En España existen unos 120.000 grandes dependientes que siguen sin atenderse.
Con el modelo actual de dependencia mueren 100 ciudadanos diarios sin prestación
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28/7/2017 04:58
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Actualizado: 27/7/2017 21:00
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Este jueves el Observatorio de la Dependencia ha presentado un demoledor estudio que afirma que existen unos 120.000 grandes dependientes que siguen sin atenderse aunque se incorporan al sistema dependientes moderados a los que se les da atención mediocre. Cada día fallecen 100 dependientes sin recibir la prestación a la que tienen derecho. Son más de 18.000 los fallecidos hasta junio del 2017.
El Observatorio de la Dependencia es una entidad creada desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, expertos en estos temas y sin ninguna tendencia política, que preside José Manuel Ramírez, quién confeso a CONFILEGAL que “lo ideal sería tener un Pacto de Estado sobre la Dependencia similar al que se ha hecho sobre Violencia contra la Mujer, con medidas claras y financiación, pero aunque se intentó en el 2016 con la celebración de la Ley de Dependencia, al final no logramos que todos los partidos políticos alcanzaran el consenso sobre este tema”.
Este colectivo que se ha mostrado muy activo en este tema, señala la falta de noticias de la Comisión de análisis del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) derivada de la Conferencia de Presidentes y del grupo de expertos sobre financiación autonómica que se puso en su día en marcha para impulsar el Sistema Nacional de Dependencia. Al mismo tiempo indican que “es muy burocrático acceder a una prestación por dependencia.
“La ley habla de los seis meses, situación que se puede tramitar en CCAA como Castilla-León, pero hay otras en la que la burocracia y el papeleo tardan hasta tres años, en personas con una media de edad de ochenta años y una esperanza de vida de otros cinco”.
En la actualidad la lista de espera de dependientes que esperan su prestación supera los 320.000 ciudadanos perjudicados. A 30 de junio de 2017, son 898.243 las personas atendidas , siendo el número total de personas dependientes reconocidas de 1.217.355. “Ahora son las CCAA las que financian en la mayor parte el sistema de dependencia porque la financiación estatal ha decrecido considerablemente” comenta Ramírez. Eso ha hecho que se consiguiera aumentar en los dos últimos años el número total de personas atendidas en algo más de 160.000, con un crecimiento neto del 21,8% para el conjunto del sistema.
Problemas de financiación graves
Desde este colectivo se indica que a nivel de financiación hay problemas muy serios “el actual Nivel Mínimo, recortado en 2012, hace que una Comunidad Autónoma reciba de la Administración General del Estado una cuantía de 44,33 €/mes por dependiente atendido de Grado I y de 82,84 €/mes y 177,86 €/mes por dependiente atendido de los Grados II y III respectivamente. “Las mayores necesidades de apoyo de las personas con grados III y II hacen que generalmente su atención resulte más costosa”, comenta nuestro interlocutor.
Ramirez destaca que “la incapacidad financiera de prestar los apoyos necesarios, mientras que la atención a las personas con Grado I se está resolviendo en muchas ocasiones con atenciones de bajo coste como la teleasistencia, muchas prestaciones de prevención y promoción de la autonomía o incluso la prestación económica por cuidados en el entorno familiar cuyo importe siempre es menos onerosa que la prestación de servicios personales o residenciales”.
Dependientes que fallecen sin tener ayudas
Las demoras en esta lista de espera están generando situaciones muy graves: “muchas de ellas fallecen sin haber podido ejercer su derecho reconocido en la Ley. Los datos oficiales contenidos en los últimos informes manejados por la Comisión para el análisis de la situación del SAAD, derivada de la Conferencia de Presidentes, reconocían que en 2016 se habían producido más de 40.000 fallecimientos de personas que, siendo dependientes con derecho a atención, no habían llegado a beneficiarse de las prestaciones y servicios oportunos”, apunta el propio Ramírez.
A nivel oficial se reconoce que en 2016 se habían producido más de 40.000 fallecimientos de personas que, siendo dependientes con derecho a atención, no habían llegado a beneficiarse de las prestaciones y servicios oportunos.
De cara a este año 2017 las previsiones no son demasiado buenas. “Extrapolando la mortalidad de las personas en lista de espera en 2016 a los datos de 2017, se puede estimar que el número de personas fallecidas pendientes de recibir prestación, solo en el primer semestre del año asciende a 18.000, con la proyección de convertirse en más de 34.000 al final del presente ejercicio”.
Se reduce la asistencia de calidad a los dependientes
Otra vertiente del problema es que “el incremento de personas atendidas (Grados I fundamentalmente) no se compadece con una mayor inversión del Sistema. Los crecimientos que se han dado en los dos últimos años tienen mucho que ver con las atenciones que podríamos denominas de “bajo coste” como la Prevención y Promoción de la Autonomía (en muchos casos), la teleasistencia (con un coste medio de 25€/mes) o las prestaciones económicas por cuidados en el entorno (cuya media mensual está cercana a los 300€ y bajando)”, señala nuestro interlocutor.
De hecho los datos señalan que “del incremento de atenciones desde julio de 2015, más de la mitad (55,7%) se debe a las atenciones de bajo coste y especialmente a la teleasistencia que en algunos territorios se está configurando como única prestación para algunos casos de forma muy peligrosa. La urgencia de sacar expedientes de la lista de espera y la presión presupuestaria no pueden convertir la atención a la dependencia en el despliegue de atenciones que deben ser consideradas complementarias y nunca suficientes por sí mismas”.
El ahogamiento de la financiación del Estado
El otro gran problema es la parte de financiación del Sistema Nacional de Dependencia. José Manuel Ramírez destaca que “en el primer semestre del año el coste del Sistema ha ascendido a 3.700 millones de euros, es decir, solo 86 millones más que en el semestre anterior. El copago de los ciudadanos se mantiene en un 20,4% del total de gasto y el resto es asumido por las administraciones. La financiación finalista de la Administración General del Estado (AGE) en relación a la financiación autonómica sigue reduciéndose sensiblemente”.
Para este experto “lo preocupante es que la AGE mantiene los valores de financiación del nivel mínimo de 2012 (recortados por el RD-Ley de 13 de julio de 2012). El incremento de 100 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 (sobre el presupuesto inicial de 2016) pactado con Ciudadanos, resulta inútil si no se modificaban las cuantías del Nivel Mínimo Garantizado por dependiente atendido.”.
Pero lo peor del todo es que “hemos llegado al punto en el que es muy posible que no se gaste la financiación estatal comprometida convirtiendo el pacto presupuestario en una auténtica vergüenza”, indica. Para luego añadir que “mientras fallecen dependientes sin recibir los servicios a los que tenían derecho, a la AGE le va a sobrar parte del presupuesto consignado en los PGE“.
De hecho “la estimación del gasto estatal por el nivel mínimo en el primer semestre de 2017 es de 587 millones de euros. Esto supone que, si no se incrementa el mínimo estatal, considerando la pérdida de Grados III y II y el avance de los Grado I, el nivel mínimo devengado a final de año esté –con un cálculo optimista- en torno a los 1.170 millones de euros (90 millones por debajo de lo presupuestado en los PGE”.
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