El Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) considera una «verdadera e insólita quiebra» de la democracia que se intente retrasar la entrada en vigor de la reforma del Registro Civil, que se retrasa por segunda vez «porque desde el Ministerio no se ha hecho nada en todo este tiempo».
En un comunicado hecho público este miércoles, el sindicato destaca la «incapacidad y la falta de interés» en la reforma del Registro Civil por parte del Gobierno de Mariano Rajoy y de la mayoría parlamentaria que lo sustenta.
Así se han manifestado tras conocer la enmienda presentada por el Grupo Popular en el Senado en la que se propone diferir la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil hasta el 30 de junio de 2019. Y señalan que «la vacatio legis de la Ley 20/2011 del Registro Civil es un resultado no deseable, pero inevitable dada la inactividad del Ministerio de Justicia para ponerla en marcha»
En este sentido, y en declaraciones a CONFILEGAL, Abigail Fernández, portavoz del SISEJ, «con esta nueva prorroga de la Ley de Registro Civil lo único que se demuestra es que el Ministerio, durante todo este tiempo no ha hecho absolutamente nada. Si inactividad es palpable».
Señala que «por mucho que el ministro Rafael Catalá intente convencernos a todos los sectores de la justicia y a la ciudadanía con buenas palabras de que está trabajando de manera incansable, nada más lejos de la realidad».
Es más, «han dejado transcurrir el plazo sin haber modernizado, preparado la organización y estructura del Registro Civil para que pudiera entrar realmente en vigor«.
Para el sindicato, la enmienda ‘popular’ es «insuficiente» y «vaga» por alegar «motivos organizativos y tecnológicos». Según recuerda SISEJ, esta ley fue aprobada por todos los grupos políticos y se estableció que el Registro Civil se encontraría fuera de la Administración de Justicia dirigido por los Letrados. «Pensamos que es una burla a ala ciudadanía», subraya Fernández.
Es un «mandato parlamentario claro y nítido», añade la asociación. Sin embargo, según dice el comunicado, el Gobierno ha tratado de «eludir» el cumplimiento de la ley por lo que se está dando una «verdadera e insólita quiebra de la democracia».
Asimismo, reclama al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que, en caso de que se apruebe la prórroga, aclare quiénes van a ser los encargados del Registro Civil hasta 2019 y si no son los Letrados de la Administración de Justicia que justifique el por qué. En este sentido, lamenta que el responsable de esta cartera afirmase el pasado mes de febrero que el Registro Civil sería por los antiguos secretarios judiciales pero que seguiría permaneciendo en la Administración de Justicia.
«Ahora tendremos que ver si en 2019 se habrá hecho todo el trabajo para no volver a esta situación. Vista la trayectoria de este Ministerio, nada nos hace pensar que, de repente, vaya a haber un cambio actitud como se esperaría», según la portavoz del SISEJ.
Una legislatura perdida en Justicia
«Estamos hablando de una legislatura perdida y no solo en Registro Civil, sino en todo lo que es la Administración de Justicia». «La modernización se paralizó hace ya años, no se ha seguido implantando Oficina Judicial, el Registro Civil… ya vemos la lamentable situación en la que está».
Además, lamentablemente, «casi todas las noticias que sale a la luz en relación a justicia están más vinculadas a cuestiones de corrupción y a la inactividad frente a esta problemática y no a la actuación real del Ministerio, dando a la ciudadanía la justicia que necesita», concluye la portavoz del SISEJ.
Preocupación por la «indeterminación e inseguridad jurídica»
Por último, el sindicato muestra su preocupación por la «indeterminación e inseguridad jurídica» que se ha generado, ya que la Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2015 entra en vigor el próximo 30 de junio, pero muchos trámites deben estar en coordinación con la Ley del Registro Civil.
Es el caso de la tramitación de los expedientes de capacidad previa a la celebración del matrimonio civil, que según dicha normativa deberían empezar a ser tramitados por Letrados de la Administración de Justicia y notarios.
«No tiene sentido que se permita tramitar expedientes sin aclarar qué normativa deben aplicar», dice el sindicato, que, a consecuencia, solicita que se aplace también la entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria.
Juzgados de cláusulas suelo
Este 1 de junio entran en funcionamiento los 54 Juzgados especializados en cláusulas suelo propuestos por el Consejo General del Poder Judicial –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear-.
Según Abigail Fernández ,»se trata de unos juzgados especializados en cláusulas suelo que comenzarán a funcionar desde la improvisación y el desconocimiento más absoluto por parte del propio personal afectado. Se sabe el nombre y el juzgado designado para este cometido, pero poco más».
