El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha aceptado la personación de la asociación de consumidores Facua como acusación particular en la causa en la que se investiga si Iberdrola cometió un delito contra el mercado y los consumidores en 2013, cuando presuntamente paralizó el funcionamiento de varias centrales hidráulicas para inflar el precio de la electricidad.

En una providencia con fecha del pasado lunes, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 estima esta personación en consonancia con los criterios de la Fiscalía Anticorrupción, que en un informe emitido días antes acepta que la organización de consumidores esté además exenta de prestación de fianza.

El fiscal Anticorrupción Antonio Romeral, teniendo en cuenta que Facua está legitimada para el ejercicio de los intereses de los consumidores, consideró procedente «equiparar su legitimación a la de los ofendidos por el delito», y en consecuencia instó a que fuera tenida como acusación particular en el procedimiento. En este sentido lo ha ordenado el juez Moreno.

A través de un comunicado, Facua ha afirmado que había solicitado su personación como acusación popular, si bien tanto la Fiscalía como el Juzgado han considerado «procedente» que lo hiciera como acusación particular, lo que otorga a Facua la posición de afectado directo por el caso.

Anticorrupción denunció a Iberdrola al entender que había cometido un delito contra el mercado y los consumidores en 2013, al paralizar varias centrales hidroeléctricas con intención de inflar el precio de la electricidad en el mercado mayorista.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) compartió la visión de la Fiscalía al abrir un expediente sancionador con el que multó a la empresa con 25 millones de euros.

Facua ya denunció a Iberdrola

Facua ya solicitó en diciembre de 2015 solicitó a la Fiscalía General del Estado que investigase si Iberdrola había cometido el delito del que la acusa ahora Anticorrupción. La denuncia de la asociación fue derivada a la Fiscalía de Vizcaya, que en febrero de 2016 decidió archivarla.

En ese momento, la Fiscalía vizcaína consideró que el presunto fraude cometido por la compañía no encajaba en la definición del delito contra el mercado y los consumidores tipificado en el artículo 281 del Código Penal. (EP)