El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de amparo presentado por la agente de Policía Local Raquel Gago, una de las tres mujeres condenadas por el asesinato en 2014 de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, al considerar que su queja «carece de trascendencia constitucional».
El bufete Torres & Oliva, encargado de los asuntos legales de Raquel Gago y su familia han tenido conocimiento este viernes de su rechazo.
«Raquel Gago acata, como no puede ser de otra manera, la decisión del Tribunal Constitucional y mantiene su fe en la justicia, pero sigue defendiendo su inocencia, que sostendrá ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos«, agrega el bufete en un breve comunicado.
Añade que Raquel Gago no quiere perder la confianza en los tribunales españoles, pero sigue creyendo que su condena se debe a severos errores y a una grave vulneración en sus derechos como justiciable.
«Por eso acudirá a Estrasburgo, para hacer valer lo que los Tribunales españoles consideran intrascendente», concluye el escrito.
El Tribunal Supremo dictaminó a finales del pasado año que la policía local Raquel Gago no fue solo encubridora, sino cómplice del asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, pues participó en la organización del crimen.
En la sentencia, el Tribunal Supremo elevó de 12 a 14 años la pena que le había impuesto el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por complicidad en el crimen y tenencia ilícita de armas.
En su fallo, el tribunal señaló que los hechos probados apuntan a que Gago «conoció los propósitos homicidas de las otras dos acusadas y aceptó formar parte del plan urdido por éstas para matar», además de que en cumplimiento de dicho plan, en «la tarde en que ocurrieron los hechos, apenas una hora antes de que se ejecutase la muerte de la víctima, se reunió con las otras dos acusadas para concretar los detalles».
Así, su grado de participación no alcanza el de Triana Martínez, condenada a 20 años de cárcel como cooperadora necesaria en el crimen cometido materialmente por su madre, Montserrat González, pero Gago fue más allá del mero encubrimiento, en contra de lo que estableció en primera instancia el presidente del tribunal del jurado de la Audiencia de León.
Inicialmente, la Audiencia la había condenado a 3 años por encubrimiento y 2 por tenencia ilícita de armas.
