El BOE de 22 de junio de 2017, reconoce la exigencia realizada hace nueve meses por la Plataforma Conjunta de Letrados de la Administración de Justicia, integrada por el SISEJ y la UPSJ, y cesa a la vocal del Consejo del Secretariado Zayda María Sierra, que desde septiembre de 2016 no se encontraba en situación de servicio activo, sustituyéndola por la suplente Nieves Moreno Carrero.
Así lo asegura la Plataforma Conjunta de Letrados de la Administración de Justicia, integrada por el SISEJ (Sindicato de Letrados/as administración de Justicia) y la UPSJ (Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia), en un comunicado al que ha tenido acceso CONFILEGAL, que hace meses denunció que «el órgano consultivo del Ministerio de Justicia ha estado injustificadamente en una situación de irregularidad normativa».
Desde la UPSJ y el SISEJ entendían que esta vocal, nombrada Letrada de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por acuerdo de 29 de septiembre de 2016, “ha quedado en la situación administrativa de servicios especiales, con efectos y cese en el puesto que ocupaba en el Juzgado de lo contencioso-Administrativo nº 1 de Zamora, desde la publicación de su nombramiento en el BOE”.
Y subrayaban que con “dicho nombramiento debe producirse el cese como Vocal del Consejo del Secretariado” y procederse al nombramiento del correspondiente sustituto, en aplicación del Art. 625.2 LOPJ, y Arts. 22.2), 24.6), 62, 63 d) y 64.1) del ROCSJ. Y en atención a lo dispuesto en el Protocolo de funcionamiento del Consejo del Secretariado: Apartado 2.3.4 el cual establece que los Vocales cesarán en su cargo por pérdida de situación en servicio activo, «esta causa determinará, por sí sola, el cese en la condición de vocal del Consejo del Secretariado”.
Tras la publicación del cese exigido en el BOE, la citada Plataforma señala que el Secretario General de la Administración de Justicia, Antonio Dorado, que también es el presidente del Consejo del Secretariado, ha dilatado este proceso. Y recuerdan que «convocó una reunión de dicho órgano para el 6 de abril, tras la que, sorprendentemente, pese a ser consciente de esta situación y pese a la claridad irrebatible de la normativa vigente, no adoptó ninguna decisión, más allá de manifestar que elevaría consulta a la Abogacía del Estado», para que informase si podría seguir como vocal o debería procederse a nombrar al correspondiente sustituto, como finalmente ha sucedido.
Desde la citada Plataforma Conjunta de Letrados de la Administración de Justicia se alegran de que, por fin, se ha haya resuelto esta situación, aunque lamentan que todo este asunto no se más que «una muestra de la falta de transparencia casi absoluta imperante en el actual Ministerio de Justicia». Algo que llegan a calificar como «falta de respeto al funcionamiento legal de las instituciones que no tiene precedentes democráticos, y que debe motivar la exigencia de responsabilidades en quienes las dirigen».
