La recién renombrada asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) acordó en su reciente 32 Congreso, celebrado en Lleida entre el miércoles y el viernes pasado, pedir públicamente la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, por cumplir «un papel irremplazable en la hoja de ruta diseñada al detalle desde el Ministerio de Justicia para controlar la actividad judical relacionada con las innumerables causas por corrupción que afectan al partido del gobierno».
«Lo ha hecho tanto por acción, al cooperar en la puesta en marcha en tiempo récord (menos de tres meses) de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional y completar la sala constituida en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, como por omisión, no dando cumplimiento, pudiendo hacerlo, a las previsiones legales que le autorizan desde 2015 a convocar pruebas selectivas y proveer de magistrados especialistas en el orden penal, que son los preferentemente llamados por la ley para cubrir estas plazas», dicen JJpD en un comunicado que lleva por título «La escandalosa gestión del actual CGPJ y de su presidente».
JJpD señala los nombramientos, por el CGPJ, de la nueva presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, del magistrado de la Sala de Apelaciones del mismo órgano, Enrique López, y de la vocal del CGPJ -«por designación del Partido Popular»-, Carmen Llombart, como magistrada en la plaza creada en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, como pruebas de esa implicación.
«Es preciso tener en cuenta que la Audiencia Nacional acumula causas de corrupción que afectan al partido del gobierno y en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se ha dictado ya, hace pocas fechas, la primera sentencia condenatoria de las numerosas causas que penden en ese tribunal relacionadas con el caso ‘Gürtel’; unos datos sin los cuales, seguramente, no se habrían producido esos movimientos, o no de esa manera», añaden.
De acuerdo con JJpD, el CGPJ ha hecho causa común con el gobierno y su partido.
La asociación progresista de jueces no se limita a los casos señalados, también menciona el nombramiento del puesto de jefe de Sección del Servicio de Formación Continuada del CGPJ, que recayó en un joven fiscal, «cuyo cuyo mérito principal radicaba en ser hijo de un vocal del órgano de gobierno. Este hecho fue denunciado en un comunicado conjunto por las cuatro asociaciones judiciales».
Un presidente todopoderoso
JJpD considera que la reforma operada de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo el mandato de Alberto Ruiz Gallardón, al frente del Ministerio de Justicia, ha dado pie a una organización del CGPJ centrada «en la figura de un todopoderoso presidente, indirectamente designado también por el partido del gobierno, podría haber propiciado una política de nombramientos tan desafortunada y perjudicial para la imagen de jueces y magistrados y el funcionamiento de nuestros juzgados y tribunales».
Y recuerdan la comparecencai de Lesmes antre la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el pasado mes de marzo, en la que Lesmes afirmó que «la culpa de la politización de la Justicia la tienen las asociaciones judiciales ya que representan opciones ideológicas y se identifican con partidos políticos».
«Lo dice sin empacho alguno quien ha sido alto cargo del Gobierno del Partido Popular durante ocho años. La petición de rectificación solicitada al unísono por las cuatro asociaciones judiciales ha merecido la más absoluta de las indiferencias por parte del Sr. Lesmes. Su menosprecio por la labor que realizan las asociaciones judiciales en su deber constitucional de proteger la independencia de juezas y jueces y sus derechos y deberes profesionales ha sido ha sido una constante durante su mandato», añaden.
¿Dónde están los módulos?
JJpD recuerda también que siguen esperando que el CGPJ fije los módulos de entrada que establece, desde el año 2003, la Ley de Retribuciones.
Módulos de salida y de cargas de trabajo que «estaban previstos en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, aprobado por el CGPJ para el para el bienio 2015-2016. El plan se ha agotado, sin que el Consejo haya aprobado otro, y, lo que es más, ni siquiera se ha dado cumplimiento al mandato previsto en dicho plan de fijar la carga de salida, a efectos de salud laboral como factor de riesgo psicosocial».
«Y ello pese a los esfuerzos de los representantes de la Carrera en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud (CNSS), designados por las asociaciones judiciales. El CGPJ no ha aceptado, ni tan siquiera con carácter provisional, el fijar el rendimiento saludable del trabajo de quienes ejercemos la jurisdicción, ignorando los argumentos expuestos por los propios jueces y juezas», añaden.
Por esa razón, JJpD critica, asimismo, la gestión que el CGPJ ha hecho de las medidas de «sustitución y refuerzo» que ha aplicado en bloque a dos promociones, la 65 y la 66, lo que atenta contra el principio básico de independencia judicial.
«Resulta llamativa la constante emisión de ‘recomendaciones’ por el Servicio de Inspección en materia de clausulas suelo y delitos de usurpación, requiriendo a jueces y juezas a actuar procesalmente o a decidir archivos o sobreseimientos en un determinado sentido. La errática y sorpresiva pretensión del CGPJ de encomendar estas funciones a los juzgados de menores y de vigilancia penitenciaria, con grave quebranto de los principios de competencia genérica y por órdenes así como de especialidad, abunda en este cúmulo de desaciertos», señalan.
«La imprevisión, falta de maniobra política, de gestión y ‘parcheo’ estatutario no se ha acaba en lo anterior. Ha continuado con la promoción 67, con el reciente Acuerdo de la Comisión Permanente de 25 de mayo de 2017 por el cual se destina forzosamente a compañeros/as de dicha promoción a los recién creados juzgados especializados en cláusulas suelo que entrarán en funcionamiento el próximo 1 de junio. Toda una frustración para 65 compañeros y compañeras de la última promoción destinados, simplemente, a vaciar juzgados de una avalancha que la imprevisión gubernamental ha puesto en marcha, y a aplicar mecánicamente criterios que ya han sido establecidos definitivamente por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea», indican.
