El SISEJ propone «5 medidas realistas» para concluir la modernización de la Justicia

Ante esto, SISEJ subraya que el Ministerio apuesta por «mantener un modelo de justicia ineficaz y anclado en el siglo XIX» y señala que así se demostró cuando se suprimió en 2012 la Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia. Esta decisión fue una de las «más retrógradas de la historia de la justicia española», indica el sindicato, al mismo tiempo que solicita su «imprescindible» recuperación para «desarrollar políticas públicas modernizadoras en justicia desde la planificación y la seriedad».

Asimismo, afirma que un funcionamiento defectuoso de cualquier aplicación informática «no debe suponer en ningún caso una vuelta al papel o la renuncia a toda modernización», sino lo contrario. En este sentido, SISEJ reclama que los poderes públicos «refuercen la atención y los medios materiales necesarios para la modernización de la justicia, que lleva demasiadas décadas esperando».

5 medidas «realistas» desde el punto de vista tecnológico:

1.- La primera de ellas trata de integrar los sistemas de gestión procesal y del Registro para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género para la obtención automática de datos de sendas bases.

Desde el Sindicato de Letrados de Administración de Justicia (SISEJ) recuerdan «el Real Decreto 95/2009 que regula los Registros Judiciales, establecía un plazo de 18 meses desde su entrada en vigor para que el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas adaptaran los sistemas de gestión procesal para la obtención automática de datos para los distintos Registros».

«A día de hoy dicha obtención de datos se sigue haciendo manualmente, y la integración automática solo existe en algunas Comunidades Autónomas (por ejemplo, País Vasco). Es inaceptable que en todos estos años no se haya logrado la integración general».

2.- Como segunda medida, piden «mejoras urgentes» en los sistemas de grabación audiovisual. Reconocen que «existen disfunciones innegables en la labor de determinados Tribunales enjuiciadores y de la Fiscalía para gestionar grabaciones de gran extensión sobre todo en los llamados macroprocesos, lo cual hace necesario que se ofrezca a dichos operadores soluciones tecnológicas eficaces: como puede ser la transcripción automática del sonido de los archivos o sistemas para que, desde «terminales adecuados», jueces y fiscales puedan introducir sus propias marcas o índices en tiempo real sin que afecte a la integridad y autenticidad del mismo.

3.- Convocatoria de la Comisión Nacional de Informática y Comunicaciones Electrónicas del Ministerio Fiscal. Insisten en que «Más allá del recién iniciado proceso de implantación de “Fiscalía digital”, con todas sus dificultades, no es aceptable que una institución de la importancia de la Fiscalía siga sin afrontar su modernización tecnológica«.

4.- Los secretarios judiciales consideran como medida urgente la «automatización» de la estadística del Consejo General del Poder Judicial, pues, según dicen, «a estas alturas no hay justificación objetiva» para que ésta se siga elaborando de forma manual y por ello reclaman «que la obtención automática de datos para dichos boletines debe realizarse por el Consejo General del Poder Judicial a través de los distintos sistemas de gestión procesal».

5.- Por último, SISEJ incide en la «obligatoriedad» de los poderes públicos a invertir y formar en el uso de las nuevas tecnologías. «Una honrada gestión pública no puede permitir que se malgaste el dinero público implantando por un lado sistemas tecnológicos e infrautilizándolos por otro lado», y subraya que es preciso «redoblar los esfuerzos en formación tecnológica de todos los profesionales».