Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander.
Santander ofrecerá 980 millones de euros en bonos de fidelización a los accionistas minoritarios del Popular
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15/7/2017 04:58
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Actualizado: 01/7/2022 08:39
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En esta contienda legal entre los accionistas del Banco Popular, desprovistos de sus inversiones tras la intervención y su posterior compra por el Banco Santander, ahora, la entidad que preside Ana Patricia Botín ultima el lanzamiento de unos bonos para pequeños accionistas y bonistas que acudieron a la última ampliación de capital. Aceptar la propuesta supondría abandonar la vía legal de reclamación.
Se trata de una medida con la que alrededor 100.000 accionistas minoritarios, de un total de 305.000, podrían beneficiarse de este nuevo escenario.
La noticia de que Banco Santander ha previsto un coste de 980 millones para compensar a los pequeños accionistas y bonistas que compraron acciones del Popular entre el 26 de mayo y 21 de junio de 2016, y deuda subordinada entre el 29 de julio y el 14 de octubre de 2011, puede parecer una solución para los consumidores, pero los expertos consultados por CONFILEGAL muestran cautela y escepticismo a la hora de pronunciarse.
Para Oscar Arredondo, socio del despacho Cremades & Calvo Sotelo, entidad que asesora a la Asociación de Accionistas Minoritarios del Banco de Santander, formada por más de 1500 afectados “Es una buena noticia porque es una primera oferta para afectados que se han quedado sin nada. Analizada se observa que tiene unos destinatarios concretos; los que fueron a la citada ampliación de capital y tenedores de deuda subordinada en la comunicación del Santander a la CNMV”.
Desde esta Agrupación de afectados que presentó una denuncia ante la Fiscalía anticorrupción días después de la compra del Popular. “Estamos a la espera de conocer el futuro de dicha denuncia, su admisión o archivo”, apunta. También señala que se están estudiando la posibilidad de ejercer acciones legales penales, aparta de acciones que se van a llevar ante el Tribunal de Justicia se la Unión Europea (TJUE) por la resolución que hizo que el Popular cambiase de manos en una noche tras el uso del mecanismo europeo pertinente.
“Sobre la oferta, destaca que hasta 100.000 euros no tiene quita, de 100.000 a 500.000 un 25% y de 500.000 a 1 millón de euros hay una quita del 50%. Al final hablamos de una deuda perpetua según la citada comunicación con unas determinadas características, no es líquida inmediatamente. Creo que algunos de los accionistas afectados tendrán que valorar si cumple sus expectativas”. Quedan fuera de la oferta todos aquellos que compraron acciones en periodos diferentes a los referidos.
Desde Arriaga Asociados desaconseja la compensación ofrecida por el Banco Santander a una parte de los accionistas y bonistas del Popular con el canje de los «bonos de fidelización» por sus acciones y bonos. La oferta que consiste en la entrega al cliente, de bonos que darán derecho a un cupón efectivo discrecional y no acumulativo a un tipo interés nominal anual del 1% durante los primeros 7 años, y posteriormente a un interés variable.
El producto ofrecido es un producto financiero hibrido, complejo, de riesgo y perpetuo. En pocas palabras un <bono de fidelización>, un COCO, un producto financiero hibrido, complejo, de riesgo y perpetuo. ¡Nuevamente a los minoristas! Pese a que las autoridades bancarias, los jueces y tribunales, y los especialistas como Arriaga Asociados han considerado en reiteradas ocasiones que estos productos no deben destinarse a minoristas
Este producto está destinado a accionistas minoritarios que compraron acciones del Popular entre el 26 de mayo y 21 de junio de 2016, y deuda subordinada entre el 29 de julio y el 14 de octubre de 2011
Habrá el 30 de julio en Madrid manifestación de todos los afectados por el Popular
Por último, José Ignacio Rugama, ingeniero cántabro representa a la Asociación Independiente de Afectados del Banco Popular, creada hace quince días y ya con novecientos afectados. Plantean para el próximo 30 de julio una manifestación en Madrid con todos los afectados. Esta entidad ya tiene una estructura nacional con representantes en todas las CCAA. “De momento hemos interpuesto recursos ante el FROB y el Mecanismo Unico de Resolución (MUR) para que no corran los y estudiemos las próximas acciones”.
