«Se ha montado un negocio millonario con los expedientes de nacionalidad. Un negocio de 15 millones de euros ,que no han revertido en la mejora del funcionamiento del Registro Civil ni en el desarrollo del servicio público que dicen querer implantar», afirma Francisco Lama, presidente de CSIF sector de Justicia Nacional, el sindicato mayoritario en la Adminsitración de Justicia. «Y deberían revertir. Es lo que reclamamos», añade.
De acuerdo con Lama, hasta la entrada en vigor de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, en octubre de ese año, la tramitación de los expedientes de nacionalidad era gratuita y la realizaban los Registros Civiles.
Una competencia que fue transferida a los Registros de la Propiedad.
La razón que empujó al Ministerio a transferir la competencia sobre la tramitación de los expedientes de nacionalidad de los Registros Civiles a los Registros de la Propiedad se produjo por un falso atasco en éstos últimos, cuenta Lama.
«El atasco no estaba en los Registros Civiles sino en la Dirección Nacional del Registro y del Notariado, pero interesó la otra versión», aclara el presidente de CSIF Justicia Nacional.
Lama critica frontalmente la decisión que tomó el Ministerio en 2015 de transferir la tramitación de las nacionalidades de los Registros Civiles a los Registros de la Propiedad, a un costo de 2 millones de euros anuales desde entonces, que se paga por medio de una encomienda.
«Son 6 millones de euros, dos por cada año desde 2015, los que ha pagado el Estado a los Registros de la Propiedad para realizar esta gestión que pertenecía a los Registros Civiles. Desde nuestro punto de vista, es una compensación del Ministerio de Justicia por la fallida asunción de los Registros Civiles por los Registros de la Propiedad», asegura Lama.
«A partir de ese momento, se impuso una tasa, por cada expediente, de 100 euros. Si en 2015 se tramitaron un total de 78.000 expedientes -aunque no en todos ellos se cobró tasa- y en 2016 fueron 93.760, según datos del Instituto Nacional de Estadística, la cuenta de la vieja que nos sale es muy simple: 15 millones de euros», cuenta Lama.
La CSIF, según Lama, apuesta por un Registro Civil gratuito, pero considera que con ese dinero se pueden hacer muchas coas, como pagar el nuevo programa de Registro Civil, que recientemente se ha licitado por valor de 13 millones de euros.
«Pero también afontar la reforma organizativa interna de los Registos Civiles estalbeciendo un nuevo marco de funciones, responsabilidades y reconocimientos o la puesta en marcha de unos Registros Civiles electrónicos modernos», señala el presidente de CSIF Justicia Nacional.
El procecimiento de adquisición de la nacionalidad española por residencia fue regulado por el Gobierno a través del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, que se desarrollo después a través de la Orden JUS/1625/2106, de 30 de septiembre, que entrará en vigor el próximo 1 de julio.
«A partir de esa fecha, las solicitudes habrá que presentarlas vía electrónica o mediante escritos remitidos al Ministerio de Justicia. Es un despropósito que la gente que quiera solicitar la nacionalidad no pueda hacerlo como ha venido haciéndolo durante los últimos cuarenta años de democracia, es decir, ante los Registros Civiles. Por eso, reclamamos que se devuelvan las competencias a los Registros Civiles sobre la tramitación de las nacionalidades y que el dinero que se recaude en tasas, esos 15 millones de euros desde 2105, se inviertan en la reforma que hay que acometer sobre los Registros Civiles», concluye Lama.
