Ciudadanos ha registrado en el Congreso una batería de preguntas al Gobierno sobre los juzgados especializados en cláusulas suelo, concretamente qué medidas se van a tomar para evitar el colapso de los mismos, al haber sólo uno por provincia, y no contar con los medios necesarios.
Según explica el partido naranja en su iniciativa, el plan de urgencia puesto en marcha por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha suscitado el rechazo del pleno del Consell de l’Advocacia Catalana, que representa a los 14 Colegios de Abogados de Cataluña.
De hecho, Ciudadanos recuerda que «los propios jueces decanos de diferentes ciudades, entre las que se encuentra Tarragona, se mostraron también muy críticos con la falta de medios«, ya que «opinan que en muchas ciudades no se dispone de la dotación mínima necesaria para que estos juzgados entren en funcionamiento, lo que «llevará a un colapso de los juzgados».
Un rechazo que también ha mostrado toda la abogacía institucional con el propio Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) a la cabeza, que ha acordado interponer recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del CGPJ, que atribuye a determinados juzgados la competencia exclusiva en materia de cláusulas suelo, porque “infringe el ordenamiento jurídico y comportará graves problemas sociales”
Además, subrayan que “esta medida agrava el problema que trata de solucionar, puesto que muchos de los juzgados designados carecen de capacidad para absorber las demandas que se concentren como consecuencia de este acuerdo, con lo cual los ciudadanos no podrán resolver sus conflictos en un tiempo razonable”.
También alerta de que disponer de un solo juzgado por provincia eternizará la resolución de estos conflictos y perjudicará a los afectados residentes en comarcas por los costes económicos y de tiempo que los supondrán los desplazamientos», añade.
COMPETENTE EL TRIBUNAL DEL DOMICILIO DEL DEMANDANTE
Según recalca, «el apartado primero, número 14, del artículo 52 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que, en los procesos en que se ejerciten acciones para que se declare la no incorporación al contrato o la nulidad de las cláusulas de condiciones generales de la contratación, será competente el tribunal del domicilio del demandante, esto es, el de los ciudadanos».
Por ello, el partido que lidera Albert Rivera pregunta al Ejecutivo de Mariano Rajoy «cómo valora la situación de falta de medios personales y materiales de los juzgados uniprovinciales especializados en cláusulas suelo«.
Y así, quiere saber «qué medidas tiene previsto llevar a cabo el Gobierno para solventar esta falta de medios y para evitar el colapso de estos juzgados uniprovinciales». (CONFILEGAL/EP)