La entidad aún no se ha casado con ningún despacho de abogados aunque en su web podemos ver todas las ofertas legales existentes en estos momentos https://www.afectadospopular.eu/abogados/
Una de las sedes del Banco Popular.
Sobre la propuesta en cuestión destaca que “estamos sorprendidos que sea una acción comercial parcial. Solo se van a beneficiar un 5 por ciento del total de accionistas. Lo que más llama la atención es que quiere vincular al cliente con el banco, por encima de todo,”, indica Rugama, secretario general y afectado. Desde esta Asociación se insiste que los accionistas del Banco Popular son personas normales que con esfuerzo lograron comprar esas acciones “ y de la noche a la mañana, lo hemos perdido todo”.
Producto complejo que se debe estudiar
Tras estudiar la propuesta de la entidad, Patricia Suárez, presidenta de Asufin, apunta que podrán acogerse a esta acción los accionistas y bonistas que sigan siendo clientes y se comprometan a no demandarles. La cuantía que recuperarán dependerá del dinero que invirtieron. Patricia Suárez recalca que ASUFIN siempre será favorable a una salida negociada, pero aquí hay que tener cautela: “No queremos colapsar los tribunales, pero lo que se ofrece a los consumidores a cambio de sus acciones es un producto complejo.”
Para Suárez “los ciudadanos tenemos derecho a saber lo que ha pasado con el Popular, a conocer el informe Deloitte que ahora nos dice la UE que va a ser confidencial y que debería ser público. Compensar económicamente a los afectados no puede librar a los directivos de Banco Popular o a su auditora PwC del delito penal. En aras de la transparencia, para que esto no vuelva a suceder, seguimos adelante investigando y trabajando para presentar una querella solvente”.
Hay que conocer bien la oferta comercial del Banco de Santander
Los bonos convertibles son un producto sujeto a la normativa MIFID, recuerda Suárez, por lo que el banco debería hacer un perfil de cada cliente para saber si ese producto es o no bueno para él y cuál es su perfil de riesgo. La presidenta de ASUFIN pide a los consumidores que no se precipiten ante la perspectiva de pasar de haberlo perdido todo a recuperar una parte: “Decir sí a la propuesta es renunciar a acciones legales. El Santander tiene la responsabilidad de informar bien a sus empleados para que éstos lo transmitan correctamente a sus clientes, y no ocurra lo que ya hemos vivido con las preferentes.”
Arredondo revela que “estamos ante un producto complejo que si estuviera en una sucursal bancaria habría que estudiarlo muy bien”. Desde AEMEC se quiere conocer “bien la oferta definitiva del Banco Popular, explicarle a los clientes lo que contiene y lo que pueden conseguir. Al final será el cliente quien con toda la información tendrá que valorar que es realmente lo que le compensa en función de su situación económica concreta. Es muy importante que esté bien informado”.
Desde Arriaga Asociados se indica que se trata de obligaciones perpetuas contingentemente amortizables, es decir, que ante determinados eventos Banco Santander puede recomprarlas al valor nominal. Hay que tener en cuenta también que como los bonos tienen un valor nominal de cada obligación/título de 100 euros, si bien se prevé que su valor razonable sea inferior al nominal, es decir, que cuando comience a cotizar en su mercado, AIAF, es más que probable que pierda valor.
En esta situación puede pasar que si el accionista minorista quiere vender el producto para recuperar dinero líquido, sufrirá significativas pérdidas. Tambien plantea otras condiciones para los minoristas. Solo a los inversores particulares que tengan depositadas las acciones o la deuda subordinada que compraron a través de Banco Santander, Banco Popular, Banco Pastor o Popular Banca Privada se les ofrecerán la compensación con “los bonos de fidelización”.
