Hace poco más de 48 horas que la Intranet del órgano de autogobierno de los jueces está que arde. La red interna que conecta a los 5.500 hombres y mujeres que administran Justicia cada día en España se ha poblado de correos electrónicos indignados que transmiten la sensación de sentirse maltratados por su propio Consejo, el Ministerio y las Comunidades Autónomas, que son las tres Administraciones de Justicia que tienen que proveerles de medios y de cuidar que sus condiciones de trabajo sean óptimas.
Algunos de esos correos electrónicos apelan a una palabra concreta: huelga. No son la mayoría, pero la palabra no es extraña ni alienígena. Emerge de forma natural en los «emails».
«Los jueces no importamos», afirman algunos, de forma contundente. «A las pruebas nos remitimos».
Los jueces no se quejan sólo de una cosa. Son un cúmulo de circunstancias y acontecimientos. El último de ellos, la implementación del Plan de Urgencia elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de manera desigual; 54 Juzgados bis para resolver las demandas por cláusulas abusivas con jueces en prácticas a su frente. Un expediente digital que no funciona porque está hecho para tramitación y no para estudiar asuntos, lo que contribuye a continuos retrasos, dificultades y complicaciones.
También es motivo de queja la inexistencia de nuevos módulos de trabajo, que establece el límite de asuntos a resolver por cada juez por motivos de salud, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tenía que haber tenido ya elaborados, de acuerdo con el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, aprobado para el bienio 2015-2016.
Los módulo vigentes -y, por o tanto, legales- son los de 2003. Porque los que se aprobaron en 2013 fueron tumbados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, a pesar de lo cual se utilizan como referencia.
La adscripción obligatoria de los 67 jueces de menores a juzgados saturados, decidida por el Consejo, también ha levantado fuertes críticas, como la del magistrado Emilio Calatayud. Adscripción realizada en base a esos «módulos inexistentes» de 2013.
Otro frente es el de las vacaciones. Los jueces se quejan de que son los que tienen menos vacaciones. Menos que los funcionarios de la Administración y menos que fiscales y letrados de la Administración de Justicia.
En materia de retribuciones, señalan, por una parte, que son los que menos cobran de las guardias, y, por otra, que tienen congelados sus salarios desde 2012.
Y coinciden en reivindicar la recuperación del 10 por ciento de sus sueldos, que les fue reducido como consecuencia de la crisis y que ya se ha consolidado.
Precisamente, las cuatro asociaciones de jueces -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)- instaron, el pasado 6 de junio, al presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, a que cumpliera su compromiso de reivindicar ante el Ministerio de Justicia la actualización de su poder adquisitivo.
Y la desconfianza en la estrategia nacional de justicia que la Subcomisión de Justicia del Congreso de los Diputados está elaborando en estos momentos.
La lista de quejas que se están vertiendo en esa intranet es mucho más amplia. Es la expresión del malestar latente existente en la carrera judicial,
¿Ruido de togas? Más bien la punta de un iceberg. Un iceberg que está comenzando a emerger.
