Decenas de miles de trabajadores procedentes de toda España -70.000, según la organización- se movilizaron el pasado sábado en una manifestación en Madrid por «una subida salarial justa, una jubilación digna y contra el deterioro de los servicios públicos y contra el empobrecimiento social». La protesta, convocada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ya ha dado sus frutos.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha convocado la apertura de la negociación de las retribuciones en las administraciones públicas, en el marco de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), el próximo miércoles, 28 de septiembre.
CSIF considera que esta convocatoria constituye un «primer triunfo fruto de la presión sindical ejercida por el sindicato los últimos meses para obligar al Gobierno a que actualice este mismo año los sueldos con carácter retroactivo conforme a la pérdida de poder adquisitivo por la inflación».
Esta manifestación es la continuación de dos concentraciones convocadas por CSIF en los pasados meses de mayo y junio frente a las subdelegaciones y delegaciones de Gobierno de toda España y a las que también se adhirió Jusapol, colectivo de policías y guardias civiles que demanda la equiparación salarial con el resto de las policías autonómicas del que surgieron el sindicato Jupol y la asociación Jucil. La movilización del sábado también fue secundada por Jusapol, Jupol y Jucil.
CSIF reclama una actualización salarial en 2022 que compense la inflación y «un acuerdo plurianual que devuelva el poder adquisitivo perdido desde 2010, que ya supera el 20%, dando así ejemplo al sector privado; medidas económicas eficaces que ayuden a los trabajadores a combatir la subida de los precios; que garantice unos servicios públicos de calidad aportando los recursos necesarios; y un debate transparente y objetivo sobre el futuro de las pensiones».
Francisco Lama, secretario de acción sindical de CSIF, hace una valoración «muy positiva sobre la gran concurrencia a la manifestación convocada» y transmite un mensaje de agradecimiento a todos los asistentes.
«La manifestación del sábado evidencia el malestar generalizado de las personas trabajadoras y del conjunto de la ciudadanía contra las políticas de este Gobierno que son incapaces de frenar el empobrecimiento generalizado de la sociedad y el deterioro de los servicios públicos, no han aprendido nada de lo ocurrido durante la pandemia», ha declarado a Confilegal.
Lama advierte que la salida de la crisis «no puede recaer siempre sobre los mismos» y que, por ello, «el Gobierno, como patronal de los empleados públicos, debe dar ejemplo a la empresa privada y proponer una subida que compense la pérdida de poder adquisitivo y marque la senda en el resto del ámbito laboral».
«Los empleados públicos llevamos años contribuyendo al pacto de rentas con una pérdida de poder adquisitivo que se sitúa por encima del 20%. En la última década un médico ha trabajado 18 mese gratis, un maestro 15 meses y un policía local 13 meses y esto hay que corregirlo con una subida salarial acorde al coste de la vida», explica.
Lama afirma que la manifestación del sábado es «un punto de inflexión para el conjunto de trabajadores y de la sociedad en general que han visto que no están solos». «CSIF, dentro del legítimo derecho constitucional, ha canalizado el malestar de nuestra sociedad y hace un llamamiento a los ciudadanos para decirles que no están solos, que no se resignen, que desde CSIF les daremos voz en la calle si el Gobierno no reacciona y atiende sus legítimas reivindicaciones», manifiesta.
FRENTE COMÚN DE CSIF, JUCIL Y JUPOL
CSIF, Jucil y Jupol, ambas organizaciones mayoritarias en los consejos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, acordaron el pasado mes de enero un frente común «ante el deterioro de las condiciones laborales de policías, guardias civiles y del conjunto de los empleados públicos».
Jupol ha informado hoy que el conflicto colectivo presentado ante el Ministerio del Interior -la equiparación salarial, la jornada laboral y los procesos selectivos-, ha dado sus frutos y «logra mantener el turno de trabajo 6×6 hasta que se alcance un acuerdo definitivo de jornada laboral».
Recientemente, también ha indicado que el Defensor del Pueblo instará al Ministerio de Inclusión a equiparar las condiciones de jubilación de la Policía Nacional con las policías autonómicas y locales.
El pasado mes de abril, CSIF, Jucil y Jupol denunciaron, asimismo, que la crisis económica golpea a las mutuas con graves recortes sanitarios. Entregaron al Defensor del Pueblo miles de quejas por recortes sanitarios en las mutuas de funcionarios y exigieron al Gobierno que «garantice la calidad de la Sanidad de los funcionarios».
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