El dinero de los bonos no se podrá tocar en siete años. Si las inversiones fueron entre 100.001 y hasta 500.000 tendrán una quita del 25% y si supera el millón de un 50 %.
Desde esta Asociacion Independiente de Afectados también se ve con preocupación dicha operación financiera futura “Se habla de Bonos de Fidelización . Unos bonos que entrañan un inmenso riesgo para todos aquellos afectados que asuman esta solución. Riesgo grande, ya que este tipo de productos tal como declara la CNMV, sólo pueden ser vendidos a inversores institucionales, y se van a colocar a personas mayores, en muchos casos sin ningún tipo de formación, y mucho menos en conocimientos financieros.
La CNMV podría revisar la oferta final de bonos de fidelización
Desde estas cuatro entidades consultadas por CONFILEGAL se pide a la CNMV que actúe y revise la oferta que próximamente presentará el Banco de Santander para este colectivo de afectados. Se pide a esta entidad financiera que sea transparente con sus clientes y les explique la complejidad del producto, las obligaciones que adquieren los clientes a cambio de tener congelado su dinero durante 7 años y renunciar a acciones legales. “Estamos ante un producto que se lanza al mercado para evitar pleitos masivos”, señala el socio de Cremades & Calvo Sotelo.
Según el Santander, el 99% de los clientes y empleados del Banco Popular que compraron acciones en la última ampliación realizaron inversiones inferiores a 100.000 euros, por lo que la gran mayoría recibiría “bonos de fidelización” por el importe total de lo que invirtió.
La presidenta de ASUFIN insiste en que “la comercialización masiva de estos bonos puede llevarnos a vernos de nuevo las caras en los tribunales”.
Para Rugama es fundamental conocer los detalles de la emisión de esos bonos y conocer a fondo dicho folleto comercial. “Ahora ya han adelantado que van a ser bonos perpetuos, con posibilidad de amortización a los siete años, si lo cree conveniente el Banco Santander y le autoriza el BCE. Y siempre y cuando el Banco Santander mantenga las ratios de solvencia exigible. Si no es así pasarían a acciones para reforzar las ratios de capital, incluso llegar a perderse en su totalidad”.
Desde esta perspectiva, parece claro que la adquisición de dicho producto financiero supondrá una pérdida importante de ingresos. ”El mismo día que empiecen a cotizar en el mercado secundario pueden perder entre un 45 % a un 75 %. Calculado entre el precio que ofrece el SAN, el 1 % y el precio medio en mercado de este tipo de productos que se sitúa en el 6 %. Por cada punto menos de interés se descuenta el 15 % del valor inicial”.
Se excluyen de la oferta a aquellos que adquirieron acciones desde otras entidades financieras
De esta oferta, según Arriaga Asociados quedan excluidos totalmente de la oferta si las adquirieron desde BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankia o cualquier otra entidad. Cualquier minorista interesado en aceptar la compensación a través del complejo producto, deberá renunciar para siempre a emprender cualquier acción legal contra el banco.
También se indica que en función del importe invertido en acciones, se le ofrecerá un porcentaje a compensar, entre 100 y 100.000 euros se les compensará por el 100%, entre 100.001 y hasta 500.000 le realizarán una quita del 25% y si supera el millón de un 50 %.
Actualmente Arriaga Asociados representa a quienes adquirieron acciones de Banco Popular entre las fechas diciembre de 2012 y abril de 2017, a los titulares de participaciones preferentes, obligaciones subordinadas y bonos convertibles que han confiado en sus abogados especializados en derecho bancario y financiero para recuperar su dinero.
“Con este movimiento por parte de Banco Popular y Banco Santander vemos como tácitamente están asumiendo su responsabilidad con lo ocurrido entorno a Banco Popular y su resolución por las autoridades europeas”, comentan desde la entidad.
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