Manuel Ruiz de Lara, el magistrado del Juzgado de lo Mercantil 10 de Barcelona, a quien el promotor de la Acción Disciplinaria en funciones, Jesús Sierra Fernández, le ha abierto un expediente disciplinario por dos supuestas faltas muy graves y una grave, afirma a Confilegal que «El expediente disciplinario por el promotor en funciones contra mi persona no tiene ninguna base. No tiene sentido».
Hasta ahora todas las diligencias practicadas (tanto declaraciones como oficios remitidos al Ministerio del Interior, a la Asociación de Debates, el Consejo General del Debate Judicial, la Fundación del Consejo General del Debate Judicial y la Fundación Española del Debate Jurídico, organizaciones estas que han organizado las ligas de debates universitarios) han ratificado que el magistrado Ruiz de Lara no ha desempeñado ningún cargo.
Tampoco ha percibido retribución alguna por organizar debates universitarios jurídicos, al estilo de los que tienen lugar en Estados Unidos y en los países más avanzados en la ciencia del derecho.
Su única colaboración ha radicado en sufragar, de su propio bolsillo, los viajes de universitarios que se dedican a formarse mediante la realización de debates públicos de carácter jurídico, y en la que colaboran, también desinteresadamente, magistrados, fiscales y abogados como jurados.
Y por una razón: porque le interesa tomar parte en una iniciativa, estimulante, desde el punto de vista intelectual, como esta y porque le divierte. A otras personas les da por correr, por montar en bicicleta, por leer libros, por ver películas o por dormir después de comer y hasta la cena, por poner algunos ejemplos. El «hobbie» de Ruiz de Lara en su tiempo libre es la Liga de Debates Jurídicos entre universitarios.
Dichos debates también han sido promovidos y por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), organización transversal compuesta por jueces, magistrados, fiscales, abogados y ciudadanos preocupados por el buen funcionamiento de la justicia, de la que Ruiz de Lara es portavoz.
Según Sierra Fernández, las dos supuestas infracciones -faltas muy graves- por las que se incoa el expediente disciplinario son las previstas en el artículo 417.6 (“ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado”) y 418.14 de la LOPJ (“ejercicio de cualquier actividad de las consideradas compatibilizables a que se refiere el artículo 389.5.o de esta ley, sin obtener cuando esté prevista la pertinente autorización o habiéndola obtenido con falta de veracidad en los presupuestos alegados”).
Sin embargo, tanto Ruiz de Lara como Agustín Azparren, presidente de la Plataforma, abogado del magistrado, magistrado en excedencia a su vez y exvocal del Consejo General del Poder Judicial, coinciden en señalar que Sierra Fernández parece desconocer la sentencia del Tribunal Supremo 5446/2013, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que ratifica que para desempeñar un cargo en una asociación, como la Plataforma Cívica, no es necesaria ninguna declaración de compatibilidad del CGPJ.
Y aún siendo la Plataforma una entidad sin ánimo de lucro, tiene compatibilidad para ser su portavoz nacional, concedida, precisamente, por el propio CGPJ.
Sobre la tercera supuesta infracción, la del “abuso de la condición de juez para obtener un trato favorable e injustificado de autoridades, funcionarios o profesionales”, está relacionada con un correo electrónico remitido por el magistrado desde su cuenta de correo corporativo (@poderjudicial.es) a la Embajada de España en Estados Unidos.
En dicho e-mail, el magistrado pedía ayuda a nuestra legación diplomática en Washington para organizar debates jurídicos con equipos de universitarios de ese país.
«En el correo electrónico explicaba mi condición de magistrado, como es natural, y mi apoyo personal al grupo de estudiantes de la liga de debate judicial. Y solicitaba su asistencia para organizar un par de debates en Estados Unidos, con facultades de derecho, que tienen un gran nivel. Al final no salió. Lo mismo hice con nuestras embajadas en Buenos Aires, Chile y París, de los que tuvimos el apoyo solicitado y desinteresado, lo cual resultó un éxito. De la misma manera que también hice con el Congreso de los Diputados o con el Parlamento Europeo, en Bruselas», explica Ruiz de Lara.
«Es evidente que aquí se han sacado las cosas de quicio y se ha querido sacar punta donde no hay nada», dice el magistrado.
Una instrucción muy criticada por la carrera judicial
La investigación a Ruiz de Lara ha sido muy criticada por la carrera judicial. Las cuatro asociaciones de jueces pusieron en tela de juicio una instrucción que se abrió el 2 de agosto de 2016, existiendo informes previos sin cobertura de procedimiento alguno en mayo de 2015 que no tenían más soporte que los recortes de prensa.
La duración de las diligencias informativas alcanza ya los 11 meses, quintuplicando el tiempo medio de las diligencias informativas que es de 57 días, según del propio CGPJ.
Lo que llamó la atención a las asociaciones de jueces, de forma especial fue que, por una parte, el entonces promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, citara a declarar -fue el 24 de febrero pasado- no sólo a Ruiz de Lara sino también al propio Agustín Azparren y a Ana Fúnez, presidenta de la Liga de Debates Universitarios, sin tener ni potestad ni auctorias para ello.
Y por otra, el hecho de que Fonseca-Herrero preguntara, hasta tres veces, por quiénes eran los magistrados, miembros de la Plataforma, que realizaban los informes muy críticos de los nombramientos que llevaba a cabo el Consejo General del Poder Judicial, los cuales no respetaban los principios de mérito y capacidad de los candidatos y en los que la arbitrariedad es el factor más relevante.
El último de esos informes ha sido, precisamente, el del nombramiento de la nueva presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la magistrada Concepción Espejel, que tomó posesión de su cargo el lunes de la semana anterior. Siete días atrás.
La PCIJ, como organización, es una auténtica pesadilla para el CGPJ. Su vicepresidenta, Elisa de la Nuez, le hizo saber al presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que había «amiguismo» en los nombramientos del órgano de gobierno de los jueces.
Además, la Plataforma ha denunciado el caso Ruiz de Lara ante Naciones Unidas y el Congreso de los Diputados.
Viejas cuitas con el CGPJ
Sin olvidar la circunstancia del gol que «metió» al CGPJ en febrero de 2016 cuando el Tribunal Supremo estimó una medida cautelar interpuesta por el magistrado Ruiz de Lara ante la negativa del CGPJ a ofertar en concurso la plaza del Juzgado Mercantil número 10 de Barcelona.
El alto tribunal, por auto de 15 de enero de 2016, concluyó que el CGPJ con dicha decisión actuó de manera contraria al interés público dado que existía una plaza vacante de un Juzgado Mercantil (número 10 de Barcelona) que era necesario cubrir a la mayor brevedad y que había un Magistrado Especialista en la Jurisdicción Mercantil (Manuel Ruiz De Lara) interesado en cubrir dicha plaza.
Por ello, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ordenó al CGPJ que procediese a ofertar la plaza en el concurso de traslado de Magistrados de 3 de Diciembre de 2015, siendo finalmente adjudicada a Manuel Ruiz De Lara, solicitante de la misma con mayor antigüedad en el escalafón de especialistas en la jurisdicción mercantil.
