El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha exigido este jueves la dimisión de los máximos responsables del fallo de seguridad producido el pasado jueves en el acceso al sistema de notificaciones LexNet y propone que la gestión y el control de dicha plataforma pase a manos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Así, lo ha dicho el sindicato en un comunicado en el que asegura que todos los sistemas de comunicaciones de la Justicia Digital LexNet ha sido «un verdadero martirio» ya que se ha implantado sin la formación adecuada de los funcionarios de Justicia y con ordenadores y sistemas informáticos de gestión «pleistocénicos», además de responder a «criterios mediáticos y publicitarios», y que lleva teniendo problemas desde su inicio.
El STAJ ha remitido este jueves un escrito al ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el que recuerda que en diversas ocasiones han denunciado la «exasperante lentitud, falta de capacidad, problemas con las firmas digitales, coexistencia con otros sistemas informáticos usados en la Administración de Justicia» de la puesta en marcha y funcionamiento de LexNet.
Requiere información al ministro
En este sentido, ante el «fiasco en materia de seguridad descubierto en el sistema la última semana», el sindicato exige al ministro que «se depuren las responsabilidades políticas que en cualquier país avanzado se asumen». En este sentido, solicitan a Catalá información para conocer hasta «qué punto» los datos personales de los funcionarios han sido vulnerados con el fallo de seguridad en el acceso a la plataforma.
«Este agujero negro en su gestión está siendo objeto de publica chanza, llegando irónicamente a relacionar malintecionadamente el asunto con los mediáticos casos enjuiciados en la actualidad», subraya el escrito enviado al ministro y en el que proponen que «en virtud de la separación de poderes», se traspase la gestión y control de LexNet al CGPJ.
Por otro lado, también han presentado una denuncia a la Agencia Española de Protección de Datos para que se dirima si se ha podido producir una vulneración de la intimidad de las personas y, en su caso, que se estudien las «consecuencias jurídicas, más allá de las políticas». (EP)
