La Mutualidad de la Abogacía ha perdido en torno a 54 millones de euros en acciones del Banco Popular, según anunció ayer su presidente, Enrique Sanz Fernández-Lomana. Fue durante el informe de gestión, presentado ante la Junta General que se celebró en Madrid.
Con este reconocimiento, la Mutualidad de la Abogacía aparece como una nueva víctima de la operación del Banco Popular, ahora en manos del Santander.
La Mutualidad había venido invirtiendo, a lo largo de los últimos cinco años, de forma progresiva en la entidad intervenida. Desde una primera inversión de 300.000 euros en acciones, en el 2013, se pasó a más de de 50 millones de euros en 2017.
Fue el propio Sanz Fernández-Lomana quien comentó este hecho, si bien minimizó el impacto, señalando que esta pérdida suponía una reducción de medio punto en la rentabilidad global de la Mutualidad.
Sobre esta situación, Sanz Fernández-Lomana calificó la adjudicación del Banco Popular al Banco de Santander, a través de un novedoso procedimiento de «expoliación».
Los accionistas “nos hemos visto expoliados en plena noche y sin capacidad de reacción, pese a que sólo unos días antes tanto el Ministro de Economía como el propio Banco de España garantizaban públicamente la solvencia de la entidad”.
Respecto a esta operación, el presidente de la Mutualidad de la Abogacía reconocía que al cierre del ejercicio, la Mutualidad tenía tres posiciones inversoras en Banco Popular: «en acciones, un depósito y un bono, que en conjunto representaban, aproximadamente, un 2 por cineto del total de nuestras inversiones».
También indicó que durante el mes de abril se canceló tanto el depósito como el bono, «reduciéndose nuestra posición exclusivamente a las acciones que representan el 0.7 % de nuestras inversiones, con un montante total de 54 millones a valor de adquisición».
Una mala noticia que no afectará a la solvencia de la entidad, afirma
Sanz Fernández-Lomana reconocía públicamente a los mutualistas que “es una mala noticia que trae causa de una situación excepcional e imprevisible, como es la caída de uno de los principales bancos del país”.
No obstante trasladó un mensaje de tranquilidad “porque esta operación no afecta ni a la solvencia ni al patrimonio de la entidad”.
El presidente de la Mutualidad de la Abogacía señaló también que “estamos estudiando la interposición de acciones judiciales, solos o conjuntamente con otros afectados, para lo que estamos recabando información y asesoramiento, no descartando ninguna vía para conseguir que nos repongan los recursos de los que nos hemos visto privados por cauces de dudosa legalidad”.
Una sola pregunta sobre el Popular
Curiosamente en el turno de preguntas que suele tener este tipo de Juntas Generales solo una de ellas fue referida a esta operación financiera que se ha saldado con esta importante pérdida.
A esa pregunta se contestó desde la mesa presidencial que no se había vendido con anterioridad a la intervención del Banco Popular porque el dinero que se iba a ganar era bastante menor a la inversión realizada. Eso sí, se da por seguro que la Mutualidad de la Abogacía buscará recuperar ese dinero como otros tantos accionistas, por via judicial.
Otras inversiones en el 2016
También se supo que en 2016 la Mutualidad compró bonos por más de 588 millones nominales con una rentabilidad media del 4,54 por ciento.
Una parte muy significativa de este volumen corresponde a operaciones privadas de mercado primario, es decir, emisiones específicas para la Mutualidad o bien impulsadas por la entidad , como “inversor ancla”.
El presidente de la entidad se refirió a algunas operaciones a largo plazo: “de 70 millones en Repsol a 5,5 por ciento de vencimiento en 2031; 25 millones en Banco Sabadell a 5,62 por ciento, vencimiento en 2026; 21.3 millones en Sacyr al 5,25 por cineto, vencimiento 2023; 25 millones en Indra, vencimiento en 2026 al 3,5%; 50 millones en Cellnex, vencimiento en 2032 al 4 por ciento; o 150 millones en Telefónica, al 4 por ciento, vencimiento en 2051”.
De otra parte, el comportamiento negativo de la Bolsa española en 2016, se ha traducido en la escasa posibilidad de ejecutar operaciones tácticas de compra/venta para generación de plusvalías, habiendo conseguido apenas 3,6 millones realizados por esta vía, para retribución al Mutualista.
Por el contrario, las caídas producidas en el periodo en algunos valores llevaron a la Mutualidad incrementar la exposición en Bolsa, dados los bajos niveles de cotización de algunas acciones, realizándose 64,5 millones de euros en compra de acciones, y situando la exposición, conjuntamente con fondos, en el límite que marca la Política de Inversiones de la entidad, casi el 10%.
“Eso permitió percibir durante el pasado ejercicio 12,2 millones de euros en concepto de dividendos por acciones en cartera”, explicó Enrique Sanz Fernández-Lomana en su intervención.
En esta Junta General también se aprobaron varios cambios organizativos.
A partir del año próximo el mandato de los vocales de la Junta de Gobierno sea de 5 años en lugar de tres. Se piensa que esta medida además de estabilidad, permitirá obtener un mayor rendimiento a la formación y experiencia de los vocales, mejorando de esta forma la calidad de la gestión.
Al mismo tiempo y para renovar los órganos de gobierno, se propuso una limitación de tres mandatos. Esto significa que el tiempo máximo de permanencia en la Junta de Gobierno, computado a partir del año próximo, será de 15 años. Hasta ahora no existía ninguna limitación pero al querer impulsar los Principios de Buen Gobierno Corporativo se aprobó también esta medida.
La Junta General aprobó las cuentas de la entidad por 249 votos a favor y 2 en contra.
