Una magistrada del Tribunal Supremo, 9 magistrados y un fiscal del alto tribunal tomaron parte como jurados en II Liga Nacional de Debate Jurídico, que organiza la Fundación Española del Debate Jurídico (FEDJ) que tuvo lugar el viernes y el sábado pasados en el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y en el Ayuntamiento de Madrid, distante a pocos metros de la sede del IEB.
Celsa Pico, magistrada del Tribunal Supremo, y Salvador Viada, fiscal del alto tribunal, junto a los magistrados Ramón Badiola, Carmen Gamiz, Cristina Fernández, Rafael Fluiters, Ana Álvarez de Yraola, María Emma Cobo, María Jesús del Barco, María Teresa Santos y Manuel Ruiz de Lara conformaron los tribunales, junto al notario Ignacio Gomá y el abogado Fernando Herrero, que puntuaron a los 16 equipos universitarios (70 estudiantes en total) que debatieron sobre el tema «¿Ha protegido España adecuadamente al deudor hipotecario en materia de cláusulas abusivas?».
En esta ocasión se alzó con la victoria el equipo Cánovas Málaga. Un premio que les fue entregado por el vocal de la Mutualidad de la Abogacía Española, Joaquín García-Romanillos, socio también del despacho Gómez-Acebo y Pombo. La Mutualidad, junto a Wolters Klüwer, el despacho Legal y económico y la Editorial Fe d’erratas patrocinan este certamen que se celebra en tres fases, Córdoba, Madrid y Barcelona.
El joven estudiante Antonio Mesa, del IEB, fue elegido el mejor jurista del torneo. miembros del jurado se encontraba el magistrado Ruiz de Lara, portavoz, a su vez, de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), que recientemente fue investigado por el promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por su relación desinteresada con estos debates universitarios.
La investigación no ha afectado a la Liga
«La investigación de la que he sido objeto por parte del promotor no ha afectado para nada a la organización de la Liga Nacional de Debate Jurídico. Muchos compañeros, además de los que han tomado parte, se han ofrecido como jurados. Pero no teníamos espacio para todos, de lo que estoy muy agradecido. Las muestras de cariño y de solidaridad se han multiplicado desde que se ha conocido lo sucedido», cuenta Ruiz de Lara a Confilegal en un descanso entre debate y debate.
«La carrera judicial ha entendido que no hay nada en la investigación del promotor de la Acción Disciplinaria en torno a mi persona. Espero que más pronto que tarde archiven las diligencias, que se han realizado en fraude de ley», añade el magistrado.
Desde su punto de vista, en el interrogatorio quedó claro que no estaban interesados en la Fundación Española de Debate Judicial, organizadora de la Liga, sino que el interés del promotor de la Acción Disciplinaria era descubrir quiénes eran los magistrados que elaboran los informes extremadamente críticos sobre los nombramientos que lleva a cabo el CGPJ.
Precisamente el pasado 21 de marzo la PCIJ denunció ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y ante Naciones Unidas el caso del magistrado Ruiz de Lara, del que dijeron que “está siendo sometido a una investigación por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) carente de garantías de defensa y de la que existen fundadas sospechas de que obedezca a represalias“.
Seis días antes, el 15 de marzo, tres grupos parlamentarios -Ciudadanos, ERC y En Comú Podem (del que forma parte Podemos)- interpelaron al presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, sobre el caso Ruiz de Lara, pero éste no respondió a ninguno.
«A mí me parece muy significativo. Lo dejé muy claro ante el promotor: mi colaboración con la Fundación Española de Debate Judicial y con la Liga Nacional que organizan es totalmente altruista. Seguiré colaborando con ellos y continuaré luchando por la independencia judicial, aunque a muchos no les guste», concluye.
