Edificio del Consejo de Europa, en Estrasburgo, donde tiene su sede la Comisión de Venecia. Confilegal.
¿Qué es la Comisión de Venecia del Consejo de Europa?, la que ha negado el aval al referéndum independentista catalán
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04/6/2017 04:55
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Actualizado: 04/6/2017 08:36
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El pasado lunes, Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña, se dirigió a la Comisión de Venecia para que respaldara el referendum independentista que pretende organizar en las para separar a Cataluña de España.
La citada Comisión respondió a una velocidad inusitada en estos asuntos, prueba de que la cosa es importante. Con fecha 2 de junio, su presidente, el italiano Gianni Buquicchio, respondió, desde Estrasburgo, a Puigdemont que el referendum, para celebrarse, «tendrá que llevarse a cabo de acuerdo con las autoridades españolas». En pleno «cumplimiento con la Constitución y la legislación aplicable».
Traducido: señor Puigdemont, si quiere hacer un referendum tiene que negociar con el Gobierno de España y contar con su acuerdo; no puede ir de por libre. Nosotros no lo vamos a apoyar.
Buquicchio ha sido educado y diplomático, pero no se puede decir más claro, aunque sí más alto.
Todo un revés para las aspiraciones separatistas de Puigdemont y de sus socios desde el máximo órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional. La Comisión de Venecia, que no se llama así, sino Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, pero toma su nombre de la ciudad italiana en la que sus miembros se reúnen cuatro veces al año -marzo, julio, octubre y diciembre-, Venecia, la ciudad de los canales.
Pero tiene su sede permanente en Estrasburgo, en el edificio del Consejo de Europa, la organización desde la que se levantó lo que hoy es la Unión Europea (UE) tras la Segunda Guerra Mundial. Sin formar parte de la UE, su misión consiste en promover la configuración de un espacio político y jurídico común en el continente, sustentado sobre los valores de la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley, a través de la cooperación.
Esta Comisión es un órgano consultivo del citado Consejo.
Está compuesto por expertos independientes en derecho constitucional nombrados por los 47 estados miembros de la organización madre; son profesores de derecho, jueces de tribunales supremos o constitucionales, ministros o legisladores.
Fue creada en 1990, tras la caída del Muro de Berlín, un año antes, en un tiempo en el que había una urgente necesidad de asistir en materia constitucional a los países del antiguo telón de acero.
En 1991 la Comisión ayudó a la creación de la primera Constitución democrática de Rumania desde 1947. Y ha jugado un importante papel en el desarrollo e interpretación del texto constitucional de Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Serbia y Montenegro así como el de Kosovo. También ha sido implicada en los intentos para resolver los conflictos en el estado de Abjasia y de Osetia del Sur en Georgia, y de Transnistria en Moldavia.
El 11 de marzo de 2017 la Comisión reclamó España que adoptara medidas para garantizar la neutralidad del Tribunal Constitucional de España, ya que consideraba que la ley 15/2015 dejaba al Constitucional en una posición no neutral.
Por su parte, el Gobierno de España justificó la necesidad de contar con la capacidad de actuar contra quien pudiera poner en peligro la unidad de España utilizando medidas como el estado de excepción.
La función de la Comisión de Venecia consiste en asesorar a los diferentes países en materia constitucional para contribuir a mejorar la forma de funcionamiento de sus institucioens democráticos; su voz se deja escuchar en la preparación de constituciones, enmiendas constitucionales y legislación electoral.
Durante sus reuniones aprueban los dictámenes elaborados y analizan los últimos acontecimientos sobre evoluciones constitucionales.
La «auctoritas» que posee la Comisión de Venecia está más allá de toda duda. De ahí que la misiva de Puigdemont haya sido una apuesta arriesgada con resultados negativos. Lo que los anglosajones llaman un «long shot».
Que no ha salido.
¿Por qué? Porque la Comisión de Venecia sólo puede emitir opiniones si proceden de gobiernos o parlamentos nacionales. No de parlamentos autonómicos o regionales, como es el caso de Cataluña. De ahí que el intento haya sido fallido.
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