El Grupo Parlamentario Socialista registró ayer en el Congreso una batería de preguntas en las que pide explicaciones al Gobierno en relación al fallo de seguridad que se produjo en el sistema LexNet y que pudo haber permitido, en un principio, el acceso a los archivos de los casos judiciales a través de Internet.
La portavoz del Grupo Socialista, Margarita Robles, ha pedido información al respecto al secretario general de Relaciones con la Administración de Justicia, Antonio Dorado.
Isabel Rodríguez, presidenta de la Comisión de Justicia, y el portavoz socialista en la materia, Juan Carlos Campo –firmantes de las preguntas registradas- quieren saber “qué dimensión y características tiene el fallo de seguridad detectado en LexNET; cuál es, concretamente, el material sensible expuesto; cuánto tiempo lleva produciéndose ese error; si era un fallo de origen del sistema; y qué actuaciones se van a llevar a cabo para subsanar el error y dar tranquilidad a los usuarios”.
El Ministerio de Justicia admitió la existencia del «agujero», identificado como «un defecto en el control de accesos al sistema ocasionado por un error en la programación del código”, según una nota de prensa hecha pública ayer.
Por la tarde, se informó que el «agujero» había sido tapado y tranquilizó a los profesionales afirmando que no se había producido ningún acceso indebido.
“Dicho defecto ha sido completamente subsanado en un plazo inferior a 5 horas desde el aviso recibido por un usuario del sistema”, recalca el departamento que dirige el ministro Rafael Catalá. Justicia subraya que los equipos técnicos del Ministerio han trabajado “intensamente en su resolución” y en una nueva configuración que “refuerza aún más la seguridad” del sistema LexNET.
La existencia del susodicho «agujero» fue advertida por el decano del Colegio de Abogados de Cartagena, el abogado José Muelas, uno de los grandes expertos en nuevas tecnologías de nuestro país, a quien, a vez, habían informado personas cercanas a su persona.
A través de dicho «agujero», al parecer, se podía haber accedido a todos los archivos de usuarios de la mayor parte de España, entre los que estaban comprendidos los del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, las Audiencias Provinciales, los juzgados e, incluso, la Guardia Civil y la Policía Nacional.
“Desde la puesta en marcha e implantación de este sistema hace año y medio se han venido produciendo problemas e incidencias que el Grupo Parlamentario Socialista ha venido denunciando” recuerdan los diputados socialistas.
