal anticorrupción José Grinda. Tenemos entendido que el abogado Ignacio Peláez le ha pasado un informe sobre el asunto. 

Hemos recibido varios escritos. Tanto yo, como Consuelo Madrigal, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía de Madrid, hemos recibido escritos pidiendo explicaciones sobre una serie de procedimientos donde el sostiene que la actuación de determinados fiscales fueron irregulares.

Ahora estoy recabando información, de cada uno de esos cuatro procedimientos, porque le tengo que dar una respuesta. Tengo que saber en qué situación procesal están. Cuál fue la actuación del fiscal en cada uno de ellos. Esta semana estoy en ello.

Está todo Madrid escandalizado.

Claro. Voy a pedir información de los propios fiscales que han llevado esos cuatro asuntos y que me digan las decisiones que tomaron. Se que es un tema muy llamativo, pero tenemos que tener en cuenta que este abogado no está denunciando a Grinda sino que denuncia que algunos fiscales no actuaron como debían y no llegaron al final de sus investigaciones. Y eso es a lo que yo tengo que contestarle caso a caso.

Son cuatro asuntos, en total. Uno de Pontevedra que luego deriva a Majadahonda, otro de Alcalá la Real, en Jaén, otro de aquí, de la Audiencia Nacional, de una posible filtración, y otro de supuestas coacciones.

Ya, pero Peláez no es un abogado cualquiera sino un fiscal de la Audiencia Nacional en excedencia… 

Lo sé. Fue quien consiguió la sentencia del juez Baltasar Garzón.