Emilio Fernández García, de 58 años, es el nuevo presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), responsabilidad que ha asumido este fin de semana, relevando a Álvaro García Ortiz, quien ha venido ostentando esa responsabilidad durante los últimos dos años.
Fernández García era, hasta ahora, el Tesorero de la UPF. El nuevo presidente de esta asociación progresista es fiscal jefe de Albacete desde 2008, y su antigüedad en la carrera es de 34 años.
El relevo se ha producido en León, durante el Congreso que la UPF ha celebrado en esa ciudad los pasados 2 y 3 de junio.
Al mismo asistió el fiscal general del Estado, José Manuel Maza. En ese marco, la UPF ha reclamado públicamente «la inmediata dimisión -o cese-» del ministro de Justicia, Rafael Catalá, como ministro de Justicia por su «afán de ilegítimo entrometimiento» que ha llegado, incluso, «a reprochar públicamente el criterio jurídico de las fiscales encargadas de la llevanza de la operación ‘Púnica’ o a verbalizar ante los medios de comunicación que la Fiscalía puede recibir instrucciones por escrito del Gobierno».
Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado la UPF en su Congreso, que ha coincidido en el tiempo con el de Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD), el cual se ha celebrado en Lleida y en el que los jueces progresistas también pidieron otro cese, el de Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo.
De acuerdo con los fiscales progresistas, desde que Catalá fue nombrado ministro, en septiembre de 2014, la Fiscalía ha adolecido de la estabilidad que requiere un cargo de tanta relevancia constitucional. Y resaltan que en menos de tres años, la Fiscalía General del Estado ha estado dirigida por tres máximos responsables distintos: Eduardo Torres Dulce, Consuelo Madrigal y José Manuel Maza.
En opinión de la UPF, Catalá no sólo ha mostrado un escandaloso e intolerable desprecio por la autonomía de la Fiscalía.
«Su insaciable afán reformador, revestido de un falz espíritu de consenso, nos ha brindado dos aciagas invencioens: un sistema de plazas de instrucción, censurado por su riesgo de impunidad por la Comisión Europea y una amplia maoría de los operadores jurídicos, y una plataforma de intercambio de información -LexNet- que, en lugar de modernizar la Jusicia de nuestro país, entorpece la labor diaria de los profesionales del Derecho», afirman los fiscales progresistas.
Durante el Congreso de la UPF también intervinieron sus tres representantes en el Consejo Fiscal, Eduardo Esteban, Sofía Puente y Fernando Rodríguez Rey, que hicieron una dación de cuentas de su actuación en el máximo órgano de la Ministerio Fiscal ante sus compañeros de asociación.
