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Opinión | Huelga judicial en defensa de la democracia
El magistrado Manuel Ruiz de Lara explica las razones por las que cree que esta huelga de jueces y fiscales es justa, en defensa de la democracia. Foto: Confilegal.
01/7/2025 05:36
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Actualizado: 30/6/2025 22:29
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La acumulación y el control de todos los poderes del Estado en unas mismas manos es el origen de la tiranía. En estos días la inmensa mayoría de los jueces/as y magistrados/as de este país de todas las instancias jurisdiccionales convocan concentraciones y secundarán una huelga reivindicando la retirada de la llamada “Ley Bolaños”.
Un proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que atenta de manera flagrante contra la esencia de la separación de poderes en aras de degradar el acceso a la carrera judicial conforme a los principios de mérito y capacidad, en un intento indisimulable de controlar a la judicatura, mediatizando la independencia de la función jurisdiccional, asestando el golpe definitivo al Estado de derecho.
UNA REFORMA POR LA VÍA DE URGENCIA
La reforma se acomete por la vía de urgencia en el contexto de una legislatura marcada por múltiples escándalos de corrupción cuyos presuntos autores conformaban el círculo de confianza, el núcleo de amistad e incluso familiar del Presidente del Gobierno de la Nación.
Una legislatura marcada por un ataque incesante a jueces y magistrados a manos de ministros, diputados y senadores que sin el más mínimo respeto a la separación de poderes y obviando toda las reglas del decoro institucional han utilizado las instituciones de todos para calumniar, degradar la imagen de la judicatura y montar campañas mediáticas de acoso y derribo frente a magistrados y frente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Una campaña irresponsable impropia de un gobierno democrático cuyo objetivo esencial parece ser lograr una suerte de impunidad, evitando el control de las actuaciones irregulares o delictivas de responsables políticos y de sus círculos de confianza.
Todo para perpetuarse, aunque sea al precio de convertir la democracia en un páramo inerte por el que campe un poder sin límites.
La lista de agravios y el deterioro de la separación de poderes desde la llegada de Pedro Sánchez Pérez-Castejón al poder es innumerable. A los ataques y campañas de descrédito se han sumado las querellas infundadas contra magistrados, las conspiraciones contra jueces o contra la UCO de círculos cercanos a personas del entorno del Presidente del Gobierno, la degradación de la apariencia de imparcialidad colocando a la ex ministra de justicia como Fiscal General del Estado o a ex altos cargos del Gobierno en el seno de un Tribunal Constitucional que al gusto del ejecutivo, ha validado una ley de auto-amnistía que quiebra de manera flagrante la Constitución y el principio de igualdad de los españoles ante la ley.
El Presidente del Gobierno se ha negado a promover una reforma del CGPJ conforme a las exigencias de la Unión Europea, ha amenazado incluso a la oposición con renovar el CGPJ con una mayoría simple si no se pactaba una nueva farsa de padrinazgo político en la elección de vocales del CGPJ.
EXCEPCIÓN BOLIVARIANA ESPAÑOLA
La Unión Europea asiste atónita a la “excepción bolivariana española” con un Gobierno que se niega a cumplir los estándares democráticos en torno a la forma de elección del CGPJ y que además tiene al máximo garante de la legalidad, a “su Fiscal General del Estado” procesado por presuntamente revelar secretos en el ejercicio del cargo de fiscal general para destruir a una de las rivales políticas del Presidente del Gobierno.
A ello se suma el objetivo de limitar la acción popular enervando numerosas causas judiciales y el intento de atribuir la instrucción de las causas penales a los fiscales sin dotarles de independencia, pudiendo recibir órdenes del Fiscal General procesado por presuntamente utilizar su cargo con motivaciones políticas para favorecer al Presidente del Gobierno y destruir a una líder de la oposición.
Todas las reformas promovidas por un Presidente del Gobierno, que ha designado a presuntos corruptos como sus manos derechas, van encaminadas a abortar las causas judiciales en curso y a evitar que se investiguen en un futuro casos de corrupción. Ese y no otro es el fruto de su falaz propuesta de regeneración democrática.
«Hay razones sobradas para la huelga, está en peligro la separación de poderes y por ende la democracia a manos de un Gobierno que vistos los antecedentes no parece comulgar con los pilares básicos del estado de derecho».
En ese contexto al Ministro de Justicia le ha surgido una urgencia inaplazable. Reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para mermar la democracia interna en la carrera judicial y controlar el acceso a la judicatura.
Pretende modificar el sistema de elección de las salas de gobierno de los TSJ impidiendo que los magistrados/as puedan votar en listas abiertas a tantos candidatos como plazas deban ser cubiertas.
Se frustraría así la voluntad de los electores, imponiéndoles el voto a un único candidato para propiciar una composición distorsionada y alejada de la verdadera y real voluntad democrática de la carrera. El Gobierno de Sánchez intenta buscar una composición de salas de gobierno con jueces que puedan ser afines, postergando la independencia que vienen desarrollando quienes en la actualidad integran las salas de gobierno de los TSJ.
MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO A LA CARRERA JUDICIAL
Se modifica el sistema de acceso a la carrera judicial sin que dicha modificación responda a ninguna necesidad o justificación real. Sólo a la “bulocracia” del Gobierno y de sus socios parlamentarios con las falaces consignas de “lawfare”, “ultraderecha judicial” o la más que ridícula, a razón de su falsedad y de la imposibilidad biológica y temporal de dicha hipótesis, de que tenemos una “judicatura franquista”.
Muy al contrario tenemos una judicatura independiente que aplica las leyes sin connotaciones ideológicas, dictando resoluciones basadas en la motivación jurídica y en una excelente cualificación fruto de un acceso objetivo basado en el mérito y la capacidad sin que sean posibles las cadenas de favores ni los padrinazgos.
Para destruir esa realidad el Ministro de Justicia rebaja la dificultad de acceso eliminando una prueba oral de exposición de temas sustituyéndola por una prueba escrita, que implica una mayor subjetividad en la valoración de la misma y que además merma la ponderación del conocimiento del opositor sobre el derecho sustantivo, creando un déficit de conocimiento jurídico en los opositores que superen la prueba frente a la elevada cualficación de los actuales opositores.
Olvida la reforma que ya existe una fase de escuela judicial y de prácticas tuteladas en las que precisamente se valoran las capacidades argumentativas y de razonamiento. Sin un conocimiento cualificado como ocurre en la actualidad del derecho sustantivo, la nueva prueba escrita deviene en una quimera al albur de la subjetividad y de valoraciones genéricas y dispares.
Se pretende instaurar esa modificación configurándola como una endiablada reforma sorpresiva para quienes están opositando en la actualidad. Cambiándole las reglas de juego en mitad del partido.
Un Gobierno asediado por casos de corrupción y que utiliza las instituciones para emprender ataques contra los jueces que investigan casos de corrupción, pretende de manera sorpresiva y sin que exista justificación ni necesidad alguna, modificar el acceso a la carrera judicial. ¿No les parece sospechosa la reforma?. A veces las cosas son simplemente lo que parecen.
Unido a lo anterior el artículo 311.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial privilegiaría a quienes hayan accedido a la carrera judicial por el cuarto turno reconociéndoles infundadamente cinco años de servicio en la categoría de juez, pese a que su trayectoria como juristas ya se ha debido valorar para ingresar en la carrera, penalizando de este modo a quienes hayan accedido a la carrera judicial por oposición libre.
Se hace depender al centro de estudios jurídicos del Ministerio de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, asumiendo la realización de actividades formativas de preparación del proceso selectivo para acceder a la Carrera Judicial o Fiscal.
En la reforma se desconoce quién o quiénes serán los preparadores de opositores en el centro, como serán seleccionados, con qué criterios, existiendo un evidente riesgo de adoctrinamiento.
«ESTABILIZACIÓN DE JUECES Y FISCALES SUSTITUTOS»
Se introduce una disposición adicional única que tiene como objetivo “la estabilización de jueces y fiscales sustitutos”. El referido proceso no es sino una “puerta trasera de entrada” a la carrera judicial sin pasar por el sistema de oposición libre en la que los aspirantes sólo tendrán como requisito el grado en derecho y cinco años de ejercicio profesional. La fase de “oposición” consistirá únicamente en un dictamen práctico.
Prueba de inferior dificultad a las existentes en el actual sistema de oposición libre configurando un acceso que distorsiona el escalafón y la carrera judicial, mermando la objetividad en la valoración de los aspirantes a entrar en la carrera judicial y degradando los requisitos de mérito y capacidad para acceder a la judicatura.
El informe de la Asociación Profesional de la Magistratura sobre el anteproyecto de ley expresa al respecto que “la regulación no se ajusta a los parámetros laborales de estabilización, porque aquí no se busca estabilizar plantillas, que permite solo incluir en ese proceso extraordinario plazas vacantes ocupadas abusivamente sino que se dirige a estabilizar personas concretas, ya que las plazas son determinadas directamente por el Ministerio del ramo, sin restringirse a las abusadas y sin exigir identificar cuáles son las plazas eventualmente abusadas en su temporalidad lo que permitirá que plazas existentes y no «contaminadas» se excluyan arbitrariamente de la oposición libre para incluirlas en un mal llamado proceso de estabilización. Al margen de que un proceso de estas características (que es de funcionarización) estaría restringido al personal laboral fijo, y no a empleados temporales como los jueces sustitutos y magistrados suplentes”.
Hay razones sobradas para la huelga, está en peligro la separación de poderes y por ende la democracia a manos de un Gobierno que vistos los antecedentes no parece comulgar con los pilares básicos del estado de derecho.
Ninguna de las mediáticas, teatros esperpénticos o victimismos ensayados que puedan emprender miembros del Gobierno puede ocultar esa realidad.
Millones de corazones demócratas laten hoy junto a las reivindicaciones de los jueces, magistrados/as y fiscales.
No es una reivindicación por corporativismo sino por idealismo, por los derechos de los ciudadanos/as, por sus libertades. No es una cuestión ideológica, se trata de evitar que estas reformas que soslayan el Estado de derecho sean aprovechadas por uno u otro gobierno, sea del signo que sea, para ejercer un poder sin control.
Nos jugamos la democracia, no me cabe duda que la mayoría estará en el lado correcto de la historia, en el lado de la democracia, de los principios, del honor y de la defensa del Estado de derecho.
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