José Sierra Fernández, es, "transitoriamente", el sustituto del promotor disciplinario dimitido
Según la Plataforma, el expediente disciplinario a Ruiz de Lara es una represalia por los informes críticos a los nombramientos del CGPJ
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22/6/2017 04:59
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Actualizado: 03/12/2021 14:30
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A la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) no le cabe la menor duda de lo que hay detrás del caso del magistrado Manuel Ruiz de Lara: una represalia contra la propia Plataforma por los críticos informes que realizan sobre los nombramientos que lleva a cabo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El último de ellos fue el de Concepción Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
«Detrás de toda esta deriva disciplinaria se halla la estrategia de represaliar a un magistrado que, en el ejercicio de la función jurisdiccional y como miembro destacado de la PCIJ ha molestado a grupos de poder y al propio D. Carlos Lesmes«, dice esta asociación transversal, que agrupa a jueces, fiscales, abogados y ciudadanos que luchan por una justicia mejor y más independiente, en un comunicado.
«No fue causalidad que, en la declaración de Manuel [Ruiz de Lara] el pasado mes de febrero, el promotor de la Acción Disciplinaria centrara su interrogatorio no tanto en los debates universitarios como en la autoría de los informes del Observatorio de Nombramientos de la Plataforma», añade.
«Las conclusiones de estos informes han sido compartidas por la mayoría de los integrantes de la carrera judicial, a tener del resutlado de la Encuesta realizada por el propio CGPJ, en la que el 64 por ciento de los magistrados encuestados respondieron que los nombramientos del CGPJ no están presididos por el mérito y capacidad».
Y dando una vuelta más de tuerca, la PCIJ remacha: «Aunque las presuntas infracciones disciplinarias imputadas no lo evidencien, la verdadera razón de esa imputación infundada es la elaboración de esos informes, pues han evidenciado el absoluto desprecio a los principios de mérito y capacidad en los nombramientos de cargos judicailes que despliega el Consejo presidido por D. Carlos Lesmes, de lo que seria muestra alguna de los últimos nombramientos».
En defensa de Ruiz de Lara
De esta forma ha salido la PCIJ en defensa de Manuel Ruiz de Lara, magistrado del Juzgado de lo Mercantil 10 de Barcelona y portavoz de dicha asociación, al que el promotor disciplinario en funciones ha abierto un expediente disciplinario por dos faltas muy graves y una grave.
La plataforma critica que el acuerdo se haya adoptado por un promotor interino y que se haya dictado tras 10 meses y 20 días de diligencias informativas y sobrepasados todo los plazos que venían siendo habituales.
Del promotor interino, José Sierra Fernández, dice la PCIJ que «desconoce los derechos de los tratados internacionales suscritos por España que reconocen a los jueces» poder ser miembros de asociaciones. Y también el contenido de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 9 de julio de 2013, que declaró nulo el artículo 326.1 J) del Reglamento de la Carrera Jundicial que impedía los jueces ser miembros de Juntas Directivas de asociaciones, así como la sentencia de 10 de noviembre de 2013 que declara que no es necesario pedir la compatibilidad».
Por último, la Plataforma indica que el CGPJ vulneró la norma de confidencialidad del expediente disciplinario al filtrarlo de inmediato a los medios de comunicación desde el propio órgano de gobierno de los jueces.
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