Imagen del Pleno del Congreso de los Diputados.
Cerca de un centenar de leyes esperan a diputados y senadores en su «rentrée»
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04/9/2017 05:50
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Actualizado: 02/8/2018 13:50
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Ahora, en septiembre, cuando diputados y senadores se incorporen a sus escaños, tras las vacaciones de verano, se enfrentarán a un periodo de sesiones intenso con casi un centenar de leyes a la espera. Además, de un gran reto: comprobar si el Gobierno es capaz de revalidar apoyos para sacar adelante los presupuestos generales de 2018.
Esta negociación de las cuentas públicas marcará una agenda que incluye también otros seis proyectos de ley, entre ellos el de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía y el de trasposición de la directiva comunitaria en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, ambos en plazo de presentación de enmiendas.
A los textos legislativos remitidos por el Gobierno a las Cortes, hay que sumar las 86 proposiciones de ley planteadas en su mayoría por los grupos parlamentarios, especialmente por el PSOE y Unidos Podemos, que son autores de más de una treintena.
Del total de proposiciones de ley registradas, alrededor de veinte se encuentran aún en período de contestación por parte del Gobierno.
Esta fase en la que el Ejecutivo manifiesta su conformidad o no a la tramitación de leyes ha sido objeto durante el último período de sesiones de numerosas críticas de la oposición, que acusa al Gobierno en minoría de Mariano Rajoy de utilizar esta potestad constitucionalpara vetar sus iniciativas.
Sobre todo aquellas que buscan derogar las grandes leyes puestas en marcha por el PP en la anterior legislatura, como la Lomce o la reforma del Estatuto de los Trabajadores.
Entre las que se encuentran en período de contestación, están la ley de reconocimiento de todas las víctimas de la dictadura y de recuperación de la memoria histórica y las de reforma de la leyes del estatuto orgánico del ministerio fiscal, de asistencia jurídica gratuita, del Código Penal Militar y de la Seguridad Social para la mejora de la prestación económica por hijo o menor a cargo.
También la de modificación de la Ley Orgánica del Código Penal para la despenalización del derecho a huelga, así como la relacionada con las imprudencias en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y la sanción del abandono del lugar del accidente.
Solo dos de las 86 proposiciones no de ley que se encuentran actualmente en trámite en las Cortes están en el Senado: la de reformas urgentes del trabajo autónomo y la reguladora de los precursores de explosivos -sustancias que aun siendo legales pueden utilizarse para la fabricación casera e ilícita de explosivos-.
Intensa actividad de las comisiones del Congreso
En el Congreso, la comisión de Justicia e Interior es la que tiene más carga de trabajo con iniciativas dirigidas a derogar o modificar distintos aspectos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, llamada «ley mordaza» por sus detractores.
La de Sanidad y Servicios Sociales debatirá sobre los derechos y garantías de la dignidad de las personas ante el proceso final de su vida y sobre la reforma de la ley de defensa de los consumidores, mientras que la de Educación y Deporte estudiará la suspensión del calendario de implantación de la ley educativa y la reforma de la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
El resto de comisiones tienen menos asuntos en cartera y, es que, los grupos de la oposición han decidido, de acuerdo con el cupo del que disponen, que cerca de cuarenta de sus iniciativas legislativas se debatan en Pleno.
Entre ellas, figuran las cuatro que más tiempo llevan en espera -desde septiembre de 2016- y que buscan modificar el Tribunal del Jurado, reformar la ley de lucha contra la morosidad, derogar la licencia federativa única para las actividades deportivas y eliminar el sistema del voto rogado.
La actividad legislativa de los próximos meses se completará con la tramitación de varias iniciativas procedentes de las comunidades autónomas, como la modificación del régimen especial de Baleares, la reforma del régimen general de la Seguridad Social planteada por Navarra o la ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto propuesta por el País Vasco.
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