La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado han recurrido el auto por el que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordaba en julio el archivo de la pieza separada del ‘caso Pujol’ en la que investigaba el origen del dinero que el hijo menor de la familia, Oleguer Pujol, invirtió en diversas operaciones inmobiliarias de la empresa Drago Capital y en la propia compañía.
Ambos escritos, adelantados por El Periódico de España, coinciden en señalar que la decisión del magistrado carece de motivación. La Abogacía del Estado, que representa en este caso a la Agencia Tributaria, apunta que Pedraz no cumplió en su auto «con las exigencias mínimas de motivación al no hacer referencia alguna al presupuesto fáctico» que le llevó a considerar que efectivamente no estaba «debidamente justificada la perpetración del delito».
Así, indica que, si bien al doctrina del Tribunal Constitucional apunta que la motivación de la decisión judicial «no comporta una exhaustiva descripción del proceso intelectual», sí que demanda «una mínima valoración del material fáctico aportado a las actuaciones».
Por su lado, José Grinda, fiscal del caso, critica en su escrito que el magistrado no ha realizado «juicio de ponderación» sobre ninguno de los dos bloques investigados.
El primero refiere a las operaciones inmobiliarias que indiciariamente buscarían «un afloramiento derivado de delitos de corrupción y contra la Hacienda Pública«, y el otro, a los delitos contra la Agencia Tributaria. Sobre este bloque, el fiscal advierte que un auxilio judicial designado en Hacienda y que de momento no ha llegado el informe final.
El juez instructor del caso había decretado el pasado 13 de julio «el sobreseimiento provisional (…) al no resultar debidamente justificada la perpetración de los delitos que dieron motivo a la formación» de esta línea de investigación.
Pedraz explicaba que, «pese a las diligencias practicadas, no hay base siquiera para apreciar indicio de delito alguno». También añadía que «los que se suministraron fueron meras sospechas, no aptas para seguir un procedimiento penal».
El magistrado acordó en julio de 2021 no alargar más la instrucción de esta pieza separada del ‘caso Pujol’, sin perjuicio de recibir las cuestiones pendientes. Estas incluyen la respuesta de Países Bajos a una comisión rogatoria donde se le pedía que completara la información requerida sobre las cuentas bancarias de Oleguer Pujol, así como el informe definitivo de la Agencia Tributaria.
