La asociaciones de jueces recuerdan al Parlament de Cataluña y al Govern, que «una autoridad que conscientemente se rebela contra la norma constitucional que la legitima, pierde el carácter de autoridad y no tiene que ser obedecida».
Por eso, los jueces y los ciudadanos no están obligados a cumplir aquellas leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional, como la ley del referéndum y la ley de transitoriedad Jurídica.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Francisco de Vitoria (JFV), Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) y el Foro Judicial Independiente (FJI), insisten en la «totalitaria» la conducta de las autoridades catalanas independentistas y señala que, por su desprecio a la Constitución, no deben ser obedecidas.
Las cuatro asociaciones judiciales señalan, en un comunicado conjunto, que la aprobación por el Parlamento de Cataluña de las denominadas Ley 19/2017, de 6 de septiembre, del Referéndum de Autodeterminación y Ley 20/2017, de 7 de septiembre, de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, suspendidas por el Tribunal Constitucional, «no tienen valor vinculante alguno».
Y en este sentido, su deber, como Poder Judicial, «es no aplicarlas, como tampoco las disposiciones reglamentarias o administrativas que pudieran derivarse de ellas». Y recuerdan a «los ciudadanos y ciudadanas no están obligados a cumplir dichas Leyes ni las normas dictadas en su desarrollo».
Por su parte, los funcionarios públicos tienen la obligación de actuar conforme a la Constitución y a la legalidad constitucional, cumpliendo las resoluciones judiciales y prestando la colaboración requerida para su ejecución. Unos y otros encontrarán amparo y respuesta en los Juzgados y tribunales.
Recuerdan que «no les corresponde a los miembros del Poder Judicial interpretar la historia ni resolver conflictos políticos, pero sí ejercer la función jurisdiccional, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y la ley, para garantizar los derechos fundamentales y las libertades públicas de todas las personas».
Concluyen su comunicado asegurando que «los jueces y juezas que ejercen la potestad jurisdiccional en la Comunidad Autónoma de Cataluña cuentan con todo el apoyo y cobertura institucional, material y moral del conjunto de la Judicatura española de la que forman parte».
Entienden los magistrados que «Solo el respeto a la Constitución y a los principios y valores que propugna garantiza la convivencia democrática. Fuera de la Constitución y de los cauces que prevé no hay legalidad ni Estado de Derecho».